Inclusión indígena en la gobernanza: cómo abordar los derechos, los recursos y la representación

A pesar de ser el hogar del mayor número de Pueblos Indígenas (PI), Asia tiene algunas de las prácticas más excluyentes hacia los PI en el mundo. Grandes brechas en los marcos legislativos e institucionales dejan a las comunidades indígenas vulnerables a violaciones de derechos. Los PI están subrepresentados en los gobiernos nacionales y a menudo se les prohíbe gobernar sus propias comunidades a nivel subnacional. Estas luchas se agravan aún más por la reducción de los espacios democráticos y cívicos en contextos de retroceso democrático, militarización y conflicto.

Si bien estos desafíos son generalizados en toda la región, se puede encontrar cierta inspiración en el caso del establecimiento de regiones autónomas como la Región Autónoma de Bangsamoro en Mindanao Musulmán (BARMM), que puede proporcionar un modelo de autogobierno. Para analizar este y muchos otros contextos, trece PI y expertos examinaron sus experiencias desde dos perspectivas temáticas: Reducción del espacio cívico y Justicia ambiental y acción climática.

En relación con el primer tema, una cuestión importante discutida fueron los obstáculos legales y burocráticos que dificultan la formación y el funcionamiento de las organizaciones indígenas. Por ejemplo, en Nepal, el proceso de registro de asociaciones es engorroso y requiere renovaciones anuales e informes detallados a los gobiernos locales y federales. A pesar de los compromisos estatales con marcos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio 169 de la OIT, estas disposiciones legales a menudo no se implementan. Además, los grupos indígenas siguen sin ser reconocidos en algunos países, como Bangladesh y la India, donde también se los suele etiquetar de antigubernamentales. Los defensores de los pueblos indígenas que participaron en la mesa redonda compartieron una preocupación similar: los que tienen el poder en sus respectivos países tienen razones para no reconocerlos.

“Hay una falta de voluntad política por parte de los líderes. Quienquiera que tenga el poder en la mayoría… ¿por qué está usando ese poder contra la minoría? Para promover sus propios intereses políticos”, dijo Edchamcy “Edward” Intang Abelardo.

Otra cuestión clave es la exclusión de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones que afectan directamente a sus derechos y medios de vida. Se los margina en la elaboración de leyes, la formulación de políticas y la gobernanza, y sus voces rara vez se incluyen en los procesos políticos. El entorno legal exacerba aún más su situación, con leyes restrictivas y draconianas que se utilizan para limitar su libertad de expresión, reunión y asociación.

Prabindra Shakya, un activista de derechos humanos perteneciente a la comunidad indígena Newar de Nepal, dijo que en su país los activistas son el blanco de la guerra jurídica.

“Nos acusan de estar en contra del desarrollo, de tener motivaciones étnicas, y es fácil [para el Estado] tomar represalias legales contra nosotros. Tenemos que aprovechar la presión internacional, como por ejemplo a través del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y los bancos multilaterales de desarrollo [para tratar de defendernos]… Es una batalla larga”, dijo.

A pesar de los desafíos que plantea la reducción del espacio cívico, los pueblos indígenas de Asia han desarrollado estrategias innovadoras para hacer valer y proteger sus derechos. En Nepal, por ejemplo, las iniciativas de defensa se centran en participar en los procesos actuales de elaboración y revisión de la constitución para promover un gobierno pluralista. Además de la participación del Estado, las comunidades indígenas están fortaleciendo sus sistemas de autogobierno. En Nepal, la comunidad Tharu ha revitalizado su sistema tradicional Barghar, en el que el Barghar, similar a un presidente de barrio, desempeña un papel central en el gobierno local. Este sistema permite a los Tharu mantener su autonomía cultural y jurídica dentro del marco estatal más amplio.

Image

En relación con el contexto indonesio, Abdi Akbar, de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN), dijo que antes de la colonización, las tribus indonesias tenían sus propias formas refinadas de gobierno local. Estas estructuras de gobierno, que describió como democráticas, fueron reconocidas incluso por el Estado antes de que se firmara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. Sin embargo, Indonesia no ha ratificado la declaración y, como señaló Akbar, la aplicación de sus principios sigue siendo inconsistente. Akbar agregó además que los pueblos indígenas del archipiélago tienen las “capacidades” para autogobernarse, pero el Estado pasa por alto sus sistemas.

Charu Bikash Tripura, coordinador del Programa de Desarrollo de Capacidades Regionales del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) en Chiangmai, Tailandia, también alentó a los demás pueblos indígenas a buscar cargos políticos.

“Si no somos parte del gobierno [nacional], ¿quién llenará el vacío? Debería haber pueblos indígenas o de mentalidad indígena como parte del gobierno”, dijo.

En cuanto a la acción climática, una preocupación importante que se destacó fue la asignación incorrecta de impuestos de las empresas mineras que operan en tierras indígenas o ancestrales, ya que los pagos se destinan a las sedes de las empresas en lugar de beneficiar a las comunidades locales, como en Filipinas. Esta cuestión ejemplifica la lucha más amplia de los pueblos indígenas para obtener un acceso justo a los recursos derivados de sus tierras.

En Tailandia, se discutieron cuestiones no resueltas en torno a la reubicación de aldeas indígenas debido al establecimiento de parques nacionales. El gobierno prioriza las leyes de parques nacionales sobre los derechos de las comunidades locales que se considera que viven ilegalmente en sus tierras ancestrales. Kittisak Rattanakrajangsri, del norte de Tailandia, señaló las protecciones nacionales razonablemente sólidas en Tailandia, pero destacó la falta de leyes secundarias que permitan su implementación.

"Las salvaguardas están ahí", dijo, pero dijo que estos derechos no se han traducido en acciones debido a la falta de leyes secundarias detalladas y directrices para su aplicación.

En nombre de las tribus de las colinas del norte de Tailandia, muchas de las cuales son apátridas, Saeng Mounglee, de la Red de Mujeres Indígenas de Asia, señaló los impactos sociales y económicos de las industrias extractivas en sus tierras ancestrales. Haciendo hincapié en las actividades de extracción de arena y oro, dijo que los dos sectores han devastado a las comunidades indígenas locales, dejando sus tierras y ríos inutilizables e inhabitables debido al barro, las inundaciones y la contaminación. La situación ha obligado a las generaciones más jóvenes a abandonar su tierra natal, y a menudo terminan en trabajos explotadores, como trabajar en centros de llamadas fraudulentos cerca de las fronteras, donde los salarios son más altos (a pesar de las prácticas laborales alarmantes).

“Estos son los desafíos que enfrentan los indígenas a lo largo de la frontera. Los proyectos de desarrollo a menudo benefician a un pequeño grupo de personas mientras causan daño a las comunidades, el medio ambiente, la vida acuática y la biodiversidad”, dijo.

Los participantes destacaron la importancia de la promoción basada en evidencia para apoyar las prácticas sostenibles de los PI. Por ejemplo, el Parque de la Paz de Salween fue destacado como un modelo exitoso de gestión respetuosa con el medio ambiente por la participante Dra. Ashley South. Señaló que en el ámbito político, tener un mensaje de defensa fuerte suele ser más influyente que simplemente presentar pruebas.