Pocas regiones en el mundo abrazaron con tanto entusiasmo el credo democrático durante la “tercera ola de democratización” como lo hizo América Latina y el Caribe. En un lapso de aproximadamente 20 años, todos los países de la región —excepto Cuba—alcanzaron el estatus de democracias. Para una región que sufrió crueles y largas dictaduras, este fue un logro extraordinario. Durante esas dos décadas los países de la región crearon instituciones de control, fortalecieron sus poderes judiciales, emitieron legislación para proteger los derechos humanos, invirtieron en sus sistemas electorales, y reformaron o aprobaron constituciones para reconocer a la democracia como su única forma de gobierno. A nivel regional se aprobó la Carta Democrática Interamericana —que este año celebró su vigésimo aniversario— como instrumento primordial para la promoción y la defensa conjunta de la democracia en el hemisferio. América Latina y el Caribe nunca antes había sido tan democrática como lo fue a mediados de la primera década de este milenio.

A pesar de ello, y en un tiempo menor, la región perdió cuatro democracias: Haití y Honduras, considerados regímenes híbridos, y Nicaragua y Venezuela, dos autocracias. El colapso democrático en estos últimos dos casos no fue súbito. Por el contrario, al mismo tiempo en que celebrábamos el cénit democrático de la región, ambos países ya mostraban signos preocupantes de erosión: debilitamiento de la división de podres, cooptación de las instituciones de control, represión política y supresión de libertades fundamentales. Al momento de escribir este prólogo, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se encamina a enraizarse en el poder mediante unas elecciones ilegítimas y fraudulentas, dejando una estela de represión política y violación de derechos humanos no vista en ese país desde su transición a la democracia. Lo hará, también, bajo el silencio abrumador de líderes y gobiernos de la región y del mundo, que han evitado condenar —o lo han hecho muy tibiamente— el afianzamiento de un régimen autocrático en el corazón de las Américas. Esto está sucediendo a pesar de los enormes costos económicos y humanitarios que la otra dictadura reciente en la región, Venezuela, ha tenido para millones de venezolanas y venezolanos y para la región en general.

De allí que sea sumamente preocupante el proceso de deterioro democrático que experimenta la región desde la primera década de este milenio, y que IDEA Internacional ha identificado detalladamente en sus informes sobre el estado de la democracia. En ese sentido, el balance presentado en el informe sobre El estado de la democracia en América Latina y el Caribe 2021 es mixto. Por una parte, el informe resalta la gran resiliencia que los órganos electorales mostraron para continuar celebrando elecciones durante la pandemia de la COVID-19. Este no es un logro menor: permitir que la democracia continúe “caminando” ha sido fundamental para evitar crisis constitucionales y una mayor inestabilidad social y política. Dicha resiliencia también evidencia que la inversión hecha en las últimas décadas para fortalecer los sistemas electorales de la región ha rendido sus frutos. Por otra parte, el informe muestra que el proceso de deterioro democrático continúa avanzando, marcado especialmente por el debilitamiento del Estado de derecho. Si bien la región no se despierta todos los días contando más autocracias dentro de sus fronteras, ciertamente se despierta cada día con democracias de menor calidad, con una gobernabilidad deficiente, con altos niveles de corrupción e impunidad, con poderes judiciales debilitados y con restricciones arbitrarias de las libertades de expresión y prensa.

Sin debilitar los mecanismos regionales establecidos para responder a casos súbitos de colapso democrático, es claro que América Latina y el Caribe debe centrarse en revertir el gradual y progresivo proceso de deterioro democrático que sufre la región. Operar bajo la lógica de que “todo está bien hasta que todo está mal” conlleva el riesgo de que instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, entre otros, se activen cuando ya es demasiado tarde. Debemos partir de la premisa de que la democracia en la región es imperfecta y, por lo tanto, su defensa es una tarea de todos los días y no solo un imperativo planteado por crisis agudas de quebranto democrático. Por mucho que nos incomode, tenemos que recordar que la Carta Democrática no refleja nuestra realidad, sino nuestras aspiraciones. Por ello, todas las democracias de la región requieren de constante vigilancia y apoyo técnico, así como de una acción política unificada, decidida y oportuna dirigida a protegerlas.

De manera relevante, el informe de 2021 también destaca la incapacidad creciente de las democracias de la región, con muy pocas excepciones, para articular acuerdos políticos y sociales que les permitan enfrentar los enormes desafíos socioeconómicos que tienen por delante, y los efectos devastadores de la crisis multidimensional provocada por la pandemia de la COVID-19 es la prueba más elocuente de ello. Entre otros factores que alimentan la pobre calidad de la gobernabilidad democrática en la región cabe mencionar la polarización política, los sistemas partidarios fragmentados, una profunda crisis de representación y legitimidad, y el descontento ciudadano con las élites políticas y los órganos tradicionales de toma de decisiones. Si bien es urgente atender a esos factores, para lo que este informe ofrece valiosas recomendaciones puntuales, el análisis presentado en este informe también permite advertir claramente que, producto precisamente de las reformas de las últimas décadas, la democracia está cambiando fundamentalmente en la región: los actores protagónicos de hoy no son los mismos que en la época de las transiciones democráticas, ni tampoco lo son sus agendas y anhelos.

Esto último conlleva una tarea mayúscula de reflexión sobre cómo construir democracias más inclusivas y participativas, y sobre cómo fortalecer su capacidad para brindar resultados tangibles en un contexto caracterizado por un mayor empoderamiento ciudadano, especialmente de las personas jóvenes, las mujeres y los grupos tradicionalmente excluidos y discriminados. Hasta ahora la respuesta que han brindado ante este reto las élites políticas de algunos países ha sido simplista y antidemocrática, apostando por el hiperpresidencialismo, el populismo y el debilitamiento del Estado de derecho. Dicha respuesta no solo amenaza con alimentar el fantasma del autoritarismo, sino que también podría conllevar la pérdida de una oportunidad histórica para repensar la democracia y sus propósitos, y para expandir los derechos de los habitantes de la región. No podemos dar por descontada la resiliencia democrática en el continente. Los casos de Venezuela y Nicaragua advierten sobre el fatal desenlace que podrían tener otros casos de deterioro democrático que hoy tienen lugar en la región. Tampoco basta con intentar las mismas respuestas que en el pasado no lograron detener las tendencias autocráticas. Debemos, con urgencia, aspirar a que la democracia se reinvente y trascienda. Para ello, este informe sobre El estado de la democracia en América Latina y el Caribe 2021 será una guía clave. En mi condición de Vicepresidenta del Consejo de Asesores de IDEA Internacional, agradezco a todas las personas y organizaciones que, con sus valiosos aportes y contribuciones, hicieron posible este informe. Las democracias de la región serán las más beneficiadas.

Laura Chinchilla
Presidenta de Costa Rica (2010-2014) y
Vicepresidenta del Consejo de Asesores de IDEA Internacional

Este informe ha sido escrito por Daniel Zovatto, Tomás Quesada Alpizar y Alberto Fernández Gibaja, bajo la supervisión de Kevin Casas-Zamora, Massimo Tommasoli, Seema Shah y Annika Silva-Leander. Los estudios de caso de Norte América han sido escritos por Alexander Hudson, Seema Shah y Laura Thornton. El texto fue editado por Carlos Fajardo Calpe. Diferentes borradores del texto han sido revisados y comentados por los miembros del Consejo Asesor de IDEA Internacional Laura Chinchilla y Sergio Bitar.

Los siguientes miembros del staff de IDEA Internacional aportaron contribuciones al informe: Massimo Tommasoli, Miguel Angel Lara Otaola, Antonio Spinelli, Kimana Zulueta-Fülscher, Percy Medina, Marcelo Valera-Erasheva, Ana María López-Ayala, Enrique Giménez Velilla y Katrin Loebel. Alexander Hudson y Alberto Fernández Gibaja crearon todos los gráficos del informe. Un agradecimiento especial para Maria Santillana por su comprobación del informe y a Lisa Hagman por su guía editorial.

El informe sobre El estado de la democracia en América Latina y el Caribe 2021 ofrece un análisis del estado de la democracia en la región durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, un período caracterizado por el desarrollo de la pandemia de la COVID-19. A fin de realizar dicho análisis se consideraron las tendencias de las democracias de la región identificadas a partir de 2015, con anterioridad a la pandemia, para describir el contexto que permite explicar la situación actual. En las conclusiones del informe se proponen recomendaciones de política pública para abordar los desafíos identificados y aprovechar las oportunidades señaladas en el estudio. El análisis presentado se basa en dos fuentes de datos principales: la primera fuente consiste en los índices del estado de la democracia, que agregan información de diferentes bases de datos para proporcionar datos sobre 28 indicadores de calidad democrática relativos a 165 países del mundo en el período comprendido entre 1975 y 2020. Esos índices se construyen de acuerdo con un marco conceptual que se centra en cinco atributos esenciales de una democracia saludable: gobierno representativo, derechos fundamentales, control del gobierno, administración imparcial y participación. La segunda fuente de datos utilizada para elaborar el análisis es el Monitor Global del Impacto de la COVID-19 sobre la Democracia y los Derechos Humanos de IDEA Internacional, una plataforma digital cofinanciada por la Unión Europea que examina los impactos en la democracia y en los derechos humanos de las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en 165 países del mundo durante 2020 y el primer semestre de 2021. Este análisis sobre el estado de la democracia en América Latina y el Caribe comprende a los siguientes 23 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Marco conceptual del estado de la democracia y conceptos clave

Los informes de IDEA Internacional analizan el estado de la democracia a través de los índices del estado de la democracia. Dichos índices se construyen con base en el marco conceptual de la democracia de IDEA Internacional, que identifica cinco atributos principales de las democracias saludables: gobierno representativo, derechos fundamentales, control del gobierno, administración imparcial y participación. Esos atributos se subdividen en un total de 28 indicadores (subatributos y subcomponentes) de la calidad democrática que asumen valores que oscilan de 0 (el puntaje más bajo) a 1 (el puntaje más alto), y que brindan datos sobre 165 países del mundo en el período 1975-2020. Más información sobre el marco conceptual y los indicadores puede consultarse en la metodología resumida publicada en 2020.

