Guatemala en la encrucijada: Elecciones marcadas por las irregularidades y la  incertidumbre

Este domingo, Guatemala se enfrenta a unas elecciones complejas y cruciales que determinarán su futuro político en medio de condiciones extremadamente adversas.

Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

El proceso electoral se ve opacado por una intensa judicialización, la falta de garantías electorales, prohibiciones de candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades y un creciente descontento ciudadano. Estos problemas se dan en un contexto político caracterizado por un agudo deterioro democrático, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, creciente acoso a la prensa, violaciones a los derechos humanos y una alta incertidumbre debido a una guerra de encuestas.

La eliminación de los candidatos Carlos Pineda, un empresario con discurso populista que lideraba hasta hace poco las encuestas; Thelma Cabrera, una líder indígena del izquierdista Movimiento de Liberación de los Pueblos, que ocupó el cuarto lugar en las elecciones de 2019; y Roberto Arzú, un disidente de la élite, ha viciado el proceso electoral y generado una profunda controversia. Los tres han denunciado "fraude electoral" e instado a sus seguidores a emitir votos nulos como forma de protesta simbólica. Según un informe de El Faro English, estos candidatos han sido excluidos, mientras que otros, incluso algunos bajo investigación por corrupción y narcotráfico o con claros impedimentos constitucionales, han sido autorizados a participar en las elecciones. Este doble estándar ha generado críticas y preocupaciones sobre el uso diferenciado y discrecional de los criterios de registro y bloqueo de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral.
     La combinación tóxica de estos hechos unida a la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral evidencia una preocupante contaminación del proceso electoral junto a una pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar su integridad. Las principales misiones de observación electoral, tanto internacionales (OEA y UE) como nacionales (Mirador Electoral y MOE-GT), han venido advirtiendo estas debilidades en sus respectivos informes.
    Cabe destacar que estas serán las segundas elecciones generales de este año en la región, en el marco del superciclo electoral latinoamericano (2021-2024). Antes, el oficialismo (Partido Colorado) fue reelegido en Paraguay el 30 de abril. La próxima cita electoral será en Ecuador, con elecciones anticipadas el 20 de agosto, después de que el presidente Guillermo Lasso activara la “muerte cruzada” a mediados de mayo. Finalmente, el 22 de octubre se celebrarán las elecciones generales en la Argentina, y el año culminará con un importante plebiscito constitucional en Chile el 17 de diciembre.

Erosión democrática y recaptura del Estado

     La expulsión intempestiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019 marcó un punto de inflexión en la erosión democrática del país. El informe final de la CICIG, titulado "Guatemala: un Estado capturado", reveló los niveles alarmantes de corrupción e impunidad presentes en el país. A partir de ese momento, se inició un proceso de recaptura del Estado guatemalteco con el objetivo de garantizar impunidad para las élites enquistadas en el poder (“pacto de corruptos”) y mantener el statu quo. La primavera democrática ciudadana de hace 8 años, demandando lucha frontal contra la corrupcion y la impunidad y una democracia de calidad, es hoy tristemente un recuerdo borroso. 
    Los principales índices internacionales que evalúan la calidad de la democracia evidencian el rápido deterioro del país, que fue pasando de una democracia débil a un régimen híbrido (Democracy Index de EIU). Según el informe de V-Dem,  Guatemala se encuentra entre los 10 países que más se han autocratizado en los últimos tres años (2019-2022). Además, según el último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Guatemala con un puntaje de 24/100 -19 puntos por debajo de la media regional- figura entre los cinco países con peor calificación en Latinoamérica. 

    Las encuestas reflejan asimismo una débil cultura política democrática, con altos niveles de apatía y desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales.

