Explicación: Orden ejecutiva “Preservación y protección de la integridad de las elecciones estadounidenses” desde una perspectiva global
El 25 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva “Preservación y Protección de la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”. La orden describe reformas radicales que buscan proteger las elecciones estadounidenses del fraude, la interferencia extranjera y los errores sistémicos.
Los principales mandatos de la Orden Ejecutiva (OE) incluyen:
1. Exigir la presentación de documentos que acrediten la ciudadanía para el registro de votantes en las elecciones federales.
2. Establecer una fecha límite para la recepción de las papeletas de voto por correo (postal) antes del día de las elecciones.
3. Exigir la recertificación de los sistemas de votación para que cumplan con los estándares actualizados de seguridad, accesibilidad y rendimiento.
4. Reforzar las restricciones contra la interferencia extranjera en las elecciones.
La orden también amenaza con retener la financiación federal a los estados que incumplan. Se espera que las reformas se implementen en un plazo de 30 a 180 días.
Este artículo ofrece una perspectiva internacional comparativa sobre las reformas propuestas en la OE.
1. La Orden Ejecutiva hace hincapié en la celebración de elecciones libres y justas, pero su enfoque limitado en el fraude ignora otros principios electorales universalmente aceptados, igualmente importantes para las elecciones democráticas, como el sufragio universal e igualitario, el acceso de los votantes y el secreto del voto. Las buenas prácticas internacionales indican que las normas electorales deben equilibrar los principios de seguridad con los principios de igualdad y acceso, para evitar medidas antifraude o de integridad rigurosas que sean desproporcionadas a la amenaza real. De lo contrario, puede generar mejoras marginales en un área, poniendo en riesgo avances logrados con esfuerzo en la participación electoral, el derecho al voto y la administración electoral.
2. Si bien la Orden Ejecutiva afirma restaurar la confianza en las elecciones, las evaluaciones de expertos demuestran sistemáticamente que las elecciones estadounidenses demuestran altos niveles de integridad. Los Índices del Estado Global de la Democracia (GSoD) de IDEA Internacional calificaron a EE. UU. con 0,71 sobre 1 en Elecciones Creíbles en 2023, comparable a países como Croacia e Islandia. La confianza pública en las elecciones estadounidenses ha disminuido en los últimos años, impulsada principalmente por narrativas partidistas y desinformación, pero los incidentes reales de fraude son extremadamente raros.
A nivel internacional, la confianza en las elecciones se construye mejor mediante la transparencia, la comunicación pública, una administración electoral imparcial, garantías proporcionales y procesos inclusivos. Algunas democracias (como Australia y Taiwán) también adoptan un enfoque amplio para fomentar la confianza electoral, haciendo hincapié en ecosistemas mediáticos sólidos, la alfabetización mediática y la verificación independiente de datos para fomentar la resiliencia democrática y la confianza electoral.
3. El proceso de reforma electoral es tan importante como el contenido. Una reforma electoral eficaz en las democracias se basa en una legislación cuidadosamente elaborada, una amplia consulta pública y un debate parlamentario abierto. Las reformas precipitadas y abruptas, introducidas unilateralmente y que carecen de un amplio apoyo público o político, tienen menos probabilidades de éxito. Las directrices internacionales y las buenas prácticas para la reforma electoral demuestran que el éxito se basa en el consenso, la transparencia, una planificación inclusiva, plazos adecuados y recursos suficientes.
Experiencias internacionales recientes ponen de relieve el contraste entre las reformas electorales exitosas y las más controvertidas. En Gales, Reino Unido, la Ley de Elecciones y Órganos Electos de 2024 se aprobó tras una amplia consulta y revisión legislativa, introduciendo medidas como el registro automático de votantes. En cambio, en Georgia, las reformas electorales introducidas abruptamente pocos meses antes de las elecciones de 2024 y sin un amplio apoyo público generaron preocupación por la centralización del poder en medio de la agitación política y las críticas de la sociedad civil a un controvertido proyecto de ley sobre influencia extranjera.
4. Ya sea centralizada o descentralizada, la independencia y la imparcialidad en la administración electoral son esenciales. La Constitución de Estados Unidos asigna la responsabilidad principal de la administración electoral a los estados. Desde la decisión de la Corte Suprema de 2013, la función federal se ha limitado principalmente a la supervisión y el apoyo. La Comisión de Asistencia Electoral (EAC) de Estados Unidos, una agencia independiente y bipartidista, actúa como un organismo asesor y normativo sin autoridad para su cumplimiento.
La nueva Orden Ejecutiva desafía este marco descentralizado al imponer mandatos federales, como la exigencia de una prueba de ciudadanía para el registro de votantes en las elecciones federales (cuyo cumplimiento deberá ser aplicado por agencias federales) y el establecimiento de plazos para el voto por correo. Expertos legales han señalado esto como una posible extralimitación del poder ejecutivo, que elude al Congreso e vulnera las competencias de los estados, y ya enfrenta recursos legales.
