Chile 2023: Toda Elección es una Nueva Oportunidad

El próximo 7 de mayo la ciudadanía chilena vuelve a las urnas para elegir representantes constituyentes. En esta oportunidad serán 50 consejeros electos en paridad quienes tendrán la facultad de discutir, modificar y trabajar sobre el anteproyecto presentado por una comisión experta que, designada siguiendo la correlación de las fuerzas políticas en el congreso, ha venido trabajando hace algunos meses en una propuesta integral delimitada dentro del marco del acuerdo alcanzado por los partidos políticos en diciembre de 2022. Este es el segundo proceso constitucional al que se enfrenta Chile en un período de poco más de tres años y representa posiblemente el último intento por cambiar la constitución de 1980, escrita a puertas cerradas y promulgada durante el gobierno autoritario de Pinochet. 

Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

      Las diferencias entre el proceso que culminó con el rechazo de septiembre del año pasado y el que está en curso son significativas. A pesar de la pandemia, el clima general del proceso constituyente anterior denotaba una ciudadanía atenta, activa e involucrada que quería hacer parte de los cambios. Es interesante recordar que, en el plebiscito de 2020, con una participación histórica, un 78% de los ciudadanos eligieron embarcarse en el cambio constitucional. En el año 2021 las elecciones constituyentes permitieron, a partir de ciertas modificaciones al sistema electoral, que se incorporaran candidatos independientes, quienes terminaron conformando la gran mayoría de los convencionales electos. La convención estuvo así formada en gran medida por ciudadanos, que sin ninguna experiencia ni militancia política, quisieron hacer parte del proceso de escribir, desde cero, una nueva constitución. 
      El fracaso del primer proceso constituyente culminó en el rechazo de la propuesta constitucional y en una devolución de la responsabilidad a los partidos políticos, como garantes de la institucionalidad. En diciembre pasado, luego de varios meses de incertidumbre, los partidos acordaron las bases de un proceso constituyente 2.0 compuesto por dos órganos fundamentales: una comisión experta y un consejo constitucional. El primero de estos, designado por el Senado y la Cámara de Diputados comenzó a trabajar a principios de marzo. El segundo será electo por la ciudadanía el domingo que viene en una elección voto obligatorio.
     A diferencia del proceso anterior, en el cual el flujo de información respecto a la discusión convencional era constante, incluyendo transmisiones en vivo de los debates, audiencias y votaciones de todas las comisiones, el conocimiento de la ciudadanía respecto a lo que está trabajando la comisión experta es más bien escaso, sino nulo. La percepción general entre los votantes es que este nuevo diseño constitucional está ocurriendo a puertas cerradas, fuera del espacio político al que tiene acceso y muy aislada de la opinión pública. En este sentido, en relación con el cambio constitucional, predomina un escenario de desánimo y desafección, precisamente porque todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se habían sentido interpelados por un proceso constituyente abierto, participativo y popular, hoy sienten que el destino de la nueva constitución pasa por una discusión alejada, protagonizada por los partidos políticos en un ambiente legislativo restringido para la gente común.
     Esta distancia es tan grande que hay personas que ni saben que hay elecciones el domingo o que recién se están enterando a días de los comicios, varias encuestas revelan que la gente a favor del cambio constitucional ha caído de 80% a poco más del 50%. Pero esta no es una elección cualquiera, por el contrario, es una elección muy significativa pues definirá quiénes van a dar forma a la nueva constitución de la república. En parte, el hastío electoral de los chilenos es entendible. Contando desde el octubre del 2020, este es el séptimo llamado a votar en un período de 30 meses. En el medio de este ciclo electoral sin precedentes hubo además un cambio sumamente importante a partir de la reintroducción del voto obligatorio, aprobado en diciembre del año pasado. Si se tiene en consideración que Chile era uno de los países con la menor participación electoral de la región, y del mundo, este superciclo de elecciones a la cual todavía le resta el plebiscito final -para la aprobación o rechazo ciudadano- del 17 de noviembre, presenta el contexto perfecto para la fatiga electoral.
     Este cansancio, por un lado, se nota en la falta de ganas de la población de involucrarse en la discusión electoral. El clima de elecciones brilló por su ausencia en los primeros meses del año y recién se empezó a hablar de la importancia de este evento en las últimas semanas, cuando la fecha ya era inminente. Por otro lado, las elecciones de consejeros constitucionales no han logrado imponerse en la agenda política de coyuntura, donde prevalecen los temas relacionados a la inmigración, la seguridad y el narcotráfico, todos ellos empujados por la derecha que controla la mayoría parlamentaria. Esta agenda de coyuntura que domina la opinión pública produce un efecto de contaminación cruzada, desviando la campaña de lo puramente constitucional y promoviendo candidaturas en base a propuestas relacionadas con los temas de coyuntura. 
