La participación pública se ha convertido en un elemento central de los procesos contemporáneos de elaboración constitucional. A una participación sólida se le atribuyen una serie de beneficios, desde mejorar los comportamientos y las actitudes individuales respecto de la democracia, hasta modelar las dinámicas de negociación entre la élite, mejorar los contenidos constitucionales y fortalecer los resultados en favor de la democracia y la paz. Sin embargo, aún no se ha logrado establecer con claridad si la participación pública puede contribuir al logro de esos fines, ni cómo puede hacerlo. Gran parte de lo que se cree saber sobre la elaboración constitucional participativa permanece en el plano puramente teórico. No existen dos procesos iguales, ni hay acuerdo a la hora de definir qué es lo que constituye un “proceso participativo”.

No obstante, las personas responsables de la toma de decisiones a nivel nacional deben afrontar una pregunta clave: ¿qué es lo que constituye a un proceso de participación sólido en un país determinado, en un momento particular y en un contexto también particular? ¿Qué consideraciones y principios pueden derivarse de la experiencia comparada para guiar la toma de decisiones?
En este documento se examinan las formas y las funciones de la participación pública a lo largo de las distintas etapas del proceso de elaboración constitucional, y se consideran las maneras en que el compromiso público puede incidir en las dinámicas del proceso, incluidas las negociaciones políticas.