El Super Ciclo Electoral en América Latina y el Caribe

Flavia Freidenberg es una destacada politóloga y periodista, actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT (Nivel II). Por su destacada trayectoria y por sus líneas de trabajo sobre elecciones, partidos y sistemas de partidos, representación política de las mujeres, reformas electorales y democratización, desde IDEA Internacional quisimos conocer su mirada sobre el súper ciclo electoral que vivimos en Latinoamérica y el Caribe durante este año.

A juicio de nuestra entrevistada, esta temporada de elecciones, nos ha puesto de cara a desafíos comunes en la región como la desinformación y la polarización como estrategias políticas; la desconfianza en las instituciones electorales que, entre otros, “afectan el modo en que se hacen las elecciones y también las posibilidades de la democracia de poder generar marcos de convivencia pacífica”.

⁠¿Qué significó el súper ciclo electoral 2024 para América Latina y el Caribe? 

2024 representó un momento crucial para las democracias latinoamericanas, con más de 200 millones de votantes convocados a las urnas. La región formó parte del Super Ciclo electoral con procesos presidenciales realizados en El Salvador (febrero), Panamá y República Dominicana (mayo), México (junio), Venezuela (julio) y Uruguay (octubre y noviembre), además de otros procesos donde hubo sólo elecciones subnacionales (como en República Dominicana en marzo y en Chile y en Brasil en octubre y noviembre). En la mayoría de los países, las elecciones se celebraron con ciertos niveles de integridad, pluralismo y respeto a los resultados por parte de los actores políticos, en un contexto de descrédito y erosión de la democracia, vaciamiento del centro político, alta polarización tóxica y fuertes críticas hacia la política tradicional. Esta experiencia evidenció que las elecciones siguen siendo el mecanismo legítimo para seleccionar autoridades, dirimir los conflictos y activar el control político. Esto, en sí mismo, es una buena noticia para la región.

¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron los países de América Latina y el Caribe durante las elecciones de 2024? 

Los países han enfrentado retos comunes como la tendencia al uso de la desinformación y la polarización como estrategias políticas para movilizar apoyos; la desconfianza en las instituciones electorales; la cada vez mayor violencia política e incapacidad del Estado para garantizar mínimos de seguridad; la interferencia de actores externos a la contienda (como crimen organizado) y la profunda crisis económica y desigualdad social que atraviesa a los territorios. Todos estos fenómenos afectan el modo en que se hacen las elecciones y también las posibilidades de la democracia de poder generar marcos de convivencia pacífica.

Si bien la idea de encorsetar la realidad latinoamericana en olas o tendencias no siempre es una buena manera de entender lo que ocurre en la región debido a las profundas diferencias entre los casos nacionales, creo que hay una serie de elementos sistémicos y contextuales que pueden ayudar a identificar las semejanzas y las diferencias entre los sistemas políticos como: a) las condiciones de integridad electoral; b) las características de la competencia y la competitividad de la contienda; c) la participación de la ciudadanía y d) la capacidad de los gobernantes de retener el poder (reelección) frente al hecho de que ganen quienes les desafían.  

Primero, en relación a los niveles de integridad, dos de los países que celebraron elecciones se encuentran entre los de mejor integridad electoral de la región (Uruguay, Panamá). Frente a ellos, otros tres, precisamente carecieron de elecciones libres, justas y limpias (Ecuador, El Salvador y Venezuela), e incluso hubo algunos con altos niveles de violencia política -como en México con más de cien personas políticas asesinadas durante la campaña electoral o en Ecuador, donde uno de los candidatos presidenciales -Fernando Villavicencio- fue asesinado en medio de una campaña electoral muy violenta-. En tanto, en Guatemala, las elecciones se realizaron en medio de fuertes pugnas, donde élites políticas y económicas buscaron controlar los resultados a partir de la cooptación institucional, la manipulación de las reglas de juego, la proscripción de candidaturas y la persecución de periodistas, miembros de la judicatura y del propio candidato presidencial Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla. 

Segundo, los niveles de competitividad fueron bastante bajos, salvo en la segunda vuelta de Ecuador 2024, que tuvo menos de cinco puntos porcentuales entre las dos candidaturas más votadas, y la primera vuelta de Guatemala 2023, donde la diferencia fue de 5.59 puntos. En el resto, la diferencia ha sido mayor a los 6 puntos porcentuales (El Salvador, México, Panamá o República Dominicana), siendo los tres casos de reelección del incumbent y/o del partido en el gobierno los de menores niveles de competitividad (República Dominicana, 28.5; México, 32.2; y El Salvador, 78.2). Este elemento no es una cuestión menor porque evidencia diferentes niveles de pluralismo en la competencia. 

Tercero, no es posible identificar una sola tendencia de participación en las elecciones analizadas. Si bien no es lo mismo que el voto sea obligatorio con un alto nivel de sanción por no ir a votar (Ecuador) a que sea voluntario y/o que las sanciones sean débiles (Panamá, México), lo cierto es que la ciudadanía ha participado en los eventos electorales de manera variable. Mientras en unos casos la población habilitada para votar lo ha hecho sólo por encima del 50% (El Salvador, 52.6%; República Dominicana, 54.3% y Venezuela, 57.9%), en el otro extremo ha habido países donde la gente ha participado activamente por encima del 70% (Panamá o Ecuador). De ahí que resulte difícil -e incluso incorrecto- referirse a una masiva desconexión de la ciudadanía del proceso electoral. 

Finalmente, la evaluación sobre el éxito de las candidaturas desafiantes y el papel de los incumbents está dividida. Por un lado, en cuatro casos ganaron los incumbents, ya sea por la reelección inmediata del gobernante de turno (El Salvador, Venezuela y República Dominicana) o por la renovación del apoyo ciudadano al partido en el poder (México). En ellos, los candidatos-presidentes que buscaron la reelección, lo consiguieron (Nayib Bukele en El Salvador, Luis Abinader en República Dominicana y Nicolás Maduro), del mismo modo que el partido en el poder (MORENA en México, donde además ganó una mujer por primera vez en la historia). También hubo liderazgos desafiantes que ganaron luego de crear nuevos partidos de derecha (Ecuador); con partidos socialdemócratas (Guatemala; Uruguay) y con partidos taxis para candidaturas que reemplazaron en medio de la contienda a liderazgos impedidos de participar por cuestiones legales (Panamá).

⁠¿Qué cambios políticos significativos resultaron de las elecciones de 2024?

Las elecciones tuvieron impacto sobre la democracia. En varios países esos cambios han tenido que ver con un mayor protagonismo de candidaturas anti pluralistas e incluso antisistema político tradicional. En Ecuador, El Salvador, México o Guatemala, las candidaturas ganadoras fueron alternativas a la política tradicional. La elección del ecuatoriano Daniel Noboa implicó una sorpresa para un desgastado sistema de partidos que busca la alternancia entre los “mismos de siempre”. La reelección de Bukele, tras manipular las reglas de juego y la gobernanza electoral, consolidó su posición como un líder que desafía las normas tradicionales de hacer política y que gobierna al margen del respeto a los derechos humanos. Su reelección marcó la consolidación de un modelo con características autoritarias, pero con alto apoyo popular. En tanto, en eses mismo sentido, en Venezuela el mal modo de organizar y gestionar la gobernanza electoral ha radicalizado el autoritarismo en el país. Sin actas no hay resultados y el gobierno venezolano no ha podido dar cuenta de que sus discursos de ganadores se sostienen en resultados electorales válidos. 

En esa línea, pero desde una perspectiva diferente, la victoria de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, de la mano de los pueblos indígenas e intelectuales urbanos, supuso una exigencia de cambio en la política tradicional guatemalteca. Y, en Panamá, un nuevo grupo de candidaturas de libre postulación en torno al Movimiento Otro Camino (MOCA) a nivel presidencial y al Movimiento VAMOS a nivel legislativo, consiguió abrirse paso entre los partidos tradicionales que históricamente han controlado la política del país. Esa presión antipartidista generada en los diferentes países ha supuesto incluso la reconfiguración de las alianzas entre los partidos tradicionales, buscando unirse por ambiciones electorales entre quienes históricamente habían sido adversarios (como la coalición de gobierno en República Dominicana o la opositora en México). Varios de esos liderazgos (Bukele en El Salvador o Maduro en Venezuela) han empleado estrategias de polarización tóxica frente a sus adversarios, deslegitimando a la oposición de ejercer sus derechos. 

¿Cómo podrían estos resultados influir en la política regional en los próximos años?

Estos resultados podrían impactar sobre la política regional latinoamericana a partir de la reconfiguración de las alianzas regionales según los nuevos liderazgos, sus simpatías personales e ideológicas y de nuevos equilibrios en la relación con actores externos como Estados Unidos, China y/o la Unión Europea. Es más, estas elecciones le han dado un nuevo peso a la interacción tanto a los gobernantes de derecha en el poder (El Salvador, Argentina y su potencial alianza tras el éxito de un nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos) como de izquierda (eje México, Colombia, Brasil y Uruguay), a partir de nuevas interacciones respecto a su posible impacto en los mecanismos de integración regional como CELAC, Mercosur y/o la Alianza del Pacífico. Si bien la situación es más compleja que una simple división derecha-izquierda, como, por ejemplo, la relación entre Argentina, Uruguay y Brasil, que continúa siendo estratégica entre sus gobiernos; lo cierto es que esas simpatías personales e ideológicas (como la de Sheimbaum, Petro y Lula o la de Milei y Bukele) tienen un peso fundamental en las oportunidades de colaboración intrarregional y las dinámicas de alianzas futuras.