La democracia peruana atraviesa por su momento más crítico de las últimas dos décadas. Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori el año 2000 y el inicio de una transición encabezada por Valentín Paniagua, se abrigaba la esperanza de un fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, así como una revitalización del sistema de partidos. Junto a una serie de reformas para favorecer la transparencia se dio en 2003 la primera ley de organizaciones políticas enfocada en tener partidos más institucionalizados, más democráticos y con financiamiento más transparente. Hoy parece claro que ese entusiasmo encubrió la seria crisis del sistema de partidos que, lejos de resolverse, se profundizó y es el evidente telón de fondo de la crisis política actual.
Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.
Aunque los medios de comunicación y muchos políticos centran las miradas en las disputas de coyuntura, en las escaramuzas entre el gobierno y las fuerzas de oposición, el asunto que no se puede soslayar es la crisis de representación que está en la base, que impacta negativamente en la valoración que tiene la ciudadanía de la política y la democracia.
La última edición del Barómetro de las Américas confirma hallazgos previos de otros instrumentos de medición comparada como el Latinobarómetro: crece el desencanto frente a la democracia y Perú se ubica en los peores lugares del ranking regional en varios temas relevantes. En cuanto a los niveles de apoyo a la democracia como forma de gobierno Perú ocupa los dos últimos lugares, mientras que en satisfacción con el funcionamiento de la democracia se ubica entre las tres últimas posiciones. En cuanto a percepción de corrupción entre los políticos, Perú encabeza la tabla y, además, lo que es particularmente preocupante, es el país con mayor tolerancia a golpes militares en condiciones de mucha corrupción.
Varios actores han planteado como salida a la crisis actual la renuncia del presidente Castillo o su vacancia declarada por el Congreso. Muchos otros han propuesto elecciones generales tanto de la Presidencia de la República como del Congreso. Sin embargo, nada garantiza que un nuevo reparto de las cartas de lugar a un escenario mejor. Por el contrario, crece el temor de que nuevas elecciones, ya sean anticipadas o las previstas en el calendario regular para 2026, ofrezcan resultados muy parecidos en términos de representación y gobernabilidad.
Sin duda, hay un problema muy profundo con el elenco político y los partidos en los que este milita, el cual no se puede resolver en el corto plazo. Pero sí es posible en lo inmediato incidir positivamente en un mejor rumbo para la política. Algunos cambios legales pueden generar incentivos decisivos para los actores que a su vez cambien las condiciones de la próxima elección. Para ello sería necesario que los líderes políticos sean capaces de producir amplios consensos alrededor de algunas ideas fuerza, lo que en este momento se ve como un escenario muy lejano. Esto lleva a pensar que el acuerdo no puede darse sólo entre políticos sino ser el fruto de una confluencia de actores sociales diversos. Aunque aún no es posible ver luz al final del túnel, este camino puede verse fortalecido por la creciente conciencia de que la crisis que enfrenta la débil democracia peruana podría derivar en un quiebre institucional con consecuencias nefastas.
¿Qué ideas fuerza ayudarían a una reforma legal? Crece el consenso en torno a la prioridad de renovación del mundo político y de inclusión de nuevos actores. Para lograrlo es necesario desburocratizar la participación política enfocando el control en aquellas áreas que sí son relevantes.
Otro ámbito de importancia vital es la democratización de la selección de candidaturas, normando adecuadamente las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, que ya han sido aprobadas legalmente pero que fueron suspendidas en el último proceso electoral.
En la lógica de mejorar la representación y favorecer un proceso legislativo más consistente la bicameralidad cobra cada vez mayor consenso entre los especialistas. En América Latina la mayoría de países, particularmente los de mayor población, tienen parlamentos bicamerales y en casi todos ellos (con excepción de Costa Rica y Perú) la reelección es permitida. En algunos casos con una limitación razonable al número de periodos, como en México. Un bicameralismo asimétrico (cámaras con funciones diferentes y complementarias), con reelección inmediata limitada a dos o tres periodos y una cámara baja con circunscripciones más pequeñas, junto a un Senado de distrito único o de macro-regiones, podría mejorar significativamente el desempeño parlamentario.
También sería necesario desactivar los botones nucleares en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Para ello habría que redimensionar figuras constitucionales de las que se ha abusado en los últimos cinco años, como la cuestión de confianza que puede presentar el Ejecutivo, la disolución del Congreso si este niega la confianza a dos gabinetes y eliminar o limitar la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente, pero en contrapartida ampliar las causales de acusación constitucional incluyendo otros delitos graves.
Hay por supuesto una decena de otras reformas políticas importantes, pero lograr consensos en lo básico ayudaría a avanzar en el sentido correcto. El camino que conduce directo al abismo es mantener el piloto automático en una lógica en la que lo importante parece ser ganar tiempo para seguir en lo mismo.
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