El sistema estatal de EE. UU. genera una combinación de normas que puede generar experiencias electorales inconsistentes y un acceso desigual, en comparación con otros países. Sin embargo, se basa en los principios constitucionales del federalismo y ofrece beneficios como la adaptabilidad local, la innovación y la resiliencia ante amenazas de ciberseguridad a gran escala o la captura política centralizada.
Las normas globales enfatizan que los organismos de gestión electoral (OGE) deben establecerse y financiarse de manera que se garantice la neutralidad política, la independencia administrativa, la eficacia profesional, la seguridad y transparencia en sus procesos de nombramiento. Grandes democracias como Australia, Canadá y México cuentan con organismos electorales centralizados que implementan estándares nacionales consistentes. Sin embargo, estos sistemas no son fácilmente transferibles, dado que han evolucionado a lo largo de la historia de cada país. Fundamentalmente, estos organismos electorales son estructuralmente independientes del ejecutivo, lo que refuerza la imparcialidad y la confianza pública.
Si bien una mayor consistencia en los estándares electorales en el extranjero ofrece valiosas lecciones para EE. UU., cualquier medida para hacer cumplir los estándares electorales nacionales debe basarse en el diálogo público y político, contar con el respaldo del consenso bipartidista y respetar los principios constitucionales.
5. La Orden Ejecutiva exige la presentación de pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para votar en las elecciones federales. También exige que las agencias estatales y federales, en coordinación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), verifiquen la ciudadanía utilizando bases de datos gubernamentales, centralizando y reforzando así el control federal sobre el registro de votantes, tradicionalmente una responsabilidad estatal.
La evidencia indica que el voto ilegal de extranjeros es excepcionalmente raro en EE. UU. Esta parte de la Orden Ejecutiva plantea dos preocupaciones: la posible privación del derecho al voto y la privacidad de los datos.
En la mayoría de los países, la ciudadanía se verifica durante el registro de votantes para determinar la elegibilidad, mientras que las verificaciones de identidad el día de las elecciones confirman la identidad.
Los modelos internacionales de buenas prácticas tienden a priorizar la inclusión y buscan simplificar el registro de votantes. Algunos países, como Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Suecia, utilizan sistemas automáticos vinculados a la población nacional. La Comisión Electoral Australiana contacta a los posibles nuevos votantes que acaban de obtener la ciudadanía o han alcanzado la edad para votar. En Indonesia, los funcionarios visitan los hogares para registrar a los votantes personalmente.
En EE. UU., se estima que menos de la mitad de los estados cuentan con registro automático de votantes. En todos los estados, el registro de votantes y la atestación de ciudadanía dependen de la autodeclaración de los ciudadanos. El registro de votantes varía según el estado, lo que genera una amplia variación en el registro de votantes en todo el país (del 61 por ciento en Carolina del Norte al 83 por ciento en Oregón).
En los centros de votación, los requisitos de identificación también difieren entre países. India y México ofrecen identificaciones electorales gratuitas y universales; Canadá y Suecia aceptan múltiples formas de identificación o declaraciones juradas; y en Alemania, es obligatorio llevar una identificación. Sin embargo, en países donde amplios segmentos de la sociedad carecen de identificación, la defensa de los principios democráticos exige que las autoridades electorales garanticen que las identificaciones con fotografía o las tarjetas de identificación de votante estén fácilmente disponibles para los ciudadanos, de forma gratuita o con un costo limitado. Para ello, los organismos electorales suelen realizar campañas de registro para garantizar que todos los ciudadanos obtengan la documentación necesaria.
En Estados Unidos, no existe un sistema nacional de identificación y millones de personas carecen de una identificación estándar. Se estima que menos de la mitad de los ciudadanos estadounidenses tienen pasaporte y que el 9 por ciento de los votantes elegibles (21,3 millones de personas) no tienen fácilmente disponible un comprobante de ciudadanía. Los estrictos requisitos de identificación y de comprobante de ciudadanía corren el riesgo de reducir la participación electoral.
La propuesta de la Orden Ejecutiva de contar con bases de datos de votantes más unificadas podría mejorar la precisión del registro electoral y reducir la preocupación por el fraude (que, según la evidencia, es insignificante). Sin embargo, los críticos advierten que el acceso de DOGE a datos sensibles de los votantes, incluida la afiliación partidista, plantea graves riesgos para la privacidad. Por lo tanto, cualquier reforma en este sentido debe respetar los principios de protección de datos: el acceso debe limitarse a la información esencial y los ciudadanos deben ser informados cuando se utilizan sus datos. Otros países protegen los datos del registro electoral mediante garantías legales, recopilación limitada de datos, controles de acceso estrictos, derechos de notificación a los votantes y la supervisión por parte de autoridades electorales o de protección de datos independientes. En Estonia, por ejemplo, se notifica a los ciudadanos cada vez que una autoridad pública accede a sus datos.
