El tablero político de Colombia: Juegos de poder y violencia

Las elecciones subnacionales de 2023 en Colombia se realizarán en octubre marcadas por persistentes continuidades y, a su vez, cambios relevantes en la dinámica los actores políticos y en las reglas de juego institucionales y electorales. Estas variaciones cobrarán protagonismo en los comicios de octubre. Destacan tres factores centrales que darán forma a la competencia política y al pulso por el control local y regional, escenarios donde se decidirá el destino de alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas. 

Por un lado, es ineludible atender a las mutaciones en el paisaje de las fuerzas políticas nacionales, fruto de la victoria de la campaña del Pacto Histórico en las elecciones nacionales de 2022. Por otro, la controvertida "feria de avales", impulsada sin mayor discernimiento por entes como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo del Estado, ha ampliado la oferta partidista sin un diseño electoral reflexivo y mucho menos informado. Estas acciones, lamentablemente, han desdibujado los avances logrados para limitar el personalismo en política y otorgar coherencia ideológica al sistema de partidos, avances que la reforma electoral de 2003 había conseguido consolidar en cierta medida. Y, con no menos importancia, el fenómeno que ha sombreado tres décadas de elecciones en Colombia se mantiene: la violencia política. Una amenaza que se había atenuado en los últimos años, pero que parece agudizarse en estas elecciones, según señalan alertas de entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo.

En primer lugar, es preciso subrayar que la renovación política tuvo lugar tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Estos movimientos en el tejido del poder político colombiano, antes fuertemente arraigados en partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador, y sus derivaciones tales como el Partido de Unidad Nacional (Partido de la U), Cambio Radical y aquellos surgidos del uribismo como el Centro Democrático, marcan un paso significativo. La evolución, o incluso la constancia, en la composición legislativa, puede atribuirse a diversos factores. Estos incluyen emergentes divisiones políticas, reformuladas reglas electorales, dinámicas internas de los partidos y sus candidaturas, así como coyunturas políticas y sociales que configuran nuevas formas de disputa política.   

En relación con esto, una de las sorpresas que trajeron las elecciones de 2022 es que, por primera vez en la política colombiana, ni el Partido Liberal (PL) ni el Partido Conservador (PC), y tampoco aquellas agrupaciones que brotaron de su raíz, como Cambio Radical (CR) y el Partido de la U (La U), o incluso las emergentes fuerzas de derecha como el Centro Democrático (CD), dominan completamente la escena legislativa (CNN, 2022; Duque Daza, 2022). Fue la coalición del Pacto Histórico (PH), un abanico de partidos y movimientos de izquierda, la que más sillas ocupó en el Senado, con 20, y se posicionó como segunda fuerza en la Cámara de Representantes, con 27 escaños. Sin embargo, no debemos eclipsar la relevancia de PL y PC: con 14 y 15 curules en el Senado y 32 y 35 en la Cámara, respectivamente, su fuerza en el escenario político de Colombia sigue siendo robusta y definitoria. Por su parte, el CD, partido que precedió en el gobierno, y CR, experimentaron las mayores pérdidas en comparación con los comicios de 2018.

Por consiguiente, en el reciente panorama político de Colombia, la renovación del legislativo y el arribo a la presidencia de Gustavo Petro y Francia Márquez significaron una profunda transformación del escenario político. Estamos en presencia de dos acontecimientos que desnudan un giro inédito en la política nacional: la primera vez que un binomio presidencial de izquierda se gana la presidencia y, por ende, un distanciamiento radical de la tradición liberal-conservadora. A ello se suma la peculiaridad del dúo Petro y Márquez: un exguerrillero y una mujer afrocolombiana que, juntos, rompen moldes al ganar la presidencia y vicepresidencia.

Los derroteros de la política colombiana apuntan hacia una bifurcación. Podríamos estar en la antesala de una continuidad o de un cambio drástico en la política regional y local, y ambos escenarios tienen su lógica.

 Recordemos que, en las elecciones locales de 2019, los partidos tradicionales como el Conservador y el Liberal, junto con el Centro Democrático, se llevaron la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones. No obstante, la fuerza de estos dos partidos tradicionales mostró signos de debilidad al compararla con su desempeño en 2015. Por otro lado, el CD y la Alianza Verde ganaron terreno, poniendo de manifiesto una diversificación del tablero político.

De cara a 2023, hay dos escenarios plausibles: o el nuevo paisaje político nacional, representado por la emergencia del Pacto Histórico y la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, se filtra hasta las raíces del poder local y regional, o persisten las tendencias vistas en las elecciones de 2019. Este último caso sería un testimonio de la resistencia y resiliencia de los partidos tradicionales y partidos de derecha en el sistema político subnacional. Es incierto prever si la oleada de cambio que sacudió la política nacional tendrá su correspondencia en las arenas locales. Elementos como el Pacto Histórico, que carece de antecedentes de competencia electoral en el ámbito subnacional, o los partidos de reciente creación que han ganado personería legal desde 2019, hacen difícil emitir un pronóstico. 