Las democracias de América Latina y el Caribe enfrentan un contexto político y socioeconómico crecientemente complejo y desafiante. Antes del inicio de la pandemia de la COVID-19, la edición de 2019 de El estado de la democracia en el mundo y en las Américas ya advertía sobre el deterioro que la democracia estaba experimentando en gran parte de la región. A finales de 2019 una serie de protestas sociales marcaron la coyuntura regional y alertaron sobre el creciente malestar ciudadano presente en varios países de la región, resultante del descontento popular con los resultados socioeconómicos de la democracia, de la enorme falta de confianza de la ciudadanía en la clase gobernante, y de una profunda crisis de legitimidad de las instituciones democráticas, especialmente de los partidos políticos y los parlamentos.

La llegada de la pandemia en los primeros meses de 2020 se convirtió inmediatamente en una prueba de resiliencia para las democracias de América Latina y el Caribe en todos sus aspectos, tal y como se señaló en el informe especial In Focus publicado por IDEA Internacional en diciembre de 2020.

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, que ha causado efectos humanos y socioeconómicos devastadores. Esta yuxtaposición de crisis —de salud pública, económica, social e institucional— agravó la crisis de gobernabilidad democrática presente en la región con anterioridad a la pandemia y puso en riesgo la estabilidad política. Además, la crisis de gobernabilidad fue alimentada en los últimos años por un proceso creciente de fragmentación y polarización políticas.

En el plano institucional, en este informe se destaca un marcado deterioro de los derechos fundamentales, en especial con relación al indicador de libertades civiles. También cabe señalar los siguientes fenómenos: (a) una mayor concentración de potestades en el Poder Ejecutivo que debilita la división de poderes; (b) embestidas frecuentes a la independencia del Poder Judicial y a los órganos de control del Estado; (c) la participación política de militares activos; (d) ataques y persecuciones de periodistas y medios de comunicación, y (e) embates a la independencia y la labor de los órganos electorales y sus miembros.

A esta lista se suma la debilidad crónica de varios de los Estados de la región, que se refleja en la baja calidad de los servicios públicos, en la ausencia estatal en amplias zonas del territorio de algunos países y en modelos de desarrollo socioeconómico incapaces de responder de forma oportuna y eficaz a las demandas y las expectativas de una gran parte de la población, particularmente las personas jóvenes.

La deficiente o escasa respuesta de varios gobiernos de América Latina y el Caribe a estas múltiples crisis actuales podría generar una nueva ola de protestas sociales masivas y violentas, como las que se produjeron en algunos países de la región durante la primera mitad de 2021. En efecto, la experiencia comparada enseña que las democracias enfrentan un mayor peligro en épocas de crisis económicas.

Sin embargo, es importante destacar que la pandemia también ha evidenciado la capacidad de resiliencia de algunos aspectos clave de la democracia, principalmente en el ámbito electoral. Los organismos electorales de la región no solo han sido capaces de innovar y adaptarse a la realidad pandémica para organizar procesos electorales íntegros y seguros, sino que además su buen desempeño les ha permitido resistir los ataques frontales provenientes de los Poderes Ejecutivos o de los partidos de la oposición.

Asimismo, si bien las movilizaciones ciudadanas son un síntoma del amplio malestar social que genera el actual desempeño de la democracia, su canalización a través de los cauces institucionales existentes o de nuevos mecanismos que ofrezcan garantías democráticas podría constituir un catalizador para el progreso y la mejora de los sistemas políticos. En efecto, las protestas sociales podrían contribuir a sentar las bases de un proceso de renegociación del contrato social e impulsar la implementación de reformas constitucionales.

En este contexto caracterizado por un creciente proceso de erosión democrática y una gran heterogeneidad entre los niveles de desempeño democrático de los diversos países de América Latina y el Caribe, la región ingresa a una nueva década enfrentando numerosos y enormes desafíos: la pandemia y sus efectos aún están muy presentes, el panorama socioeconómico está plagado de retos e incertidumbres, y la sociedad está irritada y movilizada. La democracia, fatigada y fuertemente presionada para brindar resultados, cuenta con mecanismos regionales de defensa de las instituciones democráticas débiles y desactualizados, en un contexto caracterizado por el inicio de un superciclo electoral que durante los próximos cuatro años llevará a las urnas casi a la totalidad de los ciudadanos y las ciudadanas de la región.

1. Pese a la pandemia, el número de democracias no ha variado en América Latina y el Caribe en los últimos dos años. La mayoría de las democracias de la región han desplegado una gran resiliencia frente a los efectos disruptivos de la pandemia. Prácticamente todos los procesos electorales programados se celebraron en las fechas previstas —y se garantizó la integridad de dichos procesos—, o los comicios fueron aplazados legalmente. Sumado a ello, en la mayoría de las democracias los parlamentos, los poderes judiciales y los medios de comunicación lograron adaptarse y seguir ejerciendo sus funciones de control, aun en medio de amplias restricciones.
2. La pandemia ha afectado negativamente algunos aspectos de la democracia. La libertad de movimiento, la libertad de expresión y la seguridad e integridad personales resultaron particularmente afectadas. Por su parte, la reducción de los controles de la administración pública que se produjo para que fuese posible hacer frente a la pandemia de manera expedita fue aprovechada para cometer actos de corrupción que afectaron la compra de material sanitario y la adquisición y la aplicación de vacunas.
3. A pesar de la resiliencia mostrada durante la pandemia, la calidad de la democracia continúa deteriorándose en la región. Las democracias de Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay se han erosionado. Brasil, además, registra el mayor número de atributos en declive del mundo y desde 2016 está transitando un proceso de retroceso democrático. En El Salvador varios aspectos de la democracia han registrado declives en los últimos cinco años, y durante los primeros meses de 2021 la Sala de lo Constitucional y algunos medios de comunicación de ese país sufrieron graves ataques cometidos por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que es controlada por el oficialismo.
4. La mayoría de las democracias de la región están estancadas en un nivel de desempeño medio. Trece democracias (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago) presentan un desempeño medio, y otras cuatro (El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay) tienen un bajo desempeño. Uruguay es la única democracia de la región que exhibe un desempeño alto.
5. Las autocracias y los regímenes híbridos de la región se han afianzado. Desde el año 2007 la región ha sufrido cuatro rupturas democráticas. Dos de esas rupturas han dado lugar a regímenes híbridos (Haití y Honduras) y las otras dos han conducido al establecimiento de autocracias (Nicaragua y Venezuela). Cuba es el único país de la región que hasta la fecha no ha realizado una transición hacia la democracia y sigue siendo un régimen autoritario.
6. Ecuador y República Dominicana destacan por los significativos avances de la calidad de sus democracias. Ambos países registraron mejoras de diversos indicadores, especialmente en materia de libertades civiles e independencia judicial. Tanto Ecuador como República Dominicana demuestran que la democracia en la región no solo es resiliente, sino que además tiene el potencial necesario para continuar perfeccionándose.
7. Los ataques a los organismos electorales se han tornado más frecuentes en los regímenes democráticos de la región. Ese tipo de ataques, realizados tanto por partidos políticos de la oposición como por partidos políticos oficialistas y jefes de gobierno, se han registrado en Brasil, El Salvador, México y Perú. Se trata de prácticas que amenazan la integridad de los procesos electorales, debilitan el Estado de derecho y alimentan la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas y de control.
8. La ciudadanía sigue desempeñando un papel activo en la defensa de la democracia. Destacan, en particular, las movilizaciones de las personas jóvenes y las mujeres en las protestas que tuvieron lugar en Colombia, Paraguay y Perú en 2021. Pese a que las restricciones adoptadas para contener la pandemia afectaron las libertades de movimiento y de asamblea, la ciudadanía y diferentes grupos de la sociedad civil continúan defendiendo sus derechos e impulsando reformas y cambios sociales y políticos. Destaca también el caso de Chile, un país que a través de un proceso constituyente ha logrado encauzar institucionalmente el profundo descontento social de los últimos dos años.
9. Es necesario reforzar los mecanismos regionales de protección de la democracia para que complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional. Especial importancia reviste la Carta Democrática Interamericana, pues, a 20 años de su adopción, sus promesas y mecanismos de protección de la democracia resultan insuficientes frente a los numerosos ataques al Estado de derecho que se han producido en varios países de la región, y que en algunos casos se ha procurado legitimar mediante la manipulación de las instituciones democráticas.
10. Es vital fortalecer la resiliencia democrática en América Latina y el Caribe. Para ello es preciso implementar acciones a corto y a medio plazo, pero también repensar cómo la democracia puede brindar respuestas a los viejos y nuevos desafíos que enfrenta la región, con el fin de evitar que sus reservas democráticas se agoten. Es necesario proteger y fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la calidad de la gobernabilidad para encauzar e implementar reformas, contar con mecanismos regionales de defensa de la democracia eficaces y actualizados, y rediseñar los mecanismos de deliberación y de participación ciudadana.

La pandemia permitió observar algunas tendencias democráticas en América Latina y el Caribe desde un lente inédito. Sin desatender ni minimizar el estado delicado y preocupante de la democracia en la región ni los efectos que la COVID-19 ha tenido sobre las instituciones democráticas, los procesos electorales y los derechos fundamentales, un examen desagregado y detallado de la situación permite observar que esos efectos, de momento y sin pretender subestimar su severidad, han sido menos graves de lo que se esperaba al inicio de la pandemia. Además, los efectos de la pandemia sobre la estabilidad democrática fueron menos devastadores —aunque no por ello menos preocupantes— que aquellos que recayeron sobre las dimensiones sanitaria, económica y social de los países de la región. La pandemia, más que plantear nuevos desafíos y amenazas a la democracia, lo que hizo fue acelerar o profundizar los desafíos y las amenazas que ya estaban presentes con anterioridad.

