Elecciones Presidenciales en Colombia

El 17 de junio, durante la segunda vuelta electoral, el 53.98% de los Colombianos eligieron a Iván Duque para ser su próximo presidente, un candidato pro mercado que también es considerado un protegido de Álvaro Uribe. Duque estaba 12 puntos por delante de su oponente, el izquierdista Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá DC y ex miembro de la guerrilla, que recibió el 41.81% de los votos, lo que igualmente sigue siendo un número notable en un país donde los partidos y candidatos de izquierda suelen recibir un apoyo escaso. 4.2% u 808.368 del electorado votaron en blanco, aunque en Colombia no existe una votación obligatoria, un resultado que según las encuestas fue porque ni Duque ni Petro representaron a los votantes porque ambos son "demasiado extremos". Duque y Petro no solo eran de lados opuestos del espectro político, sino que también entendían la implementación del proceso de paz en el país de manera opuesta. Vale la pena mencionar que, de acuerdo con la nueva ley electoral de Colombia, Petro y la fórmula vicepresidencial tendrán un asiento en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente, lo que significa que ya se espera una fuerte oposición en el mandato de Duque.

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Las elecciones Colombianas tuvieron lugar en el contexto del controvertido proceso de paz en el país. En 2016, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con una de las fuerzas guerrilleras más importantes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pone fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Aunque el acuerdo de paz fue generalmente aclamado, con el proponente del acuerdo, Juan Manuel Santos, incluso recibiendo un Premio Nobel de la Paz reconociendo sus esfuerzos, muchos Colombianos siguen divididos en el apoyo a su implementación. Por ejemplo, el 50,2% de la población rechazó el acuerdo con las FARC en el referéndum celebrado en 2016, donde se les solicitó que aprobaran o rechazaran el acuerdo. Las contrariedades se ciernen principalmente en tres ejes del acuerdo: a. la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará los crímenes cometidos por ex miembros de las FARC y podrá conceder la amnistía caso por caso; b. el pago de un asignación económica mensual a los miembros desmovilizados de las FARC; y c. la garantía de 10 curules para el partido político de las FARC en el Congreso de Colombia en las elecciones de 2018 y 2022.

Es interesante señalar que las recientes elecciones presidenciales también sirvieron como un barómetro para medir el apoyo al proceso de paz, así como para anticipar la situación de su implementación. Al analizar el mapa de las elecciones presidenciales y el referéndum de los acuerdos de paz, los colores que retratan el apoyo a Duque y la objeción a los acuerdos de paz son casi idénticos, es decir, el interior del país. Esto revela no solo la influencia de Uribe en esa parte del país, que se ha mantenido como uno de los más críticos del acuerdo de paz, sino que también da una idea del desafío que está por venir. Aunque Duque no es abiertamente contrario al acuerdo de paz, ha expresado su desacuerdo con algunos de sus ejes, por ejemplo, que exguerrilleros con curules condenados en la JEP deberán cederlas. La controversia, sin embargo, es que una revisión del acuerdo en este punto podría poner en peligro el proceso de paz en su totalidad, especialmente con respecto al principio de la participación política, que es de suma importancia y tiene como objetivo "cambiar balas por votos".

Además del acuerdo de paz, Duque también heredará un país que está atravesando un proceso de recuperación económica, con una expectativa de crecimiento de alrededor del 3% en 2018 y 2019, lo que significa que tendrá que enfocarse en políticas para abordar esta necesidad, algo que ha demostrado compromiso en su agenda de campaña, así como en su discurso de victoria. Colombia se unió recientemente a la OCDE después de cinco años de reformas importantes para alinear sus políticas con los estándares de la organización. Sin embargo, la reducción de la informalidad del mercado laboral, las brechas de género y la infraestructura tecnológica comprenderán las prioridades de Duque. Además, otro aspecto importante de su mandato de 4 años será la crisis migratoria de Venezuela, un tema que abordó sistemáticamente durante su campaña. Concentró su discurso en el cierre de la frontera, la posibilidad de dejar la UNASUR y la otorgación de permisos de trabajo temporales a los migrantes venezolanos, proponiendo el uso de USD 300 millones destinados al proceso de paz con las FARC para financiar la "atención humanitaria" de los refugiados en la frontera con Venezuela. De hecho, el tema de Venezuela estaba en el corazón de las elecciones de segunda vuelta y quizás el temor de "convertir a Colombia en Venezuela" (y la capacidad de jugar con él) fue uno de los factores decisivos de las elecciones presidenciales.

Un aspecto histórico de esta elección presidencial fue que eligió a la primera Vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez. La elección de Ramírez es un paso importante hacia la igualdad de género en la política en Colombia, que ocupa el puesto 131 del ranking de 2018 de la Unión Interparlamentaria (IPU, en inglés), solo después de Jordania y Rusia. En el ranking, los países se clasifican en orden descendente de porcentaje de mujeres en los parlamentos de los respectivos países. Sin embargo, se han dado pasos positivos en los últimos años. Por ejemplo, en el acuerdo de paz, la participación de las mujeres fue de suma importancia para el establecimiento de la primera subcomisión de género, las mujeres tienen un papel destacado en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el 43% de las delegadas de las FARC son mujeres, aunque el porcentaje del gobierno solo fue del 20%.

Otro aspecto importante de las elecciones presidenciales en Colombia fue la alta participación electoral en ambas vueltas. Durante la primera vuelta, el 53.38% de los votantes registrados emitieron sus votos, el más alto en el país en los últimos 20 años; igualmente, la participación electoral fue del 53,04% en la segunda vuelta, ligeramente inferior a la primera, pero la mayor participación electoral en las elecciones de segunda vuelta desde 1998. Adicionalmente, otro efecto extraordinario del proceso de paz es que hubo una reducción del 100% de las amenazas al orden público en esta elección, en comparación con las elecciones presidenciales de 2014, en las que la Misión de Observación Electoral registró nueve casos de terrorismo y once de amenazas. Las elecciones de 2018 fueron las primeras después de los acuerdos de paz y la tregua unilateral del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo armado en Colombia, que permitió el ejercicio del derecho al voto en paz.

En conclusión, vale la pena celebrar las primeras elecciones pacíficas en Colombia en años, aunque el mantenimiento de dicha paz requiere tanto la plena implementación de los acuerdos alcanzados hasta el momento, como también la participación activa de la sociedad civil y el gobierno. Los próximos meses serán decisivos para anticipar no solo el enfoque de las políticas gubernamentales, sino también para evaluar el enfoque hacia la consolidación de la paz en el país.