En diversas regiones de Colombia, el Pacto Histórico ha enfrentado desafíos para articular candidaturas entre sus distintos partidos miembros. Esto ha complicado la llegada a consensos para la selección de candidatos a gobernaciones y alcaldías, por lo que su principal estrategia ha sido la formación de alianzas. A su vez, el Pacto se presenta en estas elecciones en un papel inédito: como partido de gobierno. Es una situación peculiar, ya que muchas de las figuras y partidos que lo conforman, tradicionalmente, desempeñaron roles opositores al gobierno central, si acaso aliados circunstanciales. 

Esta dinámica tiene un doble filo que podría jugar a favor o en contra. Por un lado, los candidatos del Pacto pueden destacar una relación de cooperación estrecha con el gobierno nacional en caso de ser elegidos con la una mayor facilidad de aprobación de proyectos desde el Estado nacional. Pero, por otro, podrían verse afectados por el desgaste inherente al ejercicio del poder, especialmente en un contexto de inflación elevada y desaceleración económica. En contraposición, los partidos opositores podrían intentar posicionar las elecciones locales y regionales como un referendo sobre la administración nacional. Aunque este enfoque puede tener peso en grandes ciudades, donde alcaldes asociados a partidos del Pacto Histórico no hayan mostrado resultados óptimos, se enfrenta a la realidad de que, en elecciones nacionales, los temas regionales y locales suelen eclipsar a los nacionales. Por lo tanto, el intento de trasladar el desgaste político a candidatos locales y regionales tiene sus límites. 

En la dinámica electoral de Colombia, los partidos tradicionales han mantenido un protagonismo significativo, lo que plantea interrogantes sobre si los cambios observados a nivel nacional se reflejarán en contextos regionales y locales. Históricamente, ciudades capitales han optado por candidatos de partidos en oposición al gobierno nacional. Ante esto, surge la pregunta: ¿Continuará esta tendencia? Las actuales cifras de popularidad de Federico Gutiérrez en Medellín y la posibilidad de una posible victoria de Carlos Fernando Galán en Bogotá pueden ser un indicativo para prever esta continuidad.

El contexto político de Colombia, atravesado por la incertidumbre en la configuración del poder local y regional, se ha visto exacerbado por la irrupción de nuevos partidos y la revitalización de antiguas plataformas. 

Un claro ejemplo es la decisión de la Corte Constitucional a favor del Partido Nuevo Liberalismo. Aunque el caso del Partido Unión Patriótica en 2013 fue un precedente similar, este último fallo estuvo estrechamente ligado al Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, buscando abrir espacios democráticos a nuevas fuerzas políticas. Así, partidos como el Partido Comunista, Salvación Nacional y Oxígeno Verde ganaron reconocimiento legal. A partir del estatuto de oposición instaurado en 2018, también se otorgó personería jurídica a Colombia Humana, Fuerza Ciudadana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Sumado a ello, emergieron partidos como Dignidad (anteriormente parte del Polo Democrático Alternativo) y La Fuerza de la Paz (anteriormente en la Alianza Democrática Amplia).

Este aluvión en la creación de entidades partidistas ha llevado a una fragmentación en el sistema de partidos. Se ha potenciado, además, por mecanismos como las coaliciones entre partidos y los movimientos significativos de ciudadanos, como apuntan estudios de Uribe et al. (2022). Las coaliciones han permitido a ciertos partidos superar el umbral electoral, y en algunos casos, como con Independientes o Todos Somos Colombia, han reclamado personería jurídica. Por otro lado, los Grupos Significativos de Ciudadanos, efímeros por naturaleza, suelen carecer de arraigo electoral y pueden ser fruto de ambiciones personalistas.

Un elemento adicional es que muchas de las recientes colectividades reconocidas son lideradas por figuras regionales sin presencia significativa a nivel nacional. Por ejemplo, Fuerza Ciudadana con Carlos Caicedo en Magdalena y la costa Caribe, En Marcha con Juan Fernando Cristo en Norte de Santander, Independientes con Daniel Quintero, y Creemos Colombia con Federico Gutiérrez en Antioquia. No olvidemos a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, asociada a Rodolfo Hernández en Santander. La emergencia de nuevos partidos y plataformas en Colombia, a primera vista, puede parecer un signo de fortaleza democrática y pluralismo. Sin embargo, es esencial diferenciar entre cantidad y calidad. Aunque una multiplicidad de actores políticos podría sugerir una representación más diversa, esta expansión puede llevar a una fragmentación, debilitando la cohesión política y abriendo oportunidades para que actores armados aumenten su influencia en el sistema político.

La evolución del panorama político nos introduce en una tercera dimensión: el incremento de la violencia política.