En las excepcionales circunstancias actuales, caracterizadas por una disrupción generalizada, las democracias de América Latina y el Caribe han mostrado un nivel elevado de resiliencia, que la edición de 2019 de este informe ya había señalado como uno de los principales acervos de la región en las últimas cuatro décadas.

El examen de los índices del estado de la democracia correspondientes al año 2020 y de los datos consultados en el Monitor Global del Impacto de la COVID-19 sobre la Democracia y los Derechos Humanos permite distinguir seis tendencias en la región.

PESE A LA PANDEMIA, EL NÚMERO DE DEMOCRACIAS DE LA REGIÓN SE MANTIENE

Desde que se publicó la anterior edición de este informe en 2019 y hasta el cierre del primer semestre de 2021, el número de democracias de la región se ha mantenido en 18. No se registró ninguna ruptura democrática en el período referido, y el voto continuó siendo el único medio para acceder de manera legítima al poder en los países caracterizados por contar con regímenes democráticos. Además, pese al efecto disruptivo de la pandemia en la agenda electoral de la región, casi la totalidad de las elecciones —a excepción de dos elecciones locales y una comunitaria— que debían celebrarse en el período mencionado se llevaron a cabo en la fecha prevista o en una fecha posterior a la establecida originalmente, o se aplazaron legalmente y serán celebradas en nuevas fechas que ya han sido definidas. Así, ninguna elección fue cancelada y casi la totalidad de los procesos que se celebraron en los 18 meses que conforman el período considerado contaron con las condiciones mínimas de seguridad sanitaria y de integridad electoral (salvo las elecciones legislativas de 2020 en Venezuela), lo que evidencia la enorme capacidad de adaptación e innovación desplegada por los organismos electorales de la región.

La resiliencia electoral, sin embargo, no es el único aspecto positivo a destacar. No obstante las importantes limitaciones que debieron enfrentar los parlamentos, los poderes judiciales y los medios de comunicación de la región (sobre todo al inicio de la pandemia), en la mayoría de las democracias esas instituciones también lograron adaptarse y seguir ejerciendo sus funciones de control, a pesar de las limitaciones que supuso, sobre todo al principio, la necesidad de adecuarse a las nuevas modalidades de trabajo impuestas por la pandemia.

Cabe destacar también la participación y la movilización activa de la ciudadanía, y en particular de las personas jóvenes y las mujeres, que pese a las restricciones de movimiento y de asociación implementadas para contener la pandemia se movilizaron para defender sus derechos e impulsar reformas y cambios sociales y políticos (un ejemplo lo constituyen las protestas que tuvieron lugar en Colombia, Paraguay y Perú en 2021). En algunos casos también se produjo una exitosa canalización de dichas demandas por la vía institucional, tal y como lo demuestra el proceso de cambio constitucional actualmente en curso en Chile.

Sin embargo, es importante resaltar que la declaración del estado de emergencia sanitaria y otras medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia incidieron negativamente en el ejercicio de las libertades civiles, y afectaron especialmente la libertad de movimiento, la integridad y la seguridad personales, y la libertad de expresión. En algunos casos las medidas restrictivas se adoptaron de manera legal y justificada, y en otros se implementaron de manera desproporcionada, innecesaria, ilegal o indefinida. Por ejemplo, la participación indebida de las fuerzas armadas por decisión política en tareas relativas al mantenimiento del orden público pone en riesgo los mecanismos de control del poder y puede además debilitar el respeto de los derechos fundamentales.

Por su parte, la grave crisis económica que provocó la pandemia deterioró fuertemente el ejercicio de los derechos socioeconómicos, aunque ese deterioro se manifestó de forma diferente en los distintos países de la región. Además, las dificultades que afectaron al mercado laboral formal e informal y las medidas de confinamiento crearon condiciones particularmente adversas para las mujeres, que se tradujeron en un aumento de la violencia doméstica y un retroceso histórico de la igualdad de género.

La urgencia por contener la pandemia también sirvió de excusa para reducir los habituales controles del funcionamiento de la administración pública, lo que dio como resultado la aparición de numerosos casos de corrupción en Argentina, Bolivia, Brasil, México, Panamá y Perú, entre otros países. En efecto, América Latina y el Caribe es la región que registra la proporción más alta de países en que se han identificado casos de corrupción vinculados a la COVID-19 (un 70 por ciento).

Finalmente, una tendencia sumamente preocupante es la intensificación de los ataques por parte de los gobiernos o los partidos políticos de la oposición contra las autoridades electorales. Ese tipo de ataques se han registrado en Brasil, El Salvador, México o Perú (véase la sección sobre procesos electorales convulsos, polarizados y cooptados).

LA MITAD DE LAS DEMOCRACIAS DE LA REGIÓN ESTÁN EXPERIMENTADO UN PROCESO DE EROSIÓN DEMOCRÁTICA

Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay transitan un proceso de erosión democrática, mientras que Brasil está experimentado un retroceso democrático, que es una forma de erosión agravada (figura 1).

Figura 1

La democracia de Brasil registra el número más alto de subatributos que han experimentado declives en 2020, y desde 2016 está atravesando un proceso de retroceso democrático, como consecuencia, en particular, de los declives experimentados por el atributo de control del gobierno y el subatributo de libertades civiles (que forma parte del atributo de libertades fundamentales). Este deterioro democrático ha sido gradual y constante: en 2015 solo un subatributo registraba un declive; en 2016 fueron cuatro; en 2017, cinco; en 2018, siete, y en 2019 y 2020 la cifra se extendió a ocho.

El retroceso democrático que ha experimentado Brasil es único en la región tanto por su duración como por su punto de partida. Desde mediados de la década de 1990 y sobre todo en la década de 2000 el país presentó una evolución ascendente de casi todos sus indicadores, situándose por encima de la media regional en lo que respecta al desempeño de los indicadores de elecciones limpias, libertades civiles, control del gobierno y participación de la sociedad civil. Recién a partir de 2013 el proceso de retroceso democrático empezó a tomar forma en ese país como resultado de un descenso constante y prolongado de casi todos sus indicadores, que se exacerbó especialmente en los últimos dos años. En 2016, según los índices del estado de la democracia de IDEA Internacional, Brasil empezó a transitar un proceso de retroceso democrático que todavía no ha concluido.

El hecho de que Brasil siga siendo considerado como un país que cuenta con una democracia de desempeño medio aun cuando está experimentando un proceso de retroceso democrático se debe, por un lado, a que su desempeño democrático con anterioridad al deterioro fue notablemente alto. La otra causa de lo anterior es la lentitud que caracteriza a los procesos de retroceso democrático en todo el mundo. Hoy en día muchos de los indicadores democráticos de Brasil aún mantienen niveles medios de desempeño y algunos de sus indicadores todavía se sitúan por encima de la media regional. Así, aunque los declives que experimentaron los indicadores democráticos brasileños desde 2016 hayan sido muy pronunciados, su buen desempeño anterior hace posible que la calidad democrática del país se reduzca sin que este pierda su estatus de democracia. Esto demuestra, por un lado, que la democracia brasileña, aun habiendo sufrido años de retroceso democrático y pronunciados descensos de sus indicadores, es resiliente en muchos aspectos, lo que resulta clave para revertir el actual proceso. Por otro lado, lo anterior evidencia la característica gradualidad de los procesos de retroceso democrático y el peligro que representa que dichos procesos no sean revertidos. Los constantes ataques contra los medios de comunicación y la independencia judicial señalan, además, un recrudecimiento del retroceso democrático.

En Bolivia y en Colombia también se han registrado declives de varios indicadores. Bolivia hizo la transición hacia la democracia en 1985 y mantuvo un régimen democrático hasta 2019, año en que, a raíz de unas elecciones presidenciales fallidas, perdió su condición de democracia, que nuevamente recuperó en 2020 luego de las exitosas elecciones celebradas ese año. Sin embargo, a pesar de haber recuperado su condición democrática, en los últimos cinco años Bolivia experimentó declives de varios indicadores (elecciones limpias, partidos políticos libres, libertades civiles y participación de la sociedad civil), lo que denota un proceso de deterioro democrático. Por su parte, Colombia registró declives en materia de aplicación predecible de la ley, libertades civiles e integridad de los medios de comunicación.

El Salvador, un país con una democracia de desempeño medio en 2019, pasó a tener una democracia de desempeño bajo en 2020, año en que experimentó declives de los indicadores de libertades civiles y de ausencia de corrupción. Los indicadores de independencia judicial y de aplicación predecible de la ley también registraron un importante descenso en ese país. Además, durante el primer semestre de 2021 el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, controlados por el oficialismo, atacaron gravemente al Estado de derecho mediante medidas como la destitución en pleno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, o la expulsión del país de periodistas pertenecientes a medios de comunicación críticos del gobierno. Más recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (cuyos nuevos integrantes fueron impuestos por el partido gobernante) autorizó la reelección presidencial consecutiva, lo que posibilitará la permanencia en el poder del Presidente Nayib Bukele luego de que finalice su actual mandato en 2024. Estos hechos demandan que se preste una cuidadosa atención a la evolución del estatus democrático de El Salvador, pues los acontecimientos recientes indican que el país es proclive a dejar de ser una democracia de baja calidad para convertirse en un régimen híbrido caracterizado por crecientes rasgos autoritarios.

Barbados, Chile y Costa Rica, democracias de desempeño medio, también han registrado el declive de alguno de sus indicadores: Barbados registró un declive del indicador de acceso a la justicia, y Chile y Costa Rica registraron un declive del indicador de libertades civiles. En el caso de Chile ese declive es el resultado de la represión y la violencia ejercida contra las personas que se manifestaron en las protestas sociales que tuvieron lugar en el país desde 2017, mientras que el declive del indicador de libertades civiles registrado en Costa Rica se debe principalmente a las restricciones que afectaron a la libertad de movimiento durante la pandemia.

Guatemala, por su parte, registró un declive del indicador de parlamento eficaz, que agravó aún más el deterioro de su precario desempeño democrático.

