El próximo 2 de febrero los costarricenses están convocados a votar en las elecciones nacionales. En esta ocasión se elige al Presidente de la República en conjunto con dos vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa a través de listas cerradas y bloqueadas.
Los comicios se producen en un contexto político-social de bastante descontento ciudadano, lo que ha despertado mucha expectativa sobre las opciones partidistas en disputa por el poder. Los datos del Latinobarómetro (2013) para toda América Latina ponen en evidencia que en Costa Rica es donde más ha disminuido el apoyo a la democracia, con una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio entre 1995-2013. Asimismo, se destaca que es el país donde los gobiernos cuentan con menor aprobación ciudadana.
Las características presidencialistas del sistema costarricense restringen mucho el debate al poder Ejecutivo y relegan a segundo plano al Legislativo. En este sentido, en caso de que la Asamblea Legislativa continúe con un excesivo fraccionamiento y resulte en un gobierno de presidente minoritario, la fuerza electoral que se vaticina en las encuestas podría cambiar radicalmente la configuración de dicha Asamblea, así como las relaciones entre ambos poderes.
Además, el excesivo personalismo de la política costarricense ha impedido la formación de coaliciones que podrían contribuir a un tipo de política más estratégica, pero en general se observa una competencia política derivada de escisiones internas de los partidos que se reproducen en nuevos partidos con ideologías y actores similares. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales alcance 40% de los votos en la primera ronda, el excesivo fraccionamiento de los resultados electorales contribuiría a que la decisión final se produzca en una segunda ronda electoral. Esta situación se presentó por primera vez en Costa Rica cuando fue electo Abel Pacheco en 2002.
La fragmentación partidista se observa en la inscripción de partidos políticos. Para las elecciones presidenciales se encuentran inscritas 13 fracciones, encabezadas todas por hombres, lo que refleja que en términos de género el terreno ganado por la presidencia de una mujer ha retrocedido. Mientras que, para las elecciones legislativas, existe un total de 20 opciones partidistas, debido a que la oferta de actores varía en las distintas provincias.
Este pequeño recuento de hechos pone de manifiesto que la campaña electoral ha sido de las más sorpresivas en la historia reciente del país. La falta de recursos financieros, sobre todo de los partidos minoritarios o nuevos ha impulsado una campaña diferente, con menores intervenciones publicitarias masivas, aumento de visitas de los candidatos a las comunidades, importancia de las redes sociales y la generación de publicidad gratuita en los medios de comunicación masivos, entre otros factores. En esta línea, se desarrolla la campaña de José María Villalta candidato del Frente Amplio (FA), así como la de Luis Guillermo Solís candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC).
No obstante, como es característico en la política de masas, los temas de discusión se han mantenido en la superficialidad. En general, en los debates televisivos se han producido más ataques personales que un análisis de fondo sobre los problemas nacionales y la manera de solucionarlos desde la Presidencia de la República. En la etapa final de la campaña se ha observado una reducción de la discusión ideologizada hacia un tipo de debate más “atrápalo todo” por parte de todos los partidos políticos, incluidos los de centro e izquierda.
La intención de estos cambios en los discursos públicos de los candidatos reside en limitar la discusión que pueda herir las susceptibilidades del electorado costarricense. Es así que muchas de las demandas específicas emanadas desde los movimientos a favor de los derechos humanos, de las mujeres y de la población LGBTI se han visto diluidas por los partidos religiosos y por la búsqueda del centro en los discursos de los diversos candidatos.
Ya muchos analistas y estudios han demostrado el descontento ciudadano que existe actualmente en Costa Rica, muy diferente de la estabilidad política y social que caracterizó al país en el pasado. En este sentido, se identifican a continuación algunos aspectos propios del momento político-social en que se desarrolla la actual campaña.
1. Escenario de las encuestas
Los datos arrojados por las encuestas parecen mostrar una alta competitividad y volatilidad de los próximos resultados electorales, entre la disputa de actores tanto nuevos como tradicionales. Se trata de la tercera elección donde es posible reelegir presidente, y no hay ningún ex presidente que haya decidido participar en la contienda; no así en el caso de muchos candidatos recurrentes.