 A pesar de que el histórico proceso de paz con las FARC-EP trajo consigo una significativa disminución de la violencia electoral, los acontecimientos de violencia han resonado con fuerza en tiempos recientes. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha proporcionado cifras al respecto. De acuerdo con esta organización, durante el año 2022 se registraron 95 incidentes de naturaleza violenta, que abarcan desde amenazas hasta desapariciones. Sin embargo, para el 2023, y solo contabilizando hasta el 29 de julio, ya se reportan 333 hechos de esta índole, traduciéndose en un auge de la violencia política de un alarmante 250.53% que amenaza que el ejercicio de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y ciudadanas, así como la trasparencia de la democracia subnacional.
 

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En los datos de la MOE, las amenazas constituyen la mayoría de los incidentes, abarcando un 64,02%, indicando una prevalencia alta de intimidación. Le siguen los asesinatos, con un 21,73%, demostrando un alto grado de agresión letal. Los atentados representan el 11,21%, mostrando un intento significativo de daño. Aunque los casos de desaparición y secuestro representan proporciones menores, cada uno con el 1,40%, son preocupantes por la gravedad de sus implicaciones. Por último, la violencia contra las mujeres en la política (VCMP), también con un 1,40%, refleja un problema específico y alarmante en el entorno político.

Mientras tanto en el Estado Nacional, se observa una marcada divergencia en la valoración de los riesgos electorales. La Defensoría del Pueblo, órgano encargado de la protección y promoción de los derechos humanos, ha emitido una alarma sobre el tenso clima pre-electoral. Hasta la fecha, al menos 26 candidatos han sido asesinados. Además, de los 1.102 municipios del país, 399 enfrentan un alto riesgo de violencia por parte de grupos armados ilegales que pueden interferir en las elecciones de estos, 113 municipios se encuentran en un nivel de riesgo extremo. Los puntos críticos incluyen Arauca, Florencia, Quibdó, Neiva y Cúcuta. No obstante, esta percepción es contrastada por el presidente Petro. A través de su cuenta en la plataforma X, él asegura que sólo 17 municipios están en peligro y garantiza la celebración de elecciones en todo el territorio nacional.

La evidencia del riesgo señalado por la Defensoría se debe, según esta institución, a la poderosa presencia de grupos armados en el territorio colombiano. Agrupaciones como El Clan del Golfo y el ELN operan en 392 y 231 municipios, respectivamente. Por su parte, el Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las FARC, y la Segunda Marquetalia, ejercen influencia en una variedad notable de zonas del país. Este panorama armamentístico se ve reflejado en las estadísticas de la Misión de Observación Electoral, que indica que el periodo previo a las elecciones de 2023 ha sufrido un incremento del 37.3% en incidentes violentos en comparación con 2019, erigiéndose como el ciclo pre-electoral más violento en la reciente historia colombiana. 

La discrepancia en las evaluaciones sobre la situación actual es sumamente preocupante. 

En un contexto donde la amenaza de la violencia política entraña un riesgo tangible de vidas de cara a las elecciones, independientemente de quién tenga la razón, el Estado debería mantener una postura unificada y una única valoración del riesgo. La fragmentación en las percepciones institucionales no solo puede debilitar la confianza pública, sino también disminuir la efectividad de las respuestas a tales desafíos, comprometiendo la integridad de la democracia colombiana.

En el panorama político colombiano de 2023, se evidencia una compleja danza de dinámicas entrelazadas, que muestran tanto ecos del pasado como destellos de un futuro cambiante. Las recientes elecciones nacionales marcaron un viraje en las tradiciones políticas del país, dando paso a nuevas fuerzas que buscan protagonismo en un escenario de fragmentación del sistema de partidos. Aunque las estructuras tradicionales aún mantienen su presencia, Colombia se encuentra en un momento de reconfiguración política del poder local y regional. Las inminentes elecciones subnacionales, si bien reflejan la tensión del panorama nacional, también presentan particularidades propias y desafíos únicos. Se vislumbra una coyuntura de fragmentación política con una necesidad imperante de reforzar nuevamente el sistema de partidos. La persistente sombra de la violencia política subraya la urgencia de proteger y fortalecer la democracia colombiana.

Bibliografía 
CNN. (2022, julio 19). Así quedó conformado el Congreso de Colombia para el periodo 2022-2026. CNN.

Duque Daza, J. (2022). Elecciones de Congreso en Colombia en 2022 ¿Pluralismo, cambio y renovación? Reflexión Política, 24(50). https://doi.org/10.29375/01240781.4543

Uribe, C., Alipios, C., & Acuña, F. A. (2022). ¿La unión hace la fuerza? Coaliciones preelectorales y competencia partidistas en las elecciones locales y nacionales en Colombia (2018-2019). En F. Botero, B. Ortega, L. Wills Otero, & J. F. Pino Uribe (Eds.), En reconfiguración permanente Partidos y elecciones nacionales y subnacionales en Colombia, 2018-201 (pp. 227-254). Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana.
 

AUTOR: Juan Federico Pino, Profesor Titular de FLACSO (Ecuador) y PhD en Ciencia Política Universidad de los Andes (Colombia)