LA MAYORÍA DE LAS DEMOCRACIAS DE LA REGIÓN ESTÁN ESTANCADAS EN UN NIVEL DE DESEMPEÑO MEDIO

Uruguay es la única democracia de América Latina y el Caribe que exhibe un alto desempeño, pese a que ha experimentado un declive del indicador de integridad de los medios de comunicación. En la región existen 13 democracias que presentan un desempeño medio (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago) y las restantes 4 democracias (El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay) tienen un desempeño bajo (tabla 1).

Tabla 1

Un análisis comparado del desempeño de las 18 democracias de la región entre 2018 y 2020 arroja los siguientes resultados: (a) Uruguay es la única democracia que en 2020 seguía presentando un desempeño alto; (b) el número de democracias de desempeño medio pasó de 12 en 2018 a 13 en 2020, y (c) el número de democracias de desempeño bajo se redujo de 5 a 4. Mientras que Jamaica descendió desde la categoría de desempeño medio a la categoría de desempeño bajo, Barbados y República Dominicana ascendieron desde la categoría de desempeño bajo a la categoría de desempeño medio.

El elevado número de democracias de desempeño medio invita a realizar una doble lectura. Por un lado cabe inferir que la resiliencia de dichas democracias evitó caídas mayores de su desempeño democrático, que podrían haber provocado cambios en el estatus democrático de los países considerados. Por otro lado, el dato analizado demuestra las serias dificultades que estas democracias tienen para alcanzar un alto desempeño, y ello se evidencia en el hecho de que Uruguay es el único país que ha registrado tal desempeño en los últimos 19 años.

Otro aspecto a considerar es que, dentro del grupo conformado por las 13 democracias de desempeño medio, existen diferencias importantes entre el comportamiento de sus indicadores. Además, en algunas de esas democracias los diferentes indicadores han experimentado trayectorias opuestas, con mejoras y descensos simultáneos. Este es, por ejemplo, el caso de México, un país que mostró un avance del indicador de ausencia de corrupción y mejoras en varios otros indicadores, sobre todo en materia de gobierno representativo y participación, y que al mismo tiempo ha experimentado un descenso de los indicadores de acceso a la justicia, independencia judicial, integridad de los medios de comunicación y aplicación predecible de la ley.

LOS REGÍMENES HÍBRIDOS SE DETERIORAN Y LAS AUTOCRACIAS SE AFIANZAN

Después de un período inicial de acelerado progreso democrático que tuvo lugar en América Latina y el Caribe entre 1978 y 1990, dicho progreso se ralentizó a mediados de la década de 2000, cuando la región alcanzó su máximo nivel democrático, es decir, el mayor número de democracias registrado en la región hasta el momento: en efecto, en 2006 y 2007 un total de 22 de los 23 países contemplados en este análisis fueron catalogados como democracias. Desde 2008 y hasta la fecha la región perdió cuatro democracias: Haití y Honduras se convirtieron en regímenes híbridos en 2009 y 2017, respectivamente, y Nicaragua y Venezuela se convirtieron en autocracias en 2017. Esas cuatro rupturas democráticas se produjeron antes del inicio de la pandemia.

Entre los regímenes híbridos, Haití registró descensos especialmente de los indicadores de partidos políticos libres, acceso a la justicia, libertades civiles y aplicación predecible de la ley, y Honduras registró descensos de los indicadores de elecciones limpias, partidos políticos libres y participación de la sociedad civil.

Nicaragua es el único país de la región que, después de haber transitado desde el autoritarismo hacia la democracia, completó luego el camino inverso, al pasar de la democracia nuevamente al autoritarismo: el país constituyó un régimen autoritario en 1975-1985, luego un régimen híbrido en 1985-1990, y posteriormente una democracia en 1990-2016. En 2016 nuevamente pasó a ser un régimen híbrido y en 2017 retornó al autoritarismo. Actualmente Nicaragua experimenta el mayor grado de autocratización de la región. Además, las graves medidas represivas adoptadas por el régimen de Ortega-Murillo en contra de los partidos y las personas que lideran la oposición invalidan anticipadamente la legitimidad y la credibilidad de las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2021.

Recuardro 1. Perú: inestabilidad creciente y gobernabilidad compleja

En los últimos años Perú ha experimentado una crisis de gobernabilidad, sanitaria y económica que pondrá a prueba la resiliencia democrática del país en el futuro. Desde la dimisión del entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 el país ha tenido tres presidentes y ha experimentado un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que mantuvo paralizada a la política peruana e incluyó la disolución del Congreso en septiembre de 2019. La inestabilidad política ha sido alimentada por notorios escándalos de corrupción que han afectado a gran parte de la clase política, lo que ahonda la crisis de confianza de la ciudadanía en las élites políticas, ampliamente extendida en América Latina y el Caribe.

Además, la democracia peruana atraviesa una crisis de representación política que se remonta al colapso del sistema de partidos políticos que se produjo hace tres décadas. Desde entonces los partidos políticos han sido incapaces de recomponer canales efectivos de comunicación con la ciudadanía, lo que ha contribuido en gran medida a que esta última considere que la democracia no responde a sus necesidades y que el funcionariado electo está desconectado de los intereses ciudadanos. Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un 89 por ciento de la ciudadanía considera que las autoridades gobiernan solo para unas pocas personas. Esta brecha de representación se profundiza como resultado de los grandes escándalos de corrupción y las crisis políticas que afectan a todos los niveles de gobierno. Según el Informe 2018 de Latinobarómetro el apoyo ciudadano a la democracia es débil y la desaprobación de los representantes políticos es elevada, lo que se expresa en el hecho de que alrededor de un 80 por ciento de las personas encuestadas desaprueban al Congreso.

A la inestabilidad política deben sumarse los efectos devastadores de la COVID-19: Perú registró la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo en junio de 2021 y es uno de los países de la región más afectados por el impacto económico de la pandemia. Si bien en 2020 los índices del estado de la democracia no registraron en detalle la inestabilidad política, principalmente debido a que esta se ha desarrollado dentro del marco legal y constitucional del país —aunque presionando sus límites—, es posible que en los próximos años la calidad de la democracia peruana se vea afectada negativamente, en caso de que no se reviertan las crisis que actualmente afectan al país.

Venezuela dejó de ser considerada una democracia en 2008, cuando pasó a ser un régimen híbrido (2008-2017) para convertirse luego en un régimen autoritario (2017-2020). En las últimas elecciones legislativas de diciembre de 2020, que no cumplieron con las condiciones mínimas necesarias para garantizar su integridad, los principales partidos de la oposición se negaron a participar debido a la ausencia de garantías electorales. Si bien las sanciones internacionales al régimen y las dificultades que trajo consigo la pandemia agravaron aún más la vulnerable coyuntura socioeconómica del país, dichas condiciones, entre otros factores, contribuyeron al reinicio del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro, la oposición y la sociedad civil. Como resultado de lo anterior se produjo una renovación parcial del órgano electoral en mayo de 2021 (que supuso el nombramiento de dos magistrados no ligados directamente al régimen); se creó una nueva mesa de negociación con sede en México y facilitada por Noruega, y se logró que la oposición decidiera participar en las elecciones regionales de noviembre de 2021.

Cuba, por su parte, es el único país de la región que hasta el momento no ha experimentado una transición hacia la democracia y aún constituye un régimen autoritario (figura 4). Las manifestaciones populares que tuvieron lugar en ese país en el mes de julio de 2021 bajo consignas como “Abajo la dictadura”, “Libertad” y “Patria y vida” sorprendieron al régimen por su alcance y su magnitud, y a los pocos días fueron rápida y violentamente reprimidas por el Estado. Los factores que ocasionaron esa ola inédita de protestas (las mayores de la historia del país) fueron la crisis económica que se profundizó cuando la pandemia obligó a cerrar el turismo y el cansancio de ciertos sectores, especialmente de la población joven, respecto del régimen autoritario imperante en el país desde hace más de seis décadas. Si bien por el momento las protestas han sido controladas, las manifestaciones de descontento podrían volver a producirse en el país si en el futuro próximo no se implementan cambios reales dirigidos a mejorar la economía y la calidad de vida de la población, y a crear nuevos espacios de participación ciudadana.

Figura 2

ALGUNAS LUCES EN LA REGIÓN

Ecuador y República Dominicana son dos países que, incluso en un contexto adverso, destacan por haber registrado importantes avances de algunos de sus indicadores entre 2015 y 2020, especialmente en lo que respecta a las libertades civiles y la independencia judicial. Esto demuestra que la resiliencia no solo es útil para proteger a la democracia, sino que además permite mejorar su desempeño (figura 3).

Figura 3

Entre los países que han experimentado evoluciones positivas cabe destacar también el caso de Chile,que logró encauzar institucionalmente, a través de un proceso constituyente, el profundo descontento social de los últimos dos años.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SIGUE OCUPANDO LA TERCERA POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES CON MÁS DEMOCRACIAS DEL MUNDO

De un total de 23 países de América Latina y el Caribe, 18 son considerados democracias (un 78 por ciento). Así, la región se sitúa detrás de América del Norte (que cuenta con un 100 por ciento de democracias) y de Europa (donde un 89 por ciento de los países son democracias) en la clasificación de las regiones con más democracias del mundo, pero por delante de Asia Pacífico (56 por ciento) y África (36 por ciento). Como ya se mencionó anteriormente, estas 18 democracias coexisten con 5 regímenes no democráticos (figura 4).

Figura 4

A nivel regional, América del Sur alberga la mitad de las democracias (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) y un régimen autoritario (Venezuela). Centroamérica y México reúnen cinco democracias (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá), un régimen híbrido (Honduras) y un régimen autoritario (Nicaragua). Por su parte, el Caribe comprende cuatro democracias (Barbados, Jamaica, República Dominicana, y Trinidad y Tobago), un régimen híbrido (Haití) y un régimen autoritario (Cuba) (figura 5).

Figura 5

El atributo gobierno representativo se refiere a la medida en que el acceso al poder político es libre y equitativo, lo que se manifiesta mediante la celebración de elecciones competitivas, inclusivas y periódicas. Comprende cuatro subatributos: elecciones limpias, sufragio inclusivo, partidos políticos libres y gobierno electo.