El apoyo a la democracia en Guatemala es de solo 37%, 12 puntos por debajo del promedio regional que es de 49% (Latinobarómetro 2021). La confianza en los partidos políticos, el Congreso y el sistema judicial es extremadamente baja, lo que refleja un panorama institucional sombrío. 
  Actualmente, solo el 11% aprueba la mediocre y corrupta gestión del presidente Alejandro Giammattei, y la mayoría de los guatemaltecos son pesimistas sobre el futuro del país. Los tres principales problemas para la población son: inseguridad, desempleo y corrupcion. Además, un porcentaje alarmante de la ciudadanía (57%) manifestó no tener problema con un gobierno no democrático si resolviera sus problemas y un 51% toleraría un golpe militar ante altos niveles de corrupción. 
    En términos de derechos humanos y garantías, la situación es igualmente preocupante. Informes de organizaciones como WOLA y Human Rights Watch destacan la aplicación inconsistente y cuestionable de los criterios electorales, así como el debilitamiento del Estado de Derecho. Esto ha generado un clima generalizado de miedo y vulnerabilidad entre aquellos que se atreven a desafiar el statu quo, lo cual ha llevado a muchos periodistas, abogados, fiscales anticorrupción y activistas a abandonar el país en los últimos años. La falta de esperanza en que las elecciones puedan mejorar esta situación refuerza la percepción de que el sistema de justicia y el Ministerio Público guatemalteco están siendo utilizado para eliminar cualquier forma de oposición. 

Órgano electoral bajo sospecha

    El Tribunal Supremo Electoral se encuentra sumido en una profunda crisis de credibilidad. Desde la formación de la actual magistratura, elegida mediante un acuerdo de la alianza gobernante, se ha percibido como carente de independencia y autonomía desde su instalación. Su gestión ha estado plagada de escándalos relacionados con irregularidades en compras y contrataciones, agravados por decisiones arbitrarias que han excluido a varios candidatos de la contienda electoral. La confianza de la ciudadanía en este órgano es preocupantemente baja, apenas un 17%, uno de los índices más bajos de América Latina.
    En el pasado, el sistema electoral de Guatemala era reconocido por su sólida reputación, gracias a la participación activa de los ciudadanos en la conformación de las Juntas Electorales a nivel municipal y departamental. Estas juntas desempeñaban un papel fundamental en la organización y administración de las elecciones. Sin embargo, el actual TSE ha introducido cambios en la composición de 22 de las 24 Juntas Electorales Departamentales, lo que ha planteado serias dudas sobre su capacidad para actuar de manera imparcial y técnica. Estas reformas han generado inquietudes legítimas sobre la independencia y la competencia de estas juntas en el actual proceso electoral. 

Fuerte asedio a la libertad de prensa 

    La libertad de expresión enfrenta múltiples amenazas y un constante acoso en Guatemala. Según el índice de Chapultepec, el país ocupa el puesto 19 en cuanto a garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, solo superado por Venezuela, Cuba y Nicaragua en la región. Destaca el caso del periodista José Rubén Zamora, quien ha sido objeto de persecución y encarcelamiento arbitrario. Las Naciones Unidas han documentado 38 ataques contra periodistas y el exilio forzado de 22 de ellos.
   En el caso emblemático del periodista José Rubén Zamora, editor del diario El Periódico, este fue sometido a un injusto encarcelamiento de 10 meses y, recientemente, recibió una injusta condena de 6 años de cárcel por supuesto lavado de dinero en un juicio plagado de irregularidades. Esta sentencia constituye una grave afrenta a la libertad de expresión no solo en Guatemala, sino en toda la región. El mensaje enviado por el gobierno corrupto de Giammattei es claro: investigar la corrupción es un crimen que tiene un alto costo. A escasos días de la elección, el periodismo guatemalteco y latinoamericano están de luto.

¿Qué se elige? ¿Quienes son los principales candidatos?

    Este 25 de junio, 9.4 millones de ciudadanos guatemaltecos están habilitados para acudir a las urnas para participar en las elecciones generales, que incluye la primera vuelta presidencial -con alta probabilidad de ir a segunda vuelta el 20 de agosto-, 160 Diputados del Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 titulares del PARLACEN. 
   En sintonía con las tendencias regionales, en esta elección presidencial se observa una extremada fragmentación. Los electores tendrán más de 20 opciones en el tarjetón para presidente y vicepresidente pero únicamente tres candidatos tienen posibilidad reales de disputar la presidencia: Sandra Torres (ex primera dama, fundadora del partido centrista la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), Zury Ríos (coalición de extrema derecha Valor-Unionista, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt) y Edmundo Mulet (ex diplomático, fundador del partido de centro derecha CABAL). Torres y Mulet ya habían participado en las elecciones del 2019: Mulet quedó en tercer lugar mientras Torres se ubicó en primer lugar en la primera vuelta pero luego perdió el balotaje frente a Giammattei. Por su parte, Ríos que no fue autorizada a participar en las elecciones pasadas por impedimento constitucional (ser hija del ex dictador Efraín Ríos Montt) esta vez logró sorpresivamente su registro de candidata presidencial. 

