Proceso constitucional: desencanto ciudadano 2.0

Ad portas del día de la votación, es el momento idóneo para hacer un repaso a la trayectoria del actual proceso y, al mismo tiempo, entregar un par de proyecciones acerca de lo que podría suceder desde el 18 de diciembre. 

Configuración del nuevo proceso constitucional 

Gracias a un acuerdo originado en el Congreso Nacional, los partidos dieron luz verde a un nuevo proceso en base a las experiencias negativas de lo ocurrido en 2021-2022: doce ejes constitucionales, un Consejo Constitucional compuesto por 51 integrantes, regla de paridad, la conformación de una Comisión Experta multipartidista encargada de presentar una propuesta que sirvió como línea de base al Consejo electo, y un periodo de cuatro meses para el trabajo de los representantes. Uno de los aspectos positivos del actual proceso fue su mayor eficiencia, con un periodo de trabajo más acotado, dejando al mismo tiempo una propuesta sobre la cual trabajar en lugar de partir desde una hoja en blanco en comparación al proceso anterior. 

Las sorpresas llegaron tras la elección de mayo. La ciudadanía otorgó una abultada mayoría al emergente Partido Republicano. Por ende, la distribución de fuerzas fue totalmente asimétrica en favor de la derecha más radical. 

A pesar de que la Comisión Experta redactó un buen anteproyecto, se preveía que la derecha iba a hacer valer su mayoría, tal y como lo expresó el Consejero por la Región Metropolitana Luis Silva, quién relativizó el poder llegar a acuerdos con la minorías. Los temores de repetir los errores del pasado volvían a hacerse presentes, más todavía en un ambiente polarizado, marcado por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. 

Bastaron pocas semanas para dejar en claro que la posición de la derecha fue la de imponerse, al punto que la propuesta de nueva Constitución se alejó del trabajo de la Comisión Experta, quedando en el proyecto final tan solo un 22,6% del anteproyecto. El texto ha sido interpretado como un documento divisivo, con algunos avances, pero también con elementos identitarios asociados a la derecha radical y más cercana a la figura de Augusto Pinochet. 

La propuesta de nueva Constitución 

Dentro de su articulado, la propuesta posee pasajes polémicos, tales como el riesgo de la continuidad de la ley de aborto bajo tres causales, la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales, el respeto a las actividades que “dan origen a la identidad de ser chileno” , la constitucionalización del sistema privado de pensiones, la objeción de conciencia y que los detenidos por crímenes de lesa humanidad en dictadura cumplan su condena fuera de prisión.  

El texto también incorpora la eliminación de las contribuciones o impuesto a la vivienda, favoreciendo así a los sectores más ricos del país en desmedro de los más pobres, cuyas comunas dejarían de recibir importantes recursos. Se estima que la eliminación de las contribuciones reduciría los presupuestos municipales en un 64%.

En lo que a representación y gobernabilidad se refiere, el texto no incluye la paridad de salida en cargos de representación popular, se reduce el tamaño del Congreso de 155 a 138 integrantes sin una justificación clara entre quienes apoyaron la iniciativa. Asimismo, el umbral de un 5% en la votación de los partidos para integrar el Congreso no resolvería los problemas de gobernabilidad, dado que se optaría por la fusión de partidos. Como régimen de gobierno, el texto propone un exacerbado presidencialismo. Esta propuesta de sistema político ha causado el rechazo por parte de destacados académicos.

Dentro de los avances destaca el reconocimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, avances en materia medioambiental e iniciativas en materia de transparencia y modernización del Estado, aunque sin la posibilidad de fiscalizar a las instituciones privadas que sean receptoras de fondos públicos. 

La campaña y lo que dicen las encuestas

Entre los aspectos negativos, la propuesta que se someterá a plebiscito no es un proyecto de consenso. Esto último ha llevado a divisiones y giros, especialmente en las filas opositoras al gobierno de Gabriel Boric. 

A favor de la propuesta se encuentran los partidos de derecha: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evopoli y Republicanos. No obstante, el Partido Republicano ha sido el principal damnificado, estando en contra de cambiar la Constitución en un primer momento, pero, tras tomar el control del proceso constitucional, han apostado su capital por la aprobación del texto. Esta decisión dividió al partido, llevando a una fuga de militantes, incluyendo a su único Senador. En contra del texto se ubican los partidos de izquierda que condujeron el anterior proceso constituyente, vinculados al gobierno de Gabriel Boric más partidos de centro como el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana.  