3.1 LA IMPORTANCIA DE PROTEGER LA CELEBRACIÓN Y LA INTEGRIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES

Para garantizar la calidad de la democracia y su legitimidad de origen es indispensable celebrar elecciones y asegurar la integridad de los procesos electorales, tal y como lo establece el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Al respecto, el análisis realizado permite identificar dos tendencias positivas en América Latina y el Caribe en los últimos cinco años: la resiliencia electoral, que permitió a la región continuar celebrando elecciones a pesar de los desafíos logísticos y de seguridad que impuso la pandemia, y la participación electoral, que presentó resultados mixtos: en algunos países la participación disminuyó en comparación con los promedios registrados antes de la pandemia, en otros países se mantuvo, y en otros experimentó ligeros aumentos (véase la sección 7 sobre participación). También se destacan dos aspectos preocupantes que afectan la integridad de las elecciones: los ataques a las instituciones electorales y a sus miembros, realizados por los Poderes Ejecutivos o los partidos de la oposición, y los altos niveles de polarización política, que en algunos países han estado acompañados de denuncias infundadas de fraude electoral.

Durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021, en América Latina y el Caribe se celebraron un total de 22 procesos electorales, que incluyeron elecciones nacionales, regionales y locales, y también referéndums.

La pandemia tuvo un efecto altamente disruptivo en la agenda electoral de la región, pues forzó el aplazamiento de más de la mitad de las elecciones que debían celebrarse en ese período (figura 6). Si bien el aplazamiento de los procesos electorales no es per se antidemocrático ni ilegal (podría estar autorizado por ley), la democracia puede verse afectada cuando el calendario electoral se altera, porque, entre otras razones, las elecciones constituyen en muchos casos una “válvula de escape” para aquellos sistemas políticos que experimentan elevados niveles de presión.

Figura 6

Una revisión comparada permite observar que en el primer semestre de 2020 se aplazaron más procesos electorales programados que en el primer semestre de 2021, lo que evidencia la gran capacidad de aprendizaje, innovación y adaptación desplegada por los organismos electorales de la región desde el inicio de la pandemia. También es importante destacar que entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 ningún proceso electoral fue cancelado. Sin embargo, es preciso dar seguimiento a los tres procesos electorales que han sido pospuestos sin nueva fecha cierta para su celebración, a la espera de que las condiciones sanitarias mejoren: se trata de las elecciones municipales en el distrito de Chipao, Perú; las elecciones de las Juntas de Acción Comunal en Colombia, y las elecciones locales en Jamaica, que, según se ha establecido, deberán celebrarse antes del 28 de febrero de 2022.

Si bien la adaptación de los organismos electorales a las condiciones que ha impuesto la pandemia ha sido ágil y eficaz, también es evidente que existen pocos sistemas alternativos de votación, los cuales son necesarios para evitar aglomeraciones en los centros de votación (por razones sanitarias o de otro tipo) y facilitar el ejercicio del voto. En efecto, América Latina y el Caribe es la región que cuenta con el menor número de sistemas alternativos de votación. De los 23 países estudiados en este informe, solo 7 cuentan con algún sistema de ese tipo (Colombia, Cuba, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, y Trinidad y Tobago). De los cinco tipos de sistemas alternativos de votación (votación postal, votación anticipada, urna móvil, votación por poder y voto electrónico), Cuba, Ecuador y Paraguay han implementado la urna móvil, mientras que Colombia, Jamaica, Panamá, Paraguay, y Trinidad y Tobago han recurrido al voto anticipado.

Las razones —de naturaleza tanto financiera como cultural— que permiten explicar la nula o escasa utilización de estos sistemas en la región son múltiples. Sin embargo, la profunda desconfianza ciudadana en las autoridades electorales también podría estar determinando la falta de iniciativa para implementarlos. De acuerdo con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en los países de la región la confianza de la población en los organismos electorales disminuyó del 63 por ciento en 2004 al 45 por ciento en 2019.

Pese a estas limitaciones es importante destacar la adopción, durante la pandemia, de algunas medidas positivas e innovadoras en materia electoral. La gran mayoría de los países de la región extendieron la duración de la jornada electoral y varios segmentaron el horario de votación por sexo o por edad. Chile, por ejemplo, estableció una doble jornada de votación en las elecciones de mayo de 2021, y casi todos los organismos electorales de la región recurrieron a la tecnología en las diferentes etapas del proceso electoral, cuyo uso se incrementó en comparación con el escenario prepandémico.

3.2 PROCESOS ELECTORALES CONVULSOS, POLARIZADOS Y COOPTADOS

Pese al esfuerzo de los organismos electorales por celebrar elecciones seguras e íntegras durante la pandemia, en algunos países de la región los altos niveles de fragmentación y de polarización política (esta última exacerbada muchas veces por el mal uso de las redes sociales) dieron como resultado procesos electorales convulsos.

En El Salvador el Tribunal Supremo Electoral fue objeto de acusaciones de fraude y salió debilitado de las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021, ya que tanto antes de las elecciones como durante su celebración el Presidente Nayib Bukele atacó al Tribunal Supremo Electoral y a sus magistrados. Una situación similar tuvo lugar durante las elecciones presidenciales de 2019.

Por su parte, durante las elecciones federales y estatales que se celebraron en México en junio de 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llevaron a cabo una campaña en contra del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los que describieron como “órganos creados para que no haya democracia; que están al servicio del partido conservador; que obstaculizan que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades y que [constituyen] el aparato electoral más costoso del mundo, sin que eso signifique que México tenga una democracia consolidada”.

Dos meses más tarde, el Instituto Nacional Electoral volvió a ser el blanco de las críticas del Presidente López Obrador debido a la baja participación ciudadana (inferior a un 8 por ciento) en la consulta que él mismo promovió para investigar a sus predecesores por delitos de corrupción. En esa oportunidad López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de falta de “entusiasmo” y de “voluntad” para llevar adelante la organización de la consulta y alegó que la falta de presupuesto de la institución, a la que no se le asignaron recursos extraordinarios para celebrar la consulta, no fue un factor determinante en el resultado.

En el caso de Perú, la segunda ronda de las elecciones presidenciales que se celebró en junio de 2021 se caracterizó por un alto nivel de competitividad y una marcada polarización política, palpables en la diferencia de poco más de 40.000 votos que otorgó la victoria al candidato del Partido Perú Libre, Pedro Castillo. Castillo venció a la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien presentó un número inusual de recursos legales para solicitar la nulidad de los resultados de numerosas mesas de votación por posibles casos de fraude. Sin embargo, los organismos de observación electoral, entre ellos la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, no detectaron graves irregularidades durante los comicios. Además de las denuncias de fraude se llevó adelante una campaña de hostigamiento contra figuras públicas, especialmente contra las autoridades electorales, a la que se sumaron ataques verbales y discursos discriminatorios durante el proceso electoral.

Otro país que merece atención especial es Nicaragua, donde la organización de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2021 resultó gravemente afectada por la indebida injerencia del gobierno autoritario Ortega-Murillo. El régimen entró en una vorágine de sucesos represivos: más de 30 líderes políticos, sociales y empresariales fueron arrestados, incluidos 7 candidatos y candidatas presidenciales, que se sumaron a las más de 140 personas apresadas en el país con anterioridad por motivos políticos. El 15 de junio de 2021 el Consejo Permanente de la OEA condenó dichas acciones mediante una resolución apoyada por 26 países. El Gobierno también ha detenido a numerosos periodistas acusados de incumplir la Ley Especial de Ciberdelitos, que otorga al primero un control absoluto sobre la libertad de prensa. Todos estos eventos hacen imposible la celebración de elecciones íntegras en Nicaragua el 7 de noviembre, como lo han venido denunciando numerosos gobiernos y diversas organizaciones nacionales e internacionales.

En Haití el Parlamento dejó de funcionar en 2019 debido a factores ajenos a la pandemia. Las credenciales de los exparlamentarios expiraron el 13 de enero de 2020, luego de que las elecciones programadas para octubre de 2019 se aplazaran indefinidamente. A partir de esa fecha el Presidente Jovenel Moïse gobernó por decreto y en septiembre de ese mismo año nombró un Consejo Electoral Provisional (que fue rechazado por la oposición), encargado de preparar la celebración de las elecciones y de un referéndum constitucional que debería realizarse en septiembre de 2021. El Presidente Moïse fue asesinado en julio de 2021, suceso que agravó sobremanera la crisis política existente desde hacía ya varios años en el país. Poco tiempo después, en agosto de 2021, un terremoto profundizó aún más la vulnerabilidad general y obligó a posponer la celebración de las elecciones, que aún no han sido reprogramadas.

Finalmente, en el caso de Brasil cabe destacar que, si bien aún falta más de un año para las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2022, el Presidente Jair Bolsonaro —que, según todo indica, buscará su reelección— ya ha realizado graves y numerosas denuncias en contra de la fiabilidad de las urnas electrónicas y ha atacado al Tribunal Superior Electoral (en particular a dos de sus magistrados, los jueces Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso). Respecto de las urnas, el Presidente brasileño expresó que son una fuente de fraude y propuso una reforma que fue rechazada por el Congreso. En relación con el proceso electoral aseguró, sin pruebas, que se está preparando un fraude. Los constantes enfrentamientos del Presidente Bolsonaro con el Tribunal Superior Electoral motivaron que esta institución le abriera una investigación administrativa por su campaña de difamación contra el sistema electrónico de votación y que además solicitara al Supremo Tribunal Federal su inclusión en una investigación sobre la diseminación de noticias falsas. Las denuncias de fraude anticipado y los ataques contra la máxima autoridad electoral de Brasil, sumados al muy alto nivel de polarización política que existe en el país, crean condiciones muy complejas y peligrosas para el normal desarrollo del próximo proceso electoral.

3.3 PARTIDOS POLÍTICOS LIBRES

Bolivia y Venezuela registraron declives del indicador de partidos políticos libres, y en Nicaragua se produjeron continuos ataques contra los partidos políticos y se adoptaron medidas que restringen su participación.

