Ecuador: elecciones y un futuro incierto

Luego de que Guillermo Lasso ganara las elecciones presidenciales de Ecuador el 11 de abril de 2021, las expectativas de la ciudadanía eran altas con respecto al primer gobierno en 14 años que no provendría del correísmo, el movimiento populista fundado por Rafael Correa, presidente por 10 años consecutivos para luego ser sucedido por Lenín Moreno, con quien rompería muy pronto (pero esa es otra historia). Sin embargo, esas expectativas pronto se diluirían en la decepción.

Para su triunfo, a pesar de ser un liberal en lo económico y un conservador en lo social, Lasso articuló con éxito una especie de coalición “anti-correísta”, consiguiendo votos de un amplio espectro ideológico, pero con una identidad común de rechazo a Correa, su gobierno y su autoritarismo, y ganando con solvencia la segunda vuelta al candidato correísta con casi 5 puntos porcentuales. Para este triunfo también le fue útil la alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), organización política de derecha de larga data en Ecuador, pero bajo un control férreo de su principal líder Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, la ciudad más populosa del Ecuador, por 18 años consecutivos.

No obstante, la alianza duraría poco. Los rumores de que para el nombramiento de autoridades de la nueva Asamblea legislativa se estaba fraguando un acuerdo entre CREO (el partido del presidente electo), el PSC y el correísmo (que incluiría incluso la impunidad para Correa, prófugo por corrupción), generaron mucha molestia entre un buen número de electores identificados con el anti-correísmo, que empezaron una campaña en redes sociales denominada #ConLaMafiaNoTeUNES (En referencia al nombre de la nueva agrupación política con que participaba el correísmo, Unión por la Esperanza, UNES).

Esto, sumado a otras diferencias sobre quienes deberían ser las autoridades de la Asamblea, hizo retroceder al gobierno en sus intenciones, lo que generó un rompimiento absoluto con el PSC, lo que constituye la génesis de la situación política en la que ahora se encuentra Ecuador. Las autoridades fueron nombradas mediante una frágil alianza del oficialismo con otras tiendas políticas, pero ésta no duraría mucho.

La gestión del gobierno inició con buen pie, a pesar de sus continuas desavenencias con la Asamblea, ahora con una mayoría de oposición conformada por el correísmo en alianza con el PSC y los disidentes de otros partidos. La campaña de vacunación en contra del COVID-19 fue un éxito mientras que la disciplina financiera le devolvía la tranquilidad a la inversión extranjera y a la banca multilateral a la vez que el riesgo país disminuía. Esto le permitió alcanzar al presidente una popularidad cercana al 75% en sus primeros 5 meses de mandato.

Sin embargo, la falta de experiencia del presidente y de su equipo frente a una oposición política cada vez más cerrada y agresiva, erosionaron gravemente el capital político que había construido el mandatario. La negativa a convocar a una consulta popular o de llamar a una “muerte cruzada” (herramientas que se utilizarían luego, pero a destiempo), pronto le pasarían factura. A su vez, se dieron varios motines en las principales cárceles del país, que dejaron muertos por cientos, y los niveles de criminalidad e inseguridad empezaron a aumentar exponencialmente, poniendo de manifiesto una grave debilidad estatal en el control de la violencia.

Por su parte, la feroz oposición de la Asamblea dejó bloqueado al gobierno y la incapacidad de sus operadores políticos para lograr alianzas, aunque sean puntuales, dejaron a un Ejecutivo casi inutilizado y sin capacidad de reacción. Ante esto, el presidente convocó a una consulta popular que se llevó a cabo junto con las elecciones seccionales de 5 de febrero de 2023, la que, pese a contener preguntas importantes sobre seguridad y reforma política, perdió estrepitosamente al transformarse en la realidad en un plebiscito sobre la gestión del presidente, que perdía capital político a pasos agigantados. Esta derrota lo dejó aún más debilitado.

Frente a esta debilidad, la mayoría de oposición en la Asamblea actuó en consecuencia e intentó destituir al presidente en al menos 4 ocasiones. El último intento fue un juicio político que, pese a tener argumentos jurídicos y fácticos bastante endebles originados en un escándalo mediático bastante sensacionalista, llegó a instancias finales, en las que lo único que faltaba era la votación del pleno, que se preveía como mayoritaria a favor de la destitución.

Ante la alta probabilidad de destitución, el presidente Lasso promulgó con fecha 17 de mayo de 2023 el Decreto 741, mediante el cual disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones presidenciales y legislativas para completar su periodo que culminará el 24 de mayo de 2025. Esto es lo que se conoce en Ecuador como “muerte cruzada”, institución establecida en el Art. 148 de la Constitución. Además, hasta que se posesione una nueva Asamblea, el presidente pude gobernar a través de decretos-leyes de emergencia económica sujetos a aprobación previa de la Corte Constitucional.

