¿Qué se juega en Ecuador este 5 de febrero?

El próximo domingo 5 de febrero tendremos un nuevo proceso electoral en Ecuador. Se elegirán, además de alcaldes, concejales municipales, prefectos y representantes a Juntas parroquiales, a 7 los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la ciudadanía se pronunciará también sobre un referéndum de ocho preguntas para reformar la Constitución, lo que además plantea una interesante contradicción que se explicará más adelante.

Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

En el enunciado anterior resultará extraño para quienes no conozcan el sistema político ecuatoriano la entidad denominada CPCCS. Lo que sucede es que en Ecuador, desde 2008, año en que se aprobó la Constitución vigente, se crearon dos funciones estatales adicionales a las tres clásicas, la Función Electoral, con dos cabezas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); y, la Función de Participación Ciudadana y Control Social, con el CPCCS como su cabeza.

El CPCCS es quizás el organismo más importante y poderoso del país, porque entre sus funciones está la de nombrar a las máximas autoridades de los órganos de control del Estado, entre las que están el procurador general, el contralor general, los miembros del CNE y del TCE, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, el defensor del pueblo, el defensor público, el fiscal general o los superintendentes, con un total de 77 designaciones.

En la Constitución de 2008 no se determinó un sistema de elección democrática para los siete consejeros del CPCCS, sino un sistema de selección a través de concursos de méritos y oposición que organizaba el CNE.

Por otra parte, la Constitución trajo aparejado un régimen de transición que encargó la designación de los primeros miembros del CNE a una Comisión Legislativa. Esta comisión, controlada por el partido oficialista, nombró también a afines del oficialismo como miembros del CNE, lo que, a su vez, resultó en el nombramiento de afines al oficialismo como consejeros del CPCCS. El resultado: el control por parte del Ejecutivo de todos los organismos de control, fiscalización y justicia.

Esto no solo redundó en la nula fiscalización y control de las actividades del gobierno y sus miembros, afectando significativamente el “accountability horizontal”, sino también en un tipo de régimen cada vez más autoritario e irrespetuoso con los estándares democráticos.

En las elecciones de 2017, Rafael Correa, presidente desde 2007, no se presentó a las elecciones, designando a Lenín Moreno como su sucesor, quien ganaría las elecciones con un apretado margen y acusaciones de fraude a Guillermo Lasso, que sería elegido en 2023.

Moreno rompió rápidamente sus lazos con Correa y la línea más dura de su partido y en 2018 convocó y ganó un referéndum que, entre otras reformas importantes a la Constitución, establecía que los consejeros del CPCCS sean elegidos mediante sufragio ciudadano. Sin embargo se establecieron algunas salvedades, entre las que estaban que no pudieran hacer campaña propia, solo la pagada por el mismo CNE, y que no pertenecieran a partidos políticos.

Así, en las elecciones seccionales de 2019, se eligieron a siete consejeros con porcentajes de votación sumamente bajos, configurándose una peligrosa falta de legitimidad de origen, a lo que hay que sumarle que la mayoría le eran absolutamente desconocidos a la mayoría de la ciudadanía.

¿El resultado de dicha configuración institucional? El primero de los presidentes de ese CPCCS fue destituido y acusado y sentenciado por corrupción; el segundo, destituido por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones y en medio de acusaciones de corrupción; la tercera, destituida por una mayoría de consejeros; y, finalmente, el cuarto, destituido por la Corte Constitucional del Ecuador, junto con el resto de sus miembros, por incumplimiento de sentencia. Mientras tanto, más de 10 autoridades no han podido ser elegidas, entre las que está el Contralor General del Estado.

Mientras escribo estas líneas, la Asamblea legislativa no ha sido capaz de posesionar a los siguientes en la lista que les seguirían a los consejeros destituidos, encontrándose el organismo en acefalía, y, por supuesto, con los procesos de selección de autoridades estancados. La mayoría que controla el legislativo (de oposición al gobierno), ha dicho que prefiere esperar a lo que suceda en las elecciones del 5 de febrero.

Y es aquí donde se encuentra la interesante contradicción a la que se hacía referencia en líneas anteriores: mientras por una parte, la ciudadanía deberá elegir a los siete nuevos consejeros del CPCCS, en el referéndum constitucional se han planteado dos preguntas sobre el futuro de este organismo: la primera, que plantea quitarle la facultad de nombramiento de autoridades para devolvérsela al legislativo; y, la segunda, que plantea un nuevo procedimiento de selección de consejeros a través de la Asamblea y ya no por elección popular.

Así, de ganar la consulta convocada por el gobierno, en el caso del CPCCS los nuevos consejeros elegidos ya no tendrán el poder de designación de autoridades que tenían sus antecesores, el que ahora pasará a la Asamblea; mientras que sus mismos cargos quedarán en entredicho, puesto que se cambiará el proceso de selección. La pregunta que queda, porque los anexos a la Consulta no lo responden, es si es que estos funcionarios seguirán en funciones el tiempo que les corresponde o serán sustituidos por la Asamblea Nacional.

Por el otro lado, en caso de que el referéndum pierda, Ecuador seguirá teniendo en su diseño institucional un organismo opaco, con miembros de los que se conoce poco y de los que no se sabe a que intereses responden, pero con un enorme poder para controlar y fiscalizar. El CPCCS seguirá siendo considerado el botín político por el que luchar para las principales organizaciones políticas, con consecuencias que pueden ser funestas para el control, la fiscalización y la misma calidad de la democracia ecuatoriana.

De momento, las encuestas previas a la veda marcan que todas las preguntas de la consulta tienen una intención de voto favorable/positiva. Así, como se ve, en las elecciones de 5 de febrero en Ecuador se juega mucho más que los cargos de elección popular sobre los que se votará, se juega, probablemente, el futuro de nuestra democracia.

Este artículo fue cedido para ser publicado en Café Semanal Latam.