A pesar del alto grado de libertad del que disfrutan los partidos políticos en la mayoría de los países de la región, tan solo un 21 por ciento de la ciudadanía confía en ellos y apenas un 13 por ciento confía en los parlamentos, lo que denota una profunda crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales de representación. Si bien las razones de esa crisis son múltiples y de diversa naturaleza, su signo más evidente parece ser el sentimiento de que las decisiones tomadas por quienes gobiernan no guardan conexión con los intereses de la población y, al mismo tiempo, benefician mayoritariamente a quienes ostentan el poder o tienen relación con este. En 2020 un 77 por ciento de la ciudadanía consideraba que su país era gobernado para favorecer a unos pocos grupos poderosos y no para procurar el bien común.

A la desconexión entre la ciudadanía y sus representantes se suman, como ya se ha analizado, una visible desinstitucionalización y fragmentación del sistema de partidos políticos y una polarización de los procesos electorales, lo que dificulta la celebración de amplios acuerdos sociales y torna más compleja la gobernabilidad democrática.

3.4 GOBIERNO REPRESENTATIVO E IGUALDAD DE GÉNERO

En junio de 2021 América Latina y el Caribe alcanzó un promedio de 29,6 por ciento de escaños legislativos nacionales ocupados por mujeres. Sin embargo, los índices del estado de la democracia señalan que en 5 de los 23 países contemplados en este análisis (Brasil, Colombia, Guatemala, Haití y Paraguay) el porcentaje de mujeres parlamentarias es inferior al 20 por ciento. Por su parte, a nivel local, en 2020 las mujeres ocuparon tan solo un 25 por ciento de los puestos de gobierno.

Según la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la promulgación de marcos legales que prescriben la paridad de género ha sido un factor determinante para aumentar la participación política de las mujeres, si bien aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar este objetivo. En la región 10 países han regulado la paridad en los cargos de elección popular, con variable eficacia de los resultados de tales medidas (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú). Destaca Ecuador, que ha regulado el reparto equitativo en los encabezamientos de las listas electorales (50 por ciento), y también México, que ha regulado la paridad en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, así como en las candidaturas para cargos de elección popular y en las elecciones de representantes de los ayuntamientos indígenas. En Bolivia, un país donde existe una amplia normativa orientada a promover la igualdad de género en la composición de los órganos del poder público, la actual Cámara de Diputados está conformada por un 55 por ciento de mujeres (titulares), mientras que en el Senado los cargos ocupados por mujeres ascienden a un 47 por ciento. En Costa Rica la Asamblea Legislativa registró el mayor porcentaje de legisladoras en su historia (un 45,6 por ciento) luego de las elecciones nacionales de 2018 y por primera vez dos mujeres fueron elegidas presidentas de dicha Asamblea en un mismo período constitucional. También destaca el caso de Chile, que es el primer país del mundo que cuenta con una Asamblea Constituyente que está compuesta por igual número de hombres y de mujeres.

Además de otros factores institucionales como el diseño de las estructuras partidarias y el financiamiento electoral, se han identificado factores culturales, prácticas y estereotipos de género que constriñen la participación política de las mujeres, entre los que se destacan particularmente la violencia y el acoso político en razón del género. Un desafío adicional, de particular importancia, es la carencia de mecanismos de monitoreo y de legislación especializada en la materia, lo que limita el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en la región. Países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay han promulgado o reformado legislación sobre la materia —y han reconocido el fenómeno de la violencia política, aunque con distintos grados de especificidad—, pero aún subsisten serios desafíos que dificultan su implementación .

Importa también mencionar que los cambios que la pandemia ha forzado en la celebración de los procesos electorales alrededor del mundo han incrementado los riesgos de exclusión política que afectan a las mujeres. Entre dichos riesgos destacan los siguientes: (a) una reducción de la seguridad económica de las mujeres, que fuerza el retorno a los roles tradicionales de género; (b) las inequidades que afectan el acceso a las plataformas en línea y a otras herramientas digitales, y (c) una menor visibilidad pública de los debates sobre los derechos de las mujeres en la agenda política, hoy dominada por la pandemia.

El atributo derechos fundamentales permite conocer en qué medida se respetan las libertades civiles y evaluar si la población tiene acceso a recursos básicos que le permitan participar activamente en el proceso político. Este atributo, que está alineado con los derechos reconocidos en los pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, comprende tres subatributos: acceso a la justicia, libertades civiles, y derechos sociales e igualdad. También abarca los siguientes subcomponentes: libertad de expresión, libertad de asociación y asamblea, libertad de religión, libertad de movimiento, e integridad y seguridad personales (como parte del subatributo de libertades civiles), y bienestar básico, igualdad entre grupos sociales e igualdad de género (como parte del subatributo de derechos sociales e igualdad).

América Latina y el Caribe ha sufrido un descenso en materia de derechos fundamentales en los últimos cinco años. Entre 2015 y 2020, más de la mitad de los 23 países analizados (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela) registraron declives de al menos uno de los diversos subatributos y componentes que conforman el atributo de derechos fundamentales.

Los factores que permiten explicar ese declive son varios, aunque cabe resaltar tres principales: primero, algunas medidas aplicadas —tanto de manera justificada como injustificada— para paliar los efectos de la pandemia han limitado las libertades civiles, cuyo ejercicio se ha deteriorado en un número importante de países. Segundo, los altos niveles de pobreza y de desigualdad continúan afectando la plena realización de los derechos socioeconómicos, situación que se ha agravado como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia. Y tercero, los avances insuficientes y en algunas áreas nulos en materia de igualdad de género continúan vulnerando los derechos de las mujeres y limitando sus oportunidades. En particular, el impacto negativo de la pandemia sobre el mercado laboral formal e informal afectó en gran medida la situación de las mujeres, sobre quienes ha recaído además el incremento de las tareas de cuidado en el hogar, que constituyen trabajo no remunerado.

4.1 LIBERTADES CIVILES

El ejercicio de las libertades civiles en América Latina y el Caribe registró un marcado descenso en el período 2015-2020, exacerbado en buena medida, pero no exclusivamente, por la pandemia. Durante ese período ocho países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Venezuela) experimentaron declives del indicador de libertades civiles, el cual registró el mayor número de declives de toda la región. En cambio, dos países (Ecuador y República Dominicana) registraron avances de dicho indicador (figura 7).

Figura 7

Por su parte, Brasil y El Salvador registraron los declives más pronunciados del subatributo de libertades civiles, debido a que en esos dos países todos los indicadores que componen ese subatributo experimentaron descensos. Este declive es una de las principales causas del deterioro experimentado por la democracia en ambos países en los últimos cinco años.

4.2 LIBERTADES CIVILES DURANTE LA PANDEMIA

Entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 un total de 15 países de la región adoptaron medidas para paliar los efectos de la pandemia que fueron catalogadas como “preocupantes” para la democracia y los derechos humanos según el Monitor Global del Impacto de la COVID-19 sobre la Democracia y los Derechos Humanos, pues se consideró que esas medidas violaban los derechos humanos o los parámetros democráticos por ser desproporcionadas, innecesarias, ilegales o indefinidas. Los indicadores que resultaron más afectados por dichas medidas son el de integridad de los medios de comunicación (un subatributo del control del gobierno) y los de integridad y seguridad personales, libertad de expresión y libertad de movimiento, tres aspectos del subatributo de libertades civiles.

Entre dichos aspectos, el de integridad y seguridad personales ha sido el más afectado por medidas preocupantes, a consecuencia de tres factores principales. El primero consiste en la sanción con penas de cárcel del incumplimiento de las restricciones impuestas para contener la pandemia, medida que se implementó en 18 países. El segundo factor es el uso de las fuerzas armadas para hacer cumplir las restricciones impuestas, que han tenido un rol protagónico en varios países de la región durante la pandemia, especialmente en materia de logística. En países como Colombia, El Salvador y México, entre otros, los militares también se han encargado directamente de mantener la seguridad y el orden público. El tercer factor es el uso excesivo de la fuerza policial. En efecto, durante la pandemia se registraron diversas modalidades de represión violenta de las manifestaciones que tuvieron lugar en Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, entre otros países.

Además, durante la pandemia varios países de la región adoptaron medidas que afectaron la libertad de expresión. Dichas medidas se han enfocado principalmente en la criminalización de la difusión de información relacionada con la COVID-19. La promulgación de la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada por el Congreso de Nicaragua en octubre de 2020, por ejemplo, otorgó al régimen autoritario la capacidad de decidir qué es información falsa y de perseguir a las voces disidentes en los medios de comunicación o las redes sociales. La detención y la sanción de periodistas y personal médico en Venezuela y en Cuba constituyen otros casos de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión. Las acciones dirigidas a intimidar a investigadoras e investigadores de instituciones académicas o científicas de Venezuela y Nicaragua, amenazados de ser investigados o incluso despedidos, o la incautación del equipo de trabajo de periodistas en Cuba constituyen más ejemplos de medidas que afectan gravemente la libertad de expresión. En Argentina se reportó el inicio de una docena de procesos penales por “intimidación pública” contra personas que difundieron información relacionada con la pandemia. En Brasil, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua un gran número de periodistas y organizaciones de medios de comunicación recibieron ataques verbales de los jefes de Estado por haber difundido información sobre la pandemia.

La libertad de movimiento también se vio afectada en todos los países de la región como resultado de las medidas que, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se adoptaron para contener el avance de la pandemia. Al respecto, 12 países de la región adoptaron medidas de confinamiento, cuya implementación resultó particularmente preocupante en 5 de esos países: Argentina, Chile, Cuba, El Salvador y República Dominicana.

