Instituciones constitucionales para un medio ambiente más seguro: ejemplos de Kenia, Brasil y Hungría

Como parte de una serie de eventos titulada Conversaciones sobre opciones innovadoras de diseño constitucional, el Programa de construcción de constituciones de IDEA Internacional organizó un panel de expertos para debatir sobre "Instituciones constitucionales para un medio ambiente más seguro" el 16 de septiembre de 2021. El seminario deliberó sobre el papel de las constituciones en la respuesta a la crisis climática, el desafío más profundo para la humanidad, y en particular observando en detalle las instituciones innovadoras establecidas en Brasil, Hungría y Kenia.

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El Secretario General de IDEA Internacional, Dr. Kevin Casas-Zamora, pronunció un discurso de apertura enfatizando la importancia de la democracia y la criticidad de la innovación institucional para abordar el cambio climático, una nueva prioridad transversal de IDEA Internacional. Casas-Zamora destacó el papel único de las constituciones en la lucha contra el cambio climático, especialmente en la creación e integración de estructuras institucionales sólidas que trasciendan los ciclos políticos y salvaguarden los intereses de las generaciones futuras.

El Dr. David R. Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, discutió el panorama actual de las constituciones y el medio ambiente. Boyd señaló que más de 100 constituciones contienen en alguna iteración el derecho a un medio ambiente saludable, lo que impulsa la reforma legislativa, mejora el desempeño ambiental y aumenta la jurisprudencia sobre cuestiones ambientales.

MARCOS INSTITUCIONALES PIONEROS PARA LOS DERECHOS AMBIENTALES

Los comentarios introductorios proporcionaron la base para una animada conversación sobre instituciones constitucionales innovadoras en Kenia, Brasil y Hungría para promover, proteger, monitorear y reivindicar los derechos ambientales. La discusión destacó cómo la naturaleza diferenciada y el mandato de las instituciones constitucionalizadas permiten la intervención en temas ambientales en diferentes puntos de la toma de decisiones. Si bien el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras en Kenia y los fiscales del Ministerio Público en Brasil son generalmente reactivos y buscan reparar los supuestos daños ambientales y desalentar la reincidencia; el Defensor del Pueblo húngaro para las generaciones futuras invoca el principio de precaución para objetar preventivamente la legislación propuesta u otros actos que pongan en peligro condiciones de vida básicas de las generaciones futuras.

Los panelistas enfatizaron el carácter transdisciplinario de los temas relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Los jueces, fiscales y defensores del pueblo necesitan experiencia, capacitación y acceso al conocimiento científico para cumplir de manera óptima sus funciones. Las consecuencias de largo alcance del cambio climático requieren además estrategias creativas, flexibles y holísticas. Por ejemplo, además de su papel habitual como fiscales civiles y penales, el Ministerio Público cuenta con una serie de poderes extrajudiciales que le permiten, por ejemplo, negociar acuerdos con los contaminadores para prevenir o reducir los daños al medio ambiente, permitiendo la eficiencia el cumplimiento de los derechos y la resolución de conflictos sin sobrecargar el sistema legal. Además, la oficina puede realizar audiencias públicas con expertos y representantes de instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, aumentando así la participación popular, la inclusión y la legitimidad.

El Defensor del Pueblo húngaro para las generaciones futuras, a través del Comisionado de Derechos Fundamentales, puede dirigirse al Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de la legislación que pone en peligro a las generaciones futuras (que recientemente dio lugar a la invalidación de aspectos clave de la legislación de gestión forestal de Hungría).

En general, las experiencias de los tres países revelan que el establecimiento constitucional mejora el estatus y la independencia funcional, política y financiera de las instituciones encargadas de salvaguardar el medio ambiente. El Ministerio Público tiene la independencia garantizada constitucionalmente, lo que le permite hacer un llamado a otras ramas del gobierno para que cumplan con sus obligaciones constitucionales de salvaguardar el medio ambiente. Su independencia financiera permite a la oficina invertir en la mejora de sus capacidades y desarrollar estrategias novedosas para hacer cumplir las leyes existentes.

En Kenia, el número cada vez mayor de jueces en el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras, y su alcance geográfico cada vez mayor, ha permitido a la Corte perfeccionar su jurisdicción y desarrollar una jurisprudencia sólida, especialmente en lo que respecta al principio de desarrollo sostenible y el imperativo constitucional de llevar a cabo el impacto ambiental. evaluaciones.

El Defensor del Pueblo húngaro para las generaciones futuras actúa como mediador entre la sociedad y los órganos políticos, y tiende un puente entre las hipótesis científicas y los análisis de costes y beneficios a corto plazo de los políticos. La constitucionalización también eleva el perfil público y político de las instituciones, lo que a su vez mejora su capacidad para promover la protección ambiental y, por extensión, mejorar la crisis climática.

Los estudios de caso ofrecen lecciones importantes para los diseñadores constitucionales y los defensores de la justicia ambiental. La grabación de la conversación, disponible en YouTube, captura estas ideas y anécdotas, que proporcionarán insumos para un recurso de conocimiento que el Programa de Construcción de la Constitución desarrollará a su debido tiempo.

Kimana Zulueta-Fuelscher, directora interina del Programa de Construcción de la Constitución, fue la anfitriona del evento, mientras que Adem K. Abebe, oficial de Programa del Programa de Construcción de la Constitución, actuó como moderador.

Expertos que presentaron los estudios de caso:

• Kenia: Profesora Patricia Kameri-Mbote, Directora entrante de la División de Derecho del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nairobi; Director fundador del Centro de Investigación de Derecho Ambiental Internacional (IELRC)
• Brasil: Sra. Maria Antonia Tigre, Directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente
• Hungría: Profesor Marcel Szabó, Juez del Tribunal Constitucional de Hungría; ex Defensor del Pueblo para las Generaciones Futuras de Hungría