¿Qué dicen las principales encuestas?

   Tras la anulación de las candidaturas de Pineda, Cabrera y Arzú, se produjo un reajuste en las preferencias electorales en Guatemala. Una encuesta de CID-Gallup de hace unas semanas, que excluyó a Pineda de su medición, daba lo siguientes resultados: Torres 23%, Mulet 21% y Ríos 19%. Más recientemente, una encuesta de este pasado jueves de la empresa Prodatos, publicada por el diario de mayor circulación Prensa Libre, mostró a Torres con el 21.3%, Mulet con el 13.4% y Ríos con el 9.1%. 
     La encuesta registra asimismo un alto volumen de personas que dicen que votarán en blanco, 14.8%, o que anularán su voto, 13.5%. Estos últimos datos activan la alarma de un posible alto volumen de votos en blanco y nulos que podría venir acompañado de una elevada abstención electoral, en un país con históricamente bajos niveles de participación electoral, promediando un 51.3% desde 1985 hasta la fecha (IDEA Internacional 2023).
    Se observa asimismo, en línea con la tendencia regional del súperciclo electoral 2021-2024, un voto de castigo al oficialismo (el candidato del gobierno Manuel Conde tiene una intención de voto de apenas el 5.8%) y la necesidad de ir a una segunda vuelta electoral, el próximo 20 de agosto, para determinar la presidencia. Si se confirman las proyecciones de las encuestas con mayor credibilidad, Sandra Torres y Edmond Mulet serían quienes pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, de momento la elección sigue abierta y aún persiste la incertidumbre sobre los dos candidatos que llegarán al balotaje.

     La necesidad de una segunda vuelta para definir la presidencia es muy común en Guatemala.

Desde el proceso electoral de 1985 (que marcó el inicio del retorno del país a la democracia) en todas las elecciones subsiguientes hubo necesidad de realizar un balotaje  para elegir presidente. De estas 9 elecciones anteriores, solo en dos ocasiones, 1991 y 2019, hubo reversión del resultado, mientras que en las siete restantes siempre se confirmó en segunda vuelta el resultado de la primera. 

Conclusión
    La ausencia de garantías electorales, la judicialización excesiva y la erosión del Estado de derecho generan una inquietud significativa respecto a la legitimidad e integridad del proceso electoral y la credibilidad de los resultados. La descalificación de diversos candidatos y las acusaciones de fraude electoral han intensificado el escepticismo y la incertidumbre entre los ciudadanos. No hay que descartar nuevas denuncias de irregularidades asociadas al desarrollo de la jornada electoral o respecto del escrutinio de los resultados o, incluso, un alto número de votos nulos y en blanco acompañados de una elevada abstención. 
    En este complejo panorama, el riesgo es doble: por un lado, que la alternancia que se lleve a cabo a nivel presidencial no traiga el cambio que Guatemala necesita desesperadamente para superar el grave deterioro democrático y de desarrollo humano que padece desde hace muchos años. Y, por el otro, que el nuevo presidente electo carezca de legitimidad de origen y ello agrave la delicada situación que vive actualmente el país.
   Frente a ello, las misiones de observación electoral -internacionales y nacionales- y la comunidad internacional deben mantenerse alertas y preparadas para defender la integridad electoral y respaldar a la democracia guatemalteca. Pero los ciudadanos guatemaltecos también deben desempeñar un rol esencial en este escenario. Tienen la responsabilidad de defender sus derechos, resistir a aquellos que buscan perpetuar un statu quo de corrupción e impunidad, y exigir unas elecciones con integridad y credibilidad. 
   La legitimidad del próximo gobierno dependerá de la percepción de justicia y transparencia en el proceso electoral. Solo con este compromiso Guatemala podrá mantener viva la esperanza de cerrar este sombrío capítulo de su historia y avanzar hacia un futuro más democrático y justo.

Este artículo fue cedido para ser publicado en Café Semanal Latam.