De acuerdo con el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (2014) la mayoría de las personas continúa indecisa —alrededor de 25%—, por lo que actualmente se observa un aumento en el gasto partidario en la campaña mediática. Además, cerca de 7% de los encuestados afirma que no van a votar.
De acuerdo con estos datos, la contienda electoral presidencial se debate entre el candidato de un partido que ya cuenta con dos periodos consecutivos en la Presidencia —Liberación Nacional (PLN)—, Johnny Araya, quien además personalmente cuenta con tres periodos consecutivos como alcalde de San José. En este contexto se plantea el continuismo como forma de gobierno, además de la reticencia a las nuevas opciones políticas característica de la sociedad costarricense.
Al contrario, la posibilidad de cambio la representa una alternativa de izquierda encabezada por José María Villalta, del FA, partido que en las elecciones presidenciales anteriores obtuvo 0,35% de los votos y que ahora se perfila en el segundo lugar en la lucha por la Presidencia de Costa Rica. No obstante las críticas que ha sufrido el abogado y ex diputado, por su juventud y las posturas más radicales del Partido, los analistas atribuyen su repunte a la necesidad de una nueva alternativa política en el país.
En las pasadas dos elecciones, el PAC significó esta “tercera vía”, no obstante que Luis Guillermo Solís no ha resultado favorecido en las encuestas, colocándose en el quinto lugar, después incluso de Otto Guevara, candidato del Movimiento Libertario (ML), quien en los últimos sondeos se ubicaba en el tercer lugar.
El tránsito del bipartidismo tradicional costarricense a un sistema de transición entre un partido hegemónico y un pluralismo moderado, ha hecho surgir una constante tensión entre la concentración del poder político liberacionista en la Presidencia y una evidente ingobernabilidad derivada de la alta fragmentación de la Asamblea Legislativa, junto con la incapacidad de generar coaliciones y la rigidez de las reglas del juego.
En este sentido, pareciera que en las elecciones de febrero se mantendrá el quiebre del voto, lo que disminuye la capacidad de negociación del futuro Presidente con la Asamblea Legislativa, así como la volatilidad electoral debido a la falta de lealtades partidistas, lealtades que solían caracterizar a los electores. Por ello, cualquiera de las opciones que elija el gobierno deberá fortalecer la negociación y el diálogo no sólo con su fracción sino también con la oposición con miras a cambiar el estancamiento político actual.
2. Rupturas internas dentro de los partidos políticos
La campaña ha sacado a la luz las múltiples tensiones internas que experimentan los partidos políticos, la falta de cohesión dentro de las papeletas, sobre todo para diputados, e incongruencia ideológica entre las élites políticas. La influencia y el escrutinio de los medios de comunicación y las redes sociales han abierto una ventana al interior de los partidos políticos, que trasciende el estigma de cohesión y devela que los candidatos no dirigen los partidos políticos.
El PLN es el partido político más institucionalizado de Costa Rica; continúa con un sólido apoyo a lo largo del territorio y ha logrado mantenerse en el poder a pesar de acusaciones de corrupción y de la crítica ciudadana. No obstante, es evidente que por las características mismas del partido afloren muchas tensiones y luchas internas. Este problema ha afectado al PLN desde antes de la campaña, especialmente por la reticencia interna de elegir al actual candidato. Además, es claro el distanciamiento con la mandataria Laura Chinchilla, quien derrotó a Araya en elecciones internas.
Con la renuncia del candidato presidencial Rodolfo Hernández, representante de la tendencia “Convergencia” a principios de octubre de 2013, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) resultó el actor más debilitado en este contexto. Más tarde, lo sustituyó Rodolfo Piza, quien había perdido las elecciones internas del PUSC en 2013. La renuncia de Hernández confirma las debilidades del partido, producto de los escándalos de corrupción que han involucrado a dos ex-presidentes.
Los partidos “minoritarios” tampoco escapan a esta situación. Tanto el PAC como el FA han experimentado problemas de base, debido a candidatos a diputados que han sido puestos en tela de juicio al interior de los partidos o desde los medios de comunicación. Para la opinión pública, estas rencillas internas se traducen en falta de cohesión y debilidad de los líderes para posicionarse dentro de sus propios partidos.