     Las encuestas de opinión pública recogen fielmente la sensación de la ciudadanía, indicando que más de la mitad de la población considera que el problema más importante del país es la delincuencia. Asimismo, más del 50% de las personas dicen no estar interesadas en el nuevo proceso constituyente. En este contexto político, y en el marco de una elección con voto obligatorio, es muy difícil pronosticar resultados, sobre todo porque es complejo predecir el comportamiento de nuevos votantes o de quienes habitualmente no se presentaban a votar. Sin embargo, es posible identificar algunos resultados esperables, por lo menos en cuanto a la correlación de fuerzas y a los votos que pueden llegar a obtener los diferentes sectores.
   Teniendo en cuenta la importancia que las personas le dan hoy a la agenda de seguridad y considerando particularmente que los partidos han hecho campaña basándose justamente en estos intereses, es esperable que la gran ganadora de la jornada electoral en término de consejeros sea la derecha. Es importante hacer la salvedad de que esto no se refiere solamente a la derecha tradicional chilena, representada por los partidos agrupados en el pacto que hoy se presenta como Chile Seguro, sino a todo el espacio político que aglomera a este sector, desde UDI, RN y Evópoli hasta los partidos de la derecha más extrema como el Partido Republicano (PRE) de José Antonio Kast y el Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi que tiene un perfil más populista atractivo para los votantes desencantados y antisistema. La intención de voto que arrastran estos dos últimos exponentes, amenaza con fragmentar el voto opositor, sobre todo si se tiene en cuenta que a nivel parlamentario es la derecha tradicional la que concentra la mayoría de los escaños. En la última encuesta de Criteria, entre los votantes que se identifican con la derecha, el PR cosecha una intención de voto cercana al 37%, mientras que entre los que no se identifican con ningún partido, el PDG tiene una intención de voto de 41%. 
      El gobierno de Gabriel Boric viene hace meses recibiendo porcentajes de aprobación mínimos. Ha tenido que recurrir a socios más experimentados, reformar el gabinete y ceder ante la agenda de la oposición en materia de seguridad a pesar de la reticencia del sector más duro de su electorado. Aun haciendo una buena elección, ni el Socialismo Democrático ni los sectores de la izquierda de Apruebo Dignidad, el colectivo del presidente, podrán alcanzar un número de consejeros que les permita imponerse con comodidad en la discusión constitucional. En cambio, se espera que la derecha quedará muy cerca de lograr los 3/5 necesarios para aprobar sus propuestas sin necesidad de demasiada negociación. Un resultado adverso, tendrá un impacto en el gobierno, sobre todo teniendo presente que en el proceso anterior el borrador final de la constitución había quedado muy alineado con su perspectiva. No ocurrirá lo mismo en esta oportunidad, ya que con un consejo constitucional conformado en su mayoría por representantes de la derecha, se vislumbra una posible constitución menos progresista.
      El desinterés de la ciudadanía con el nuevo proceso, la falta de información tanto respecto a las elecciones como a las etapas, órganos y funciones del proceso mismo, presuponen que la participación sea moderada, incluso en el contexto del voto obligatorio. Una baja participación está asociada a un cuestionamiento sobre la legitimidad del proceso, en tanto y en cuanto no resulte ser lo suficientemente vinculante para la gran mayoría de las personas. Si en el ejercicio de sus funciones el consejo constitucional no consigue acercarse a la ciudadanía, haciéndola de alguna manera partícipe del cambio, esto también podría convertirse en un lastre para el plebiscito de salida, poniendo en entredicho la validación del proceso y arriesgando un nuevo rechazo a la propuesta.
    En líneas generales, los resultados del próximo domingo posiblemente muestren una profundización del control de los partidos de la derecha sobre la discusión política y constitucional, así como un realineamiento de las fuerzas del gobierno en términos del nuevo equilibrio que se conforme entre la coalición del presidente y su principal socio político. A nivel de participación electoral, es esperable que más allá de la obligatoriedad, el porcentaje de personas que acudan a votar esté cerca del 70% del padrón. Además, como consecuencia de la falta de información específica sobre la votación de consejeros, en combinación con el voto obligatorio, es esperable observar un aumento de los votos nulos y de los votos en blanco. Finalmente, como se mencionó anteriormente, es muy factible que el relato de fondo sobre el cual se emita el sufragio no esté directamente relacionado con las propuestas constitucionales sino más bien orientado por la agenda de coyuntura dominada por los temas inmediatos que más le preocupan a la ciudadanía chilena.
 

Este artículo fue cedido para ser publicado en Café Semanal Latam.