Elecciones locales en Colombia: Petro pasa al tablero

Durante años la democracia colombiana soportó los señalamientos en que se le definía como un sistema político cerrado, porque no se permitía el ascenso político de nuevas expresiones políticas, en particular de la izquierda. Sin embargo, las elecciones territoriales de 2019 sirvieron de antesala para terminar de desmitificar dichas conjeturas, pues las alcaldías de las principales ciudades del país fueron ganadas por candidatos que se presentaron por agrupaciones políticas de izquierda.  

El triunfo de la izquierda en las elecciones locales de 2019, los problemas de la dirigencia de derecha para definir nuevos liderazgos y la reconfiguración de gran parte de la clase política nacional y subnacional en favor de Gustavo Petro, sentaron las bases para su posterior consagración en las elecciones presidenciales de 2022. Es decir, que las elecciones locales suelen ser una antesala de lo que puede pasar años después en las elecciones nacionales, y proyectar los principales liderazgos.

Con la llegada de Petro al poder dio inicio el “gobierno del cambio”; en clara alusión a que había que hacer borrón y cuenta nueva en la mayoría, sino en todos, los sectores sociales y productivos del país. Esta convocatoria a un gobierno de cambio fue acompañada inicialmente por gran parte de los partidos políticos, exceptuando el uribismo. Pese a lo anterior, la supermayoría conformada en el Congreso de la República, en torno a las políticas propuestas por el presidente Petro, nutridas por la repartición burocrática, no llegaron ni siquiera a los seis meses. A pesar de la aprobación de una importante reforma tributaria y del plan nacional de desarrollo, la ruptura entre el gobierno y los partidos que inicialmente manifestaron que iban a apoyar la agenda gubernamental se dio de forma rápida y contundente.

Ante este panorama, surgen algunas inquietudes que trascienden el momento electoral, y nos enfrenta a posibles efectos de estas elecciones en la salud de la democracia colombiana. Aquí se mencionarán tres: uno, relacionado con la vitalidad de los partidos y movimientos políticos colombianos; otro, revisará las implicaciones de estas elecciones en la estabilidad democrática de los departamentos y municipios colombianos; finalmente, se examinarán los efectos de la criminalidad y violencia política sobre este proceso electoral.

Contexto electoral: hacia el 29 de octubre

El 29 de octubre de 2023 cerca de 39.000.000 de colombianos tendrán la oportunidad de votar en las elecciones subnacionales colombianas, para elegir a 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 32 gobernadores, 418 diputados y 6.885 ediles de Juntas Administradoras Locales (en algunos municipios). Aunque se espera que, de esos 39 millones de posibles electores, asistan a las urnas poco más de la mitad. Es decir, que, 20 o 25 millones de colombianos tendrán que elegir entre los 132.553 candidatos inscritos. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la mayoría de los candidatos lo hicieron con el aval de un partido político 118.317 (89,26%); mientras que 12.773 (9,63%) lo hicieron bajo la figura de coaliciones electorales entre dos o más agrupaciones políticas; solo 1.440 (1,08%) se inscribieron mediante la presentación de firmas, y la constitución de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC); finalmente, 23 candidatos lo hicieron avalados por movimientos sociales.

La salud de la democracia en tres actos

De los anteriores datos, surge una primera advertencia acerca de la salud de la democracia colombiana. Aunque los partidos y movimientos políticos siguen siendo los preferidos por la clase política para inscribirse como candidatos, ya que, entre otras, no los obliga a incurrir en el pago de pólizas de seriedad, en los últimos procesos electorales se han incrementado las coaliciones electorales y los grupos significativo de ciudadanos.

¿Qué implicaciones tienen ambos fenómenos? Respecto a las coaliciones, algunas de estas le han servido a los partidos y movimientos políticos para enfrentar a outsiders fortalecidos, o para crear conglomerados electorales. Sin embargo, el principal riesgo de estas coaliciones lo constituye la convergencia netamente electoral, que no incluye postulados programáticos o ideológicos, y que, por ende, se queda en transacciones burocráticas. A la larga estas acciones debilitan las etiquetas partidarias de los partidos, y favorece el creciente descrédito hacia ellos que registran las encuestas de opinión pública.