3. Nuevos votantes
De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones de este año contarán con más de 250.000 nuevos votantes. Es evidente que la disputa por atraer los votos de la población joven ha influido en el tipo de la actual campaña, así como la fuerte presencia de los partidos en las redes sociales.
El cambio que ha experimentado el padrón electoral implica también una erosión de las lealtades partidistas tradicionales de Costa Rica luego del clivaje de la guerra civil de 1948. Alrededor de 50% del actual padrón electoral está conformado por personas menores de 35 años, y los partidos deben elaborar estrategias de captación de apoyos distintas a las que existieron durante la etapa bipartidista costarricense.
4. Descontento ciudadano
A lo anterior hay que sumar la acumulación de tensiones sociales con respecto al alto costo de la vida y la creciente desigualdad social, la insostenible infraestructura vial del país, la ineficiencia de los servicios de salud, el clientelismo y la corrupción de las élites políticas, entre otros temas, que han estado presentes en los medios de comunicación y en las críticas de los ciudadanos.
En este contexto, el gobierno de Laura Chinchilla ha sido muy criticado por la sociedad civil, los medios de comunicación y, como es evidente, por la oposición política dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Las constantes críticas y protestas lograron incluso bloquear proyectos, entre ellos, la Concesión de la Ruta 1 en el tramo San José-San Ramón.
A pesar de lo anterior, el descontento ciudadano también se encuentra disperso y los costarricenses no están dispuestos a involucrarse totalmente en un proyecto político, sino más bien en demandas específicas. Esto hace que los núcleos de protesta resulten dispersos y efímeros, en lugar de sostenidos y sistemáticos.
5. Propuestas
En general, los planes de gobierno son congruentes con la ideología de cada partido y con los perfiles de cada candidato. Con respecto a la problemática de la infraestructura vial del país, los candidatos coinciden en que es importante concluir los proyectos que están en marcha, para luego empezar con nuevos. Asimismo, tanto el FA como el PAC dan prioridad a la mejora del transporte público como una forma de solucionar el problema vial del país.
En el campo de la salud, tanto el PAC como el PLN y el FA coinciden en la importancia de reforzar los servicios existentes. Mientras que, en el campo de la educación, los planes de gobierno son muy diversos. El énfasis del FA se encuentra en las condiciones laborales de los educadores. Para el PAC la importancia se encuentra en la reducción de brechas entre lo privado y lo público, así como entre lo urbano y lo rural. El énfasis del PLN se encuentra en la educación superior. El ML se concentra en la privatización, acompañada de becas.
Las diferencias también son evidentes en temas como el empleo. El Plan de Gobierno de Johnny Araya promueve la capacitación de jóvenes, personas con discapacidades y mujeres. Además pone el acento en mantener y fomentar obras comunales; mientras que el FA propone fortalecer el mercado interno con miras a democratizar la economía y otorgar incentivos a empresas que generen empleo digno, sobre todo en las costas.
En estos rubros, el programa de Otto Guevara del ML propone facilitar los trámites para mejorar la inversión, el acceso al capital y al financiamiento tanto a nacionales como a extranjeros. En este tipo de apoyo y fomento coincide con el PAC, aunque privilegia a la empresa nacional.
Los datos del Latinobarómetro (2013) confirman que el descontento ciudadano se debe también a los altos índices de corrupción, lo cual constituye una de las problemáticas más importantes en la Costa Rica de hoy. En este sentido, el tratamiento del tema debería ser una prioridad en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia. El FA propone dotar las instituciones de control al mismo tiempo que eliminar puestos y prohibir los privilegios. El PAC apuesta por la descentralización; mientras que el PLN apoya el trabajo desde el Ejecutivo a través de los ministerios. Por último, el ML aboga por la participación ciudadana en los controles posteriores.
Por la Programa Regional para América Latina y el Caribe, con el apoyo de María José Cascante (Máster en Estudios Latinoamericanos