6. En cuanto a la tecnología electoral, la Orden Ejecutiva prohíbe la verificación de la votación mediante código de barras (excepto por motivos de accesibilidad) y exige registros en papel verificables por los votantes, con la recertificación del equipo electoral en un plazo de 180 días. Si bien estas normas se ajustan a las internacionales, exigir la recertificación nacional de las máquinas de votación en un plazo breve resulta problemático debido a la considerable carga de tiempo y recursos que supone para los estados, lo que también podría interrumpir los plazos electorales. Países como India cuentan con máquinas de votación electrónica de registro directo (DRE) y exigen registros en papel verificables. Sin embargo, la Orden Ejecutiva menciona a Brasil por sus bases de datos biométricas, pero omite que sus máquinas de votación no utilizan registros en papel. Si bien existen variaciones en EE. UU., muchas jurisdicciones ya utilizan registros en papel verificados por los votantes y protocolos de auditoría sólidos. Recertificar el equipo electoral supone un desafío financiero para muchos estados, especialmente cuando las compras recientes pueden quedar inutilizables, y la Orden Ejecutiva no ofrece financiación para compensar estos costos. La experiencia internacional demuestra que La introducción de nuevos mandatos técnicos sin la preparación ni los recursos suficientes puede provocar fallos y confusión entre los votantes, poniendo en peligro la seguridad electoral.
7. La Orden Ejecutiva también limita el voto por correo al exigir que las papeletas se reciban antes del día de las elecciones. Actualmente, 18 estados y el Distrito de Columbia aceptan papeletas con matasellos del día de las elecciones. La Orden Ejecutiva se alinea con las tendencias mundiales en este sentido. Si bien países como Australia aceptan papeletas con matasellos del día de las elecciones, incluso si llegan más tarde, muchas democracias están adoptando la exigencia de que las papeletas se reciban antes del día de las elecciones.
Si bien la Orden Ejecutiva hace hincapié en el voto el día de las elecciones, la tendencia mundial apunta a ampliar los mecanismos especiales de votación (SVA), como el voto anticipado, el voto por correo y el voto móvil. Como muestra el Manual de SVA de IDEA Internacional, cuando están respaldados por marcos legales adecuados, capacidad operativa y transparencia, los SVA se convierten rápidamente en una modalidad de votación aceptada y apreciada. Inicialmente diseñados para grupos especiales o vulnerables, los SVA también abordaron una tendencia demográfica general de mayor movilidad. A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 aceleró la transición hacia la expansión de las SVA a la población general para preservar el derecho al voto. Recientemente, las SVA han ayudado a garantizar la continuidad del voto incluso para las personas desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos, como incendios forestales, inundaciones y tormentas. Una vez introducidas o ampliadas, su conveniencia suele hacerlas muy populares entre los votantes, ya que sirven como una herramienta importante para mejorar el acceso al voto.
8. La Orden Ejecutiva (OE) aplica medidas contra la financiación extranjera y el acceso al sistema para contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones. Estados Unidos ya cuenta con leyes vigentes para contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones. Aún más importante, las ciberamenazas y las campañas de desinformación requieren respuestas coordinadas e interinstitucionales, muchas de las cuales se han visto debilitadas por los recientes recortes presupuestarios federales. La desmantelación de programas como el Centro de Intercambio y Análisis de Información sobre Infraestructura Electoral (EI) y el Centro de Intercambio y Análisis de Información Multiestatal (MSI-ISAC) de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), o el grupo de trabajo sobre interferencia extranjera del FBI, que apoyaba a los funcionarios estatales y locales con inteligencia de amenazas y coordinación de la respuesta, corre el riesgo de socavar las propias reformas propuestas en la Orden Ejecutiva. Una reforma electoral eficaz depende de reforzar, y no fragmentar, estos esfuerzos.
Conclusión
Si bien algunas medidas de la Orden Ejecutiva reflejan objetivos legítimos, la experiencia internacional demuestra que las reformas precipitadas e impuestas desde arriba, sin la deliberación, los recursos, la infraestructura ni las salvaguardias adecuadas, pueden socavar la seguridad y la confianza electoral, y corren el riesgo de privar del derecho al voto a los votantes. Al promulgar importantes reformas electorales mediante una Orden Ejecutiva —sin deliberación legislativa ni amplio consenso—, la orden socava los principios fundamentales de las buenas prácticas de reforma electoral y los estándares internacionales, y corre el riesgo de comprometer la integridad electoral al priorizar el riesgo de fraude electoral —ya relativamente infrecuente— sobre la inclusión democrática y la transparencia.
