Alrededor de 4.6 millones de salvadoreños podrán votar en elecciones presidenciales el próximo 2 de febrero para el período 2014-2019. Los últimos sondeos de opinión indican que la contienda será cerrada y deberá resolverse en segunda vuelta –programada para el 9 de marzo– ya que ninguno de los candidatos alcanzaría el 50% más uno de los votos válidos.
Los principales aspirantes a la presidencia son el actual vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda originado de la guerrilla enfrentada en el conflicto armado de la década de los ochentas; el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), perteneciente a la derecha y partido ganador en las cuatro elecciones presidenciales entre 1989 y 2004; y el expresidente Antonio Saca (2004-2009), quien participa por la coalición Unidad integrada por los tradicionales Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) y por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), éste último surgido del transfuguismo de diputados de ARENA que se apartaron en 2009, meses después que el partido que gobernó desde el Acuerdo de Paz perdió las elecciones. Según las distintas encuestas, serán el FMLN y ARENA los partidos que tienen más probabilidades de competir en una segunda ronda de elecciones.
En cuanto al desarrollo del proceso electoral, algunos analistas coinciden en que se han presentado varias violaciones a la Constitución y a la ley electoral. A pesar que a inicios de 2013 entró en vigencia una ley de partidos políticos que prohíbe el financiamiento de empresas con participación del Estado o gobiernos extranjeros, se ha registrado un flujo significativo de donaciones en este sentido como consta en un estudio realizado por politólogos de la Universidad de Salamanca1. Otro caso a destacar es la intervención de la presidencia de la República en la campaña, tanto desde el discurso como en la compra masiva de espacios de televisión en los que se persuade a brindarle el voto al partido en el gobierno2. Al respecto, la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos el “prevalerse de sus cargos para hacer política partidista” (artículo 218) y el Código Electoral sanciona dicha práctica (artículo 226).
Si bien no existe una regulación eficiente para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos3, la conformación del TSE explica en buena medida el débil control que tiene sobre los partidos. De sus cinco magistrados, tres son propuestos por cada uno de los tres principales partidos políticos y dos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)4.
A esto se suma la denuncia que el principal partido de oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado sobre la supuesta utilización electoral de instituciones encargadas del combate a la corrupción como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República (CCR). Los casos de corrupción han sido presentados de forma selectiva a ciertas administraciones pasadas y expedientes con irregularidades y claros indicios de un mal manejo de fondos públicos no han sido atendidos.
En esta ocasión, se empleará por primera vez el voto en el exterior. De un rango entre 160 mil y 600 mil posibles electores en el exterior, alrededor de 10 mil salvadoreños tendrán la posibilidad de votar. La falta de información y educación en el tema es una de las principales razones de la baja participación. El mecanismo no fue implementado de forma universal y se restringe a ciertos países. Asimismo se han presentado problemas logísticos que han impedido a los salvadoreños en el exterior hacer uso de su derecho.
Algunos analistas indican que se ha dado una falta de una campaña de educación cívica por parte del TSE para promover la participación y el voto informado. Esta omisión se ha suplido con acciones aisladas de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, un esfuerzo del TSE a destacar positivamente es su colaboración con la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) para la realización de un debate entre los candidatos a la presidencia a inicios de enero de 2014, pese a que el formato impidió que hubiera intercambios o contraargumentos entre los candidatos o con otros actores.
Según distintos estudios de opinión, incluido el Latinobarómetro 2013, el problema que más preocupa a los y las salvadoreñas es la delincuencia y seguridad pública, y en un segundo lugar los problemas económicos. Según los mismos, las personas preocupadas por la inseguridad creen que este problema se puede controlar con el aumento de patrullajes, el aumento de policías, el endurecimiento de las leyes y la generación de empleos. Y aquellos preocupados por la economía esperan que haya más generación de empleo, que aumente la inversión en el país, y que haya más ayuda para las personas con dificultades económicas.
Por la Programa Regional de América Latina y el Caribe, con el apoyo de Luis Mario Rodríguez y Guillermo Miranda, Departamento de Estudios Políticos de FUSADES
1. Ferraro, A. y Rastrollo, J. (2013), ¿Clientelismo político en El Salvador? Estudio de caso de Alba Petróleos y sus empresas relacionadas.
2. Fusades (2014), “El uso indebido de los recursos del Estado en época electoral”, Posición institucional N° 24, Departamento de Estudios Políticos.
3. Fusades (2013), “La legitimidad e integridad del proceso electoral salvadoreño”, Boletín N° 12, Departamento de Estudios Políticos.
4. Ibid.