De otra parte, en lo que atañe a los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), cabe resaltar la importancia que esta figura ha adquirido en los últimos procesos electorales colombianos, tanto nacionales como subnacionales, pues no solo permiten que nuevas expresiones políticas puedan presentar candidatos, sino que le da la oportunidad a candidatos de la clase política para apartarse de los partidos políticos tradicionales. En su momento Germán Vargas Lleras, fundador del Partido Cambio Radical y exvicepresidente, se presentó a las elecciones presidenciales por un GSC, tratando de enviar el mensaje, de forma errónea, de que no tenía origen en un partido. La creciente decisión de los candidatos de presentarse a elecciones por medio de un GSC también obedece a ciertos grises jurídicos que otorgan mayores beneficios respecto a los partidos en materia de publicidad electoral y financiación de campañas.

La segunda advertencia para la salud democrática tiene que ver con los efectos del gobierno Petro y su relación con los futuros gobiernos territoriales. La mala calificación que los colombianos le otorgan al gobierno de Petro, actualmente con una aprobación del 30%, alejó a gran parte de la clase política territorial de su Pacto Histórico (Invamer Octubre 2023). Aunque el petrismo se ha acercado a diversos candidatos, no todos quieren recibir la bendición presidencial. Aunado a lo anterior, se prevé que las alcaldías que en 2019 fueron ganadas por la izquierda, retornen a gobiernos de centro o de centro derecha.

Según la mayoría de las encuestas, las principales ciudades de Colombia, tendrán alcaldes que no se encuentran alineados con los intereses del presidente. En el caso de Bogotá, el candidato con mayor opción de ganar es Carlos F. Galán (hijo del asesinado candidato presidencial liberal de 1990), tendría un enfrentamiento continuo con Petro por el diseño de la primera etapa del metro. En Medellín, el candidato que está punteando las encuestas es Federico Gutiérrez, quien fue su principal contendor y terminó tercero en las elecciones presidenciales de 2022. En Barranquilla se espera que los Char, grupo político opositor a Petro, vuelvan a ganar las elecciones. En Cali, uno de los principales fortines del petrismo (en donde inició el estallido social en contra del expresidente Duque en 2021) es probable que las elecciones las gane un contradictor del petrismo. Estos triunfos electorales de candidatos relativamente ubicados en la “oposición” de Petro pueden llevarnos a una crisis institucional grave, ya que Petro ha planteado de forma indirecta que su gobierno no apoyará obras o políticas que no estén alineadas con las de su gobierno.

La tercer y última advertencia a la salud democrática de Colombia en estas elecciones tiene que ver con los niveles de violencia política, la corrupción electoral y otros males propios de un país en conflicto (con diversos procesos de paz avanzando con ciertos reveces). De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, cerca del 30% de los municipios de Colombia tienen algún nivel de riesgo por violencia política, y casi que se duplica el número de municipios con riesgo extremo respecto a las elecciones de 2019 y las nacionales de 2022. Aunado a lo anterior, la mitad de los municipios de Colombia se enfrentan a algún nivel de riesgo por fraude electoral. Tal es la magnitud del fenómeno que el Registrador ha advertido que las autoridades electorales están teniendo dificultades para organizar las elecciones en al menos 20 municipios.

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En ambos casos, lo que se observa es un intento por parte de los actores ilegales de cooptar el Estado, desde lo subnacional. En ese sentido, las elecciones terminan siendo un medio para que actores ilegales lleguen a los gobiernos territoriales, se apropien de las finanzas, y a su vez utilicen el aparato estatal para lavar dinero. Por supuesto, este tipo de prácticas afectan el ejercicio democrático, minando las bases de la representación política, e imposibilitando la implementación de ciertas políticas públicas del estado. Todo lo anterior, en un contexto en el que además en diversas campañas electorales se observa el uso excesivo de recursos, que aparte de no ser reportados ante el Consejo Nacional Electoral, conducen a una pregunta sobre su legalidad de origen: en qué momento, de los cuatro años de gobierno, la tasa de retorno entre el sueldo de un gobernante y los recursos invertidos en campaña se ponen en la misma balanza.

En conclusión, las elecciones territoriales del 29 de octubre servirán para medir al gobierno de Petro, y el futuro de sus políticas. Es altamente probable que los resultados poco favorables a los candidatos de Petro afecten directamente las fuerzas políticas en el Congreso, y por ende la agenda de reformas sociales que busca desarrollar el gobierno nacional. De igual forma, y teniendo en cuenta las encuestas, en las que en gran parte del territorio no solo pierden los candidatos del gobierno nacional, sino que ganan sus opositores, se esperan dos largos años de tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales (en especial, en las principales ciudades), en detrimento de proyectos clave para el desarrollo territorial. De ser así, ¿podría sentarse las bases para el regreso en 2026 de la centro derecha al Palacio de Nariño o será finalmente la oportunidad para el centro político?
 

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