4.3 ESTADOS DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN

Durante los primeros días de la pandemia, cuando los Poderes Ejecutivos empezaron a adoptar medidas para establecer cuarentenas y períodos de confinamiento, surgió preocupación por el riesgo que entraña, para los derechos humanos y la democracia, el uso de poderes de emergencia sin los debidos controles y garantías. Por su naturaleza, la declaración del estado de emergencia otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para hacer frente a una situación excepcional, por lo que algunos controles ordinarios del ejercicio del poder disminuyen o quedan en suspenso. Los estados de emergencia no son per se antidemocráticos o ilegítimos. Por el contrario, suelen estar contemplados en las constituciones o la legislación de los países, y en principio están concebidos para proteger tanto a los habitantes como a los Estados ante peligros inminentes y catástrofes.

En el período contemplado en este informe todos los países de la región excepto Cuba y Nicaragua declararon el estado de emergencia como medida para hacer frente a la pandemia, convirtiéndose así América Latina y el Caribe en la región con el mayor número de gobiernos que han utilizado ese instrumento legal (lo implementaron 21 países de un total de 23).

A finales de junio de 2021, en 15 de los 21 países de la región que declararon un estado de emergencia seguía vigente esa medida, mientras que en otros 6 países —Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela— el estado de emergencia ya se había levantado. También cabe señalar que 16 de los 21 países que declararon un estado de emergencia (un 76 por ciento) especificaron desde un principio hasta cuándo se extendería esa medida, mientras que los restantes 5 países —Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Uruguay— no establecieron una fecha límite.

Si bien los estados de emergencia constituyen un instrumento regulado en los marcos constitucionales de los países para enfrentar situaciones excepcionales como una pandemia, su implementación supuso la apertura de una ventana de oportunidad para ampliar la concentración de poderes en el Ejecutivo. En El Salvador, por ejemplo, la respuesta institucional a la pandemia estuvo marcada por la confrontación entre el Presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, visible desde la llegada del primero al poder. Para responder a la situación de emergencia el Poder Ejecutivo recurrió a la concentración de atribuciones, apeló a interpretaciones unilaterales sobre el uso de los instrumentos de emergencia, restringió el acceso a la información pública y realizó ataques contra periodistas, a quienes en muchos casos se les impidió cubrir eventos oficiales. La suma de esas medidas interrumpió la evolución positiva que los indicadores que conforman el atributo de control del gobierno habían registrado en El Salvador especialmente en el período 2005-2015.

Recuardro 2. Estados de emergencia: tipos, causas y procedimientos para su aplicación

No existe uniformidad respecto de la denominación y el alcance de los estados de emergencia en la región. Los términos “emergencia”, “excepción”, “suspensión” y “calamidad” refieren a diferentes instrumentos legales, según el marco constitucional de cada país. En lo que respecta a los términos utilizados en la región, en Argentina el Gobierno declaró una “emergencia sanitaria”; en Chile se declaró un “estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”; en Guatemala, un “estado de calamidad pública”; en México, una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”; en Colombia, una “emergencia económica, social y ecológica”, y en Jamaica el Gobierno declaró al país como “zona de desastre”. En la versión en inglés del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se utilizan los términos public emergency (emergencia pública) y derogation (derogación) (art. 4) para hacer referencia a los estados de emergencia, mientras que en la versión en español se utilizan los términos “situaciones excepcionales” y “suspensión” (art. 4).

Existe una gran diversidad de motivos y procedimientos para declarar un estado de emergencia, y también varían de un país a otro las formalidades que conlleva su declaración y los órganos oficiales autorizados para declarar dichos estados, ejecutarlos e incluso revisarlos. A pesar de esas diferencias, dos factores interrelacionados han contribuido a una armonización de facto de los estados de emergencia implementados en la región en las últimas décadas: en primer lugar, se ha registrado una creciente judicialización, que ha abierto la puerta a que los tribunales, en particular los constitucionales, revisen las declaraciones de los estados de emergencia; en segundo lugar, en los ordenamientos jurídicos nacionales han sido crecientes tanto la influencia como la aplicación del derecho internacional que regula los estados de emergencia, dado su estatus legal superior y la competencia de los tribunales para utilizar al derecho internacional como parámetro de constitucionalidad. De hecho, múltiples actores han cuestionado en los tribunales la legalidad y la constitucionalidad de la mayoría de los estados de emergencia declarados durante la pandemia, así como de otras regulaciones o acciones implementadas bajo su alcance, y sobre todo se han cuestionado las medidas coercitivas como los confinamientos obligatorios y los toques de queda. Por lo tanto, se espera que gran parte del debate en la región sobre el uso de poderes extraordinarios en el marco de un estado de emergencia sea influenciado o resuelto por la jurisprudencia constitucional.

Por su parte, la respuesta del Gobierno de Nicaragua frente a la pandemia fue paradójica, pues se trata de un régimen autoritario que, si bien no declaró formalmente un estado de emergencia, continuó expandiendo sus poderes y restringiendo aún más las libertades civiles y políticas. Con el apoyo de una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, y sin estar justificadas por la pandemia, el Gobierno aprobó una reforma constitucional y dos leyes, la ya mencionada Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que restringen las libertades de expresión, de prensa y de asociación.

4.4 DERECHOS SOCIOECONÓMICOS

A pesar de que en las últimas tres décadas América Latina y el Caribe logró avances en materia de desarrollo humano, esos avances han sido lentos e insuficientes. La región no solo registró la segunda tasa más lenta de progreso en desarrollo humano después de Europa y Asia Central, sino que además, entre 2010 y 2018, registró la mayor brecha de ingresos entre el 40 por ciento más pobre y el 10 por ciento más rico de la población, en comparación con otras regiones del mundo.

Los índices del estado de la democracia de 2020 permiten confirmar que los avances registrados en lo que respecta al reparto de la riqueza han sido insuficientes, y que ha sido mínima la mejora de los derechos socioeconómicos en América Latina y el Caribe. De las 18 democracias que existen en la región, en los últimos cinco años únicamente Costa Rica y Uruguay presentaron un alto desempeño del indicador de derechos sociales e igualdad (un subatributo de los derechos fundamentales) y del indicador de igualdad entre grupos sociales (un aspecto del subatributo anterior). Mientras tanto, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana presentaron un bajo desempeño en materia de derechos sociales e igualdad en el período mencionado. Las demás democracias de la región lograron un desempeño medio, aunque la mayoría presentó valores cercanos a la categoría de bajo desempeño. Únicamente Chile y Costa Rica en los últimos cinco años y Uruguay desde 2018 lograron un alto desempeño del indicador de bienestar básico, mientras que el resto de las democracias alcanzaron un desempeño medio.

Aunque en los países de América Latina y el Caribe se produjo una considerable reducción de la desigualdad desde el inicio del nuevo milenio, este avance se estancó a medianos de la década de 2010, y en 2020, a consecuencia de la pandemia, se produjo un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, que se reflejó en un incremento de 2,9 puntos porcentuales del índice de Gini.

Ese incremento de la desigualdad, si bien fue atenuado por las transferencias que realizaron algunos gobiernos de la región, amenaza con profundizarse a medida que se reduce el espacio fiscal necesario para mantener dichas transferencias. Además, los montos destinados a esas transferencias y el tipo de medidas no contributivas implementadas varían considerablemente entre los distintos países de la región.

Por otro lado, las erráticas y bajas tasas de crecimiento económico registradas durante la última década han debilitado las acciones orientadas a reducir la pobreza y crear empleos formales. A ello se añade el hecho de que la región se caracteriza por contar con sistemas de salud y de protección social endebles y fragmentados, y por la presencia de un creciente número de asentamientos urbanos que carecen de acceso a servicios básicos de calidad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a finales de 2020 existía en la región un total de 209 millones de personas pobres (22 millones más que en 2019, lo que implica un retroceso de 12 años). De ese total, 78 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema (8 millones más que en 2019, lo que implica un retroceso de 20 años como consecuencia directa de la pandemia).

Por su parte, la pandemia agravó aún más los bajos niveles de crecimiento económico registrados en la región. Según la CEPAL, en 2020 el PIB regional sufrió una caída de un 7,4 por ciento y, si bien se proyecta un rebote del 5,9 por ciento del promedio regional en 2021, este nivel de crecimiento no será suficiente para recuperar el nivel del PIB de 2019. Esta recuperación tampoco será sostenible, ya que para el año 2022 la CEPAL proyecta una tasa de crecimiento regional promedio de tan solo un 2,9 por ciento, lo que supondría una desaceleración respecto del rebote de 2021.

De acuerdo con la CEPAL, “Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previa a la crisis vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingreso per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida”.

En suma, si bien al inicio de la pandemia los gobiernos tuvieron que reaccionar rápidamente para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis (para lo cual principalmente implementaron programas de transferencia de ingresos, otorgaron subsidios y aprobaron exoneraciones fiscales), diseñar e implementar una respuesta a largo plazo requerirá contar con Estados eficientes, responsables y bien financiados, y desplegar una gobernabilidad efectiva y democrática. Las fuerzas políticas deberán ser capaces de negociar pactos fiscales que propendan a la transformación tributaria, a la creación de confianza entre los diferentes grupos sociales y, en última instancia, a la renegociación del contrato social. Entre las tareas esenciales también figurarán las siguientes: (a) priorizar la protección de los grupos más vulnerables y de la clase media, e incluir a los sectores tradicionalmente excluidos; (b) reforzar la transparencia para luchar contra la corrupción y proteger los limitados recursos públicos disponibles, y (c) promover una amplia participación de los diversos sectores sociales y económicos, en especial de la juventud, para reforzar la legitimidad de los procesos de recuperación socioeconómica que se implementen.

4.5 RETROCESOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

La pandemia ha afectado derechos de las mujeres que son consustanciales a su participación plena en las sociedades democráticas, e indispensables para garantizar su integridad, su seguridad personal y su autonomía económica. En lo que respecta al derecho a la seguridad y la integridad personales, la pandemia agudizó la violencia doméstica en la región y persistieron los feminicidios, si bien se observan diferencias a este respecto según el país que se considere. En países como Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú el número de llamadas a las líneas creadas para brindar asistencia en casos de violencia doméstica aumentaron en los meses posteriores al inicio de las cuarentenas obligatorias.