La campaña se puede evaluar como muy poco informativa respecto al texto y enfocada en los indecisos. Quienes llaman a votar a favor, han centrado su campaña en atacar constantemente al gobierno, especialmente en temas de seguridad, crimen organizado, control de la migración y por la explosión de casos de corrupción a raíz del llamado Caso Convenios. Por su parte, el oficialismo ha enfocado su narrativa en los potenciales retrocesos que podría traer la propuesta, apostando especialmente a que el plebiscito sea una evaluación hacia la figura del líder republicano José Antonio Kast.

Las encuestas de opinión pública muestran una inclinación hacia la opción En contra, tal y como lo muestra el gráfico 1.  

 

Todas las encuestas muestran una tendencia en contra del texto. No obstante, las encuestas Cadem y Pulso Ciudadano registran un crecimiento de la opción A favor. En el caso de Cadem, entre septiembre y noviembre, la opción ha subido de 17 a 38 puntos porcentuales. En la encuesta Pulso Ciudadano, desde septiembre hasta noviembre se ha experimentado un alza de 11,3 a 26,7 puntos. En resumen, los sondeos muestran que todavía queda un importante volumen de indecisos, por lo que la última palabra todavía no está dicha.  

A nivel de opinión pública, existe una creciente evaluación negativa del proceso constitucional, como se aprecia en el gráfico 2.
 

De manera complementaria, las expectativas de la nueva Constitución como mecanismo para resolver los problemas de Chile ha ido cayendo sostenidamente. De acuerdo a la información del gráfico 3, en 2019 la mayoría opinaba que una nueva Constitución podría ser parte de la solución, sobre todo a raíz del llamado estallido social de 2019. Pese a esto, hoy nos encontramos en el nivel más bajo, por lo que una nueva Constitución ya no es visto como un insumo para resolver los problemas de un país que tiene sus preocupaciones en la crisis de seguridad, el crimen organizado, la economía y la lucha contra la corrupción. 

 Gráfico3

Proyecciones

Pese a que los distintos sectores han señalado que la puerta del proceso constituyente quedará cerrada, no hay garantías de que aquello ocurra. Por una parte, de triunfar la opción A favor, habrá que colocar los esfuerzos en perfeccionar el texto junto al diseño de las leyes que deberán acompañar a la Carta Fundamental. En el caso que gane la opción En contra, posiblemente se explore la posibilidad de hacer una reforma profunda a la Constitución actual, más ahora que los umbrales de aprobación son menos exigentes que hace dos años atrás. 

En lo que al sistema de partidos se refiere, la diferencia en el resultado será sumamente importante de cara a las elecciones municipales de 2024. Si se impone la opción A favor, esto será interpretado como el apoyo mayoritario de la ciudadanía a las ideas de la derecha más radical, especialmente el Partido Republicano. Sin embargo, en caso de perder, si la diferencia es estrecha, el fracaso no será total ya que habrán utilizado el proceso constitucional para construir una identidad de partido, siendo el texto rechazado su programa de gobierno. Si la derrota es inapelable, la derecha hipotecaría sus chances electorales, principalmente si su afán es recuperar municipios emblemáticos y ganar las próximas elecciones presidenciales. 

En lo que al oficialismo se refiere, una derrota en el plebiscito sería un duro golpe en la línea de flotación de un gobierno que no logra repuntar en las encuestas y que ha sido mal evaluado en su lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Posiblemente surjan nuevas voces solicitando un cambio de gabinete. Si el proyecto de nueva Constitución se rechaza por un amplio margen, el gobierno tendrá un breve espacio de tiempo para reimpulsar su agenda, especialmente para retomar las reformas que se encuentran paralizadas en el Congreso. Si la diferencia es estrecha, es posible que la derecha siga controlando la agenda, por lo que la única tarea por delante por parte del oficialismo sería la de administrar el Estado hasta terminar con su mandato. Finalmente, tampoco hay que descartar que el rechazo al texto sea realmente una señal de rechazo a toda la clase política en su conjunto, lo que sería el desfonde del sistema de representación tal y como lo conocemos, abriéndose la puerta para proyectos populistas que tomen la antipolítica y el distanciamiento de las élites como principal bandera de lucha.