Así, el 20 de agosto de este año, se celebraron las elecciones anticipadas, en las que la gran sorpresa fue el paso al balotaje de Daniel Noboa, joven empresario e hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, Álvaro Noboa, y que fuera candidato en 5 ocasiones a la presidencia. La otra contendiente que irá a la segunda vuelta es Luisa González, candidata del correísmo, que ganó la primera vuelta con aproximadamente el 33% de la votación, porcentaje que concuerda con los votos que ha obtenido el correísmo en las dos elecciones anteriores, confirmando un núcleo duro de votantes que no aumenta ni disminuye.

Noboa, por su parte, obtuvo aproximadamente el 24% de la votación, resultado que probablemente se deba, entre otras causas menos obvias, a dos factores importantes, primero, el asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio a pocos días del debate en el que discutirían sus propuestas los candidatos, lo que generó tal remezón en el tablero electoral que en algún momento incluso se llegó a poner en duda el pase a segunda vuelta de la candidata correísta; y, segundo, el buen desempeño que tuvo Noboa en ese debate.

Así las cosas, el domingo 1 de octubre de 2023 se celebró el debate presidencial entre los dos finalistas. La ciudadanía, frente a lo relevante que fue el debate anterior, se encontraba expectante con la realización de éste. Sin embargo, resultó más bien soso. La participación de Noboa, al que se lo veía incómodo e inseguro, desilusionó a varios, y la de González, algo mejor preparada, pero no significativamente superior, logró acortar distancias con el candidato puntero en las preferencias de los votantes.

Esto ha generado un aumento en la incertidumbre frente al resultado que tendremos el próximo domingo 15 de octubre y habrá sido de suma importancia para la definición final lo que hayan podido hacer los candidatos en los últimos días de campaña para captar el voto del aún elevado número de indecisos. Estas tendencias lamentablemente no se conocerán por la veda electoral que rige en Ecuador y que impide la publicación o difusión de encuestas desde 10 días antes de la celebración de las elecciones. Sin embargo, las mayores probabilidades las sigue teniendo Noboa, además de que el clivaje correísmo – anticorreísmo probablemente vuelva a tener una incidencia importante en el resultado final.

A esto debe sumársele que el pasado 7 de octubre fueron asesinadas en las cárceles en las que estaban detenidas siete de las personas procesadas por la muerte de Fernando Villavicencio. Mientras, la Fiscalía reveló que un testigo de los hechos habría revelado los nombres de los autores intelectuales del asesinato del candidato, a la par que el periodista Christian Zurita, quien lo sustituyó en la papeleta, señalaba en un post de X que el testigo habría responsabilizado al “gobierno de Correa”. Rafael Correa, a su vez, posteaba que se pretende hacerlo culpable de este asesinato con la supuesta revelación del testigo.

En todo caso, gane quien gane las elecciones, el panorama para el triunfador no es para nada halagüeño. La fragmentación que presenta el nuevo legislativo, sumado a que 2024 será un año electoral previo a las elecciones de febrero de 2025, dificultará la implementación del plan de gobierno del presidente.

Mientras tanto, la inseguridad y la violencia siguen en aumento y controlarlas deberá ser una prioridad, pero para lo cual, no solo se necesita la voluntad de quien gobierne, sino de los otros actores políticos, que los más probable es que estén pensando más en sus posibilidades para el 2025 que en arrimar el hombro para que al nuevo mandatario le vaya bien.

La reactivación económica es otro de los desafíos más importantes y la posible utilización de las reservas monetarias internacionales del país para lograrlo, de lo que ambos candidatos han hablado, paradójicamente genera más incertidumbre en los mercados internacionales y hace que el riesgo país aumente. Además, quien gane contará con un presupuesto mermado por la prohibición de extraer petróleo de la reserva ecológica del Yasuní determinada mediante consulta popular llevada a cabo conjuntamente con la primera vuelta de las elecciones anticipadas.

Asimismo, el gobernante deberá enfrentarse a serios desafíos institucionales como el cada vez más cuestionado funcionamiento de la justicia, acompañado de una inseguridad jurídica que se ha vuelto casi crónica y el penoso papel que tiene en nuestro país esa institución creada por el pésimo diseño de la Constitución de 2008, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, que nombra a las autoridades de control, haciéndolo protagonista de continuas disputas políticas, teniendo la última como consecuencia la destitución de su flamante presidente por parte de la Corte Constitucional.

Así, la situación política, económica, de seguridad, con penetración del narcotráfico en casi todos los niveles, e institucional, no tienen visos de resolverse pronto, y las disputas políticas y la incertidumbre se mantendrán, no solo hasta el 2025 sino mucho más allá.

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