Con respecto a los derechos económicos de las mujeres, la tasa de participación femenina en el mercado laboral fue del 46 por ciento en 2020, lo que representa un retroceso de más de 10 años. Esto, sumado al aumento de la pobreza en la región, significa que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas y caribeñas vivían en situación de pobreza a finales de ese año. Esta situación se debe en gran medida al hecho de que las mujeres trabajan mayormente en los sectores que resultaron más afectados por la pandemia, en los que ellas realizan trabajos caracterizados por una alta informalidad y una precaria protección social. Este es el caso, por ejemplo, del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado no remuneradas.

Para promover la realización plena de los derechos de las mujeres y garantizar su bienestar y su seguridad es indispensable que las estructuras tributarias, los presupuestos públicos, y la provisión de bienes y servicios públicos se basen en el enfoque de género. También es preciso que se tome en cuenta la interseccionalidad de las desigualdades de género para responder correctamente a las necesidades de las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, jóvenes, migrantes, refugiadas, con discapacidad y con orientación sexual o identidad de género diversa.

El atributo control del gobierno mide el control real al que se somete al Poder Ejecutivo. Incluye tres subatributos: independencia judicial, parlamento eficaz e integridad de los medios de comunicación.

5.1 INDEPENDENCIA JUDICIAL

Tanto la edición de 2019 de El estado de la democracia en el mundo y en las Américas como el informe especial In Focus publicado en 2020 registraron cómo se han debilitado los diferentes aspectos del control del gobierno en la región en los últimos cinco años, en especial la independencia judicial. Los descensos de los controles del gobierno tienen lugar en una región que crecientemente presenta regímenes hiperpresidencialistas. Concretamente, ese descenso se evidencia, por un lado, en la concentración de poder en el Ejecutivo, y por el otro, en el aumento de la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial y otros órganos de control.

La independencia judicial se debilitó fuertemente en Brasil y Nicaragua, países que registraron declives de ese indicador en los últimos cinco años. En dichos países los ataques contra la independencia judicial se acentuaron durante la pandemia.

El Salvador, México y Venezuela también se destacan en la región por el descenso registrado en el indicador de independencia judicial en los últimos cinco años. En México el leve descenso experimentado por el indicador de independencia judicial se acentuó a partir de marzo de 2021, cuando el Presidente López Obrador cuestionó la decisión del magistrado que había decidido suspender la reforma energética propuesta por el Gobierno y públicamente solicitó al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una investigación para esclarecer la actuación del juez.

Por su parte, en El Salvador el descenso del referido indicador se agravó en los últimos años debido a que la nueva Asamblea Nacional, que está bajo el control del partido gobernante, destituyó en mayo de 2021 al Fiscal General y a la totalidad de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Más recientemente la Asamblea Nacional adoptó una nueva ley que establece la jubilación anticipada de un tercio del total de jueces y juezas del país, ya sea porque son mayores de 60 años o porque cuentan con más de 30 años de servicio. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, condenó enérgicamente ambas acciones por considerar que atentan contra la independencia judicial y afirmó que “las instituciones democráticas, la separación de poderes y la independencia del poder judicial están siendo atacadas” en El Salvador.

5.2 PARLAMENTO EFICAZ

Un logro importante que cabe destacar es que todos los parlamentos de la región continuaron realizando sesiones durante la pandemia gracias a la implementación de diversos acuerdos institucionales y al uso de tecnologías digitales, a excepción del Parlamento de México que dejó de funcionar durante cinco semanas, entre marzo y abril de 2020.

El Congreso Nacional de Brasil, por su parte, actuó rápidamente para adaptarse a la pandemia. En marzo de 2020 ya había aprobado un nuevo reglamento interno que le permitió sesionar remotamente de manera excepcional, mientras se mantuviera la emergencia sanitaria. El 20 de marzo de 2020 el Senado brasileño completó una sesión plenaria de manera virtual, por lo que Brasil pasó a ser uno de los primeros países del mundo en celebrar una sesión completa bajo ese formato.

Sin embargo, debido a los altos niveles de polarización política, también se produjeron enfrentamientos entre los Poderes Ejecutivos y los Legislativos en los casos en que los primeros solicitaron extender el alcance de los estados de emergencia o aprobar financiamiento internacional para otorgar ayudas económicas vinculadas con la pandemia. Estos choques ocurrieron, entre otros países, en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Perú.

Por su parte, en los regímenes autoritarios (Cuba, Venezuela y Nicaragua) el control que el Parlamento ejerce sobre el Poder Ejecutivo es simbólico.

5.3 INTEGRIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La región registró un gradual descenso en materia de integridad de los medios de comunicación en el período 2015-2020. Brasil, Colombia y Uruguay han sufrido declives de dicho indicador. Sin embargo, destaca positivamente el caso de República Dominicana, donde ese indicador registró un avance.

Aunque el nivel de integridad de los medios de comunicación es heterogéneo en América Latina y el Caribe, en general los medios de comunicación de la región disfrutan de una pluralidad limitada. Según un informe de Reporteros sin Fronteras, la integridad de los medios de comunicación se encuentra diezmada por la alta concentración de su propiedad, lo que limita su libertad. A ello se suma, además, el hecho de que en los últimos años los medios de comunicación han sido el foco de cuestionamientos por su conexión —real o percibida— con quienes ejercen el poder. Ese fue, por ejemplo, el reclamo planteado durante las protestas que tuvieron lugar en Chile a finales de 2019.

En lo que respecta a Brasil, el mencionado informe de Reporteros sin Fronteras destaca que desde la llegada al poder del Presidente Bolsonaro se ha fomentado una atmósfera de profunda desconfianza hacia los medios de comunicación. Durante el año 2021 los ataques del Gobierno a la prensa se han intensificado, y ello ha alimentado el clima de polarización que se vive en el país.

Colombia, por su parte, sigue siendo un país peligroso para los medios de comunicación, lo que limita la capacidad de estos de informar libremente. En los últimos años periodistas locales e internacionales que han revelado información sobre miembros del Gobierno, el Ejército y grupos del crimen organizado han sufrido amenazas e intimidaciones.

Uruguay, en cambio, mantiene un desempeño alto en materia de integridad de los medios de comunicación, pese al declive que este indicador experimentó en los últimos cinco años en el país.

Durante la pandemia el subatributo de integridad de los medios de comunicación ocupó el segundo lugar en la clasificación de los indicadores más afectados (este indicador presentó un desarrollo preocupante en 6 países), situándose después del indicador de integridad y seguridad personales (que se vio afectado en 11 países). Los tres regímenes autoritarios de la región (Cuba, Nicaragua y Venezuela) presentan desarrollos preocupantes de ese aspecto, así como las democracias de Colombia, El Salvador y Panamá .

Cabe también resaltar la preocupante situación de violencia que enfrentan los periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que se dedican al periodismo, según la organización Reporteros sin Fronteras. Ocho periodistas fueron asesinados en 2020 y tres más fueron asesinados en 2021. Los asesinatos y las innumerables amenazas y coacciones contra periodistas, cuya resolución habitualmente queda impune, suelen ser responsabilidad de grupos del crimen organizado, así como de autoridades que actúan en connivencia con esos grupos.

El atributo administración imparcial se refiere a la medida en que las decisiones políticas se aplican de manera justa y predecible, y por tanto refleja aspectos clave del Estado de derecho. Incluye dos subatributos: la ausencia de corrupción y la aplicación predecible de la ley.

6.1 AUSENCIA DE CORRUPCIÓN

Los índices del estado de la democracia de 2020 permiten observar que la región experimentó una escasa mejora del indicador de ausencia de corrupción en los últimos cinco años. En el período 2015-2020 ese indicador mostró un declive en El Salvador y Nicaragua, mientras que en México, República Dominicana, y Trinidad y Tobago registró un avance. República Dominicana revirtió así el gradual descenso experimentado por ese indicador en los últimos cinco años.

En América Latina y el Caribe el impacto de la pandemia en la evolución del indicador de ausencia de corrupción ha tenido dos caras. Por un lado se produjo una innovación de los sistemas de apertura de datos que permiten luchar contra la corrupción. Los sistemas tecnológicos de monitoreo, como el sistema Océano implementado en Colombia, permiten a las autoridades controlar las contrataciones públicas e identificar posibles casos de corrupción. Por otro lado, América Latina y el Caribe es la región del mundo que registra la mayor proporción de países con denuncias de casos de corrupción vinculados con la COVID-19 (un 70 por ciento). Se trata, en su mayor parte, de casos asociados a procesos de contratación pública y a la compra de equipos médicos con sobreprecio. Por su parte, en algunos países como Argentina, Ecuador y Perú funcionarias y funcionarios públicos, así como sus familiares y diversas personalidades, aprovecharon su privilegiada posición política o económica para vacunarse contra la COVID-19 de manera preferencial.

En suma, en materia de corrupción se verificaron dos tendencias opuestas en la última década. La primera de ellas consiste en un activismo orientado a luchar contra la corrupción, que se funda en la expansión y la maduración de las reformas institucionales en favor de la transparencia y del cambio de los modos en que la información circula y se accede a ella. La segunda es una tendencia de contrarreforma, visible en los cierres de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en 2021.

6.2 APLICACIÓN PREDECIBLE DE LA LEY

La aplicación predecible de la ley, que mide en qué medida las leyes y las acciones de los poderes públicos son predecibles y se amoldan al orden constitucional, experimentó un descenso preocupante a nivel regional entre 2015 y 2020. A excepción del avance registrado por este subatributo en República Dominicana, y por su ligera mejora en Argentina, Costa Rica y Ecuador, en el resto de los países se produjeron descensos de dicho indicador. Por su parte, Nicaragua y Venezuela entre los países autocráticos, y Brasil y Colombia entre las democracias, destacan por haber registrado declives de este indicador.

La escasa estructura con que cuentan la mayoría de los países de la región para combatir el crimen también es objeto de constantes ataques por parte de los grupos del crimen organizado, en especial los asociados al narcotráfico, que encuentran portillos para sobornar e intimidar a funcionarias y funcionarios, así como para infiltrarse en los partidos políticos, las instituciones democráticas de toma de decisