El dinero en la política, fondos difíciles de rastrear

En entrevista con Internacional IDEA en América Latina y El Caribe, Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa de Estado de derecho de Inter-American Dialogue, así como una reconocida voz en materia de derechos humanos, expresa su opinión sobre los retos del financiamiento político y la democracia.  

Tamara colabora con IDEA Internacional en la elaboración del informe Dinero en la política: el rol del sector privado en el fortalecimiento de la transparencia y la democracia en América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta América Latina en términos de financiamiento político y cómo afectan estos desafíos la legitimidad democrática?

Hay diversos desafíos que tienen que ver con la existencia (o no) de reglas y de mecanismos de control – y ello es importante en una región donde las normas sobre financiamiento de la política proliferan (limitamos los montos, el origen, etc.)- pero el cumplimiento con las normativas generalmente deja mucho que desear. Una deuda pendiente es, sin duda, analizar las lecciones aprendidas sobre los modelos que tenemos, pero dos de los desafíos centrales que enfrentamos hoy van más allá. En primer lugar, muchos de los fondos ilícitos circulan de manera oscura y sin transparencia, lo cual hace su regulación mucho más compleja; es importante pensar maneras innovadoras de abordar este problema. En segundo lugar, no existe un costo político reputacional claro por utilizar fondos indebidos. Aunque tengamos las mejores normas y los mejores mecanismos de control, no podremos avanzar con esta agenda si no logramos una movilización social que genere un costo político claro por aprovecharse de fondos ilícitos –y mientras eso ocurra, persistirá la sospecha de la opinión pública de que decisiones políticas se toman sobre la base de intercambios de dinero– por privados y por el crimen organizado –y ello es muy perjudicial para la idea elemental de la soberanía popular.

¿Qué papel puede jugar el sector privado en la promoción de la transparencia y la integridad en el financiamiento político, y cuáles son algunos ejemplos exitosos de esta colaboración en la región?

El sector privado puede jugar un papel fundamental en movilizar una discusión pública sobre esto por múltiples motivos, incluyendo que puede liderar con el ejemplo con regulación de donaciones privadas y cumpliendo con ellas; puede financiar iniciativas al respecto, y puede impulsar y motivar la participación de otros actores clave. Existen ejemplos en los cuales el sector privado lidera iniciativas importantes para fortalecer el Estado de derecho en la región, como por ejemplo su participación con sociedad civil en crear los debates presidenciales en Argentina, en el debate social sobre transparencia y el rol de una institución electoral independiente en México, en la legislación sobre transparencia y datos abiertos en Brasil, o en iniciativas sobre financiamiento político y transparencia en Chile.

El documento menciona la importancia de la cooperación entre agencias y países. ¿Podría detallar algunas estrategias efectivas para mejorar esta cooperación y asegurar la trazabilidad de los fondos políticos? 

La cooperación es efectivamente clave, no solo entre agencias y entre países, sino entre distintos niveles de gobierno. El tema de la trazabilidad plantea desafíos particulares porque hay fondos que se declaran o se relacionan con las campañas electorales, que son visibles y trazables, pero la realidad es que muchos de los fondos que se usan en política son difíciles o imposibles de trazar porque ocurren en la oscuridad. Hay que enfatizar las estrategias de cooperación que se enfoquen no solo en la prohibición de donaciones anónimas, por ejemplo, sino en cómo identificar y frenar la triangulación de fondos a través de diferentes jurisdicciones donde se pueden emplear sociedades fantasmas, ya que estos vehículos son un caldo de cultivo para el crimen transnacional y la corrupción.

¿Cómo pueden las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y las finanzas digitales, ser utilizadas para mejorar la transparencia y el control del financiamiento político?

La tecnología presenta riesgos y oportunidades, y una de las oportunidades es cómo usarla para analizar, procesar, y divulgar información financiera o tributaria que es masiva y difícil de procesar. Esto ha sido empleado exitosamente, por ejemplo, por periodistas de investigación que se han valido de algoritmos para encontrar alertas de financiación ilícita en ciertos contextos. Esto debería analizarse y tener un alcance mucho mayor dentro de la institucionalidad.

¿Cuál es el mayor riesgo para la democracia en América Latina y el Caribe en 2025? 

Hoy, tal vez el desafío más inminente que enfrentamos para la democracia en la región no es más el surgimiento de una dictadura pura y dura – que las hay – sino el auge de líderes autoritarios, que llegan al poder a través de elecciones con distintos grados de credibilidad, y una vez en el poder le dan la espalda a las garantías más elementales, como la independencia del poder judicial o instituciones independientes que velan por elecciones limpias o por la transparencia, o el trabajo de la sociedad civil y el periodismo independiente. En un contexto regional de muchas necesidades sociales y creciente inseguridad, la población busca respuestas, Independiente de que se hagan dentro del marco del Estado de derecho, se respeten los derechos humanos, o se proteja la democracia. Esto ha potenciado a algunos de estos líderes autoritarios, que prometen resolver (e incluso resuelven) los problemas de la población, pero lo hacen operando sin ningún freno o contrapeso interno y a costa de la institucionalidad democrática en su país.

¿Qué medidas pueden tomar las y los ciudadanos y la sociedad civil para aumentar la presión sobre los actores políticos y privados para que cumplan con las normas de financiamiento político?

La sociedad civil y el periodismo independiente tienen un papel clave para jugar, porque en muchos de nuestros países son el bastión que queda en pie ante el declive democrático, incluyendo, pero no limitado al tema del financiamiento político. Es fundamental apoyar su labor de monitoreo y que puedan seguir poniéndole el foco a lo que realmente ocurre en la región. Ello es muy difícil en un contexto donde se está limitando gravemente el acceso a financiación internacional. Es fundamental para afrontar los nuevos desafíos que la ciudadanía y la sociedad civil busquen formas de colaborar activamente, repiensen su estrategia para ser efectivos con los recursos humanos y financieros existentes, y establezcan alianzas con actores no tradicionales en esta materia. La conversación sobre financiamiento ilícito de la política no debe seguir siendo una de expertos, sino incorporar otros actores – y ese es uno de los motivos principales de este informe, que ojalá contribuya a una conversación distinta sobre este tema con participación del sector privado.

Entrevista realizada para el boletín de IDEA Internacional en América Latina y el Caribe: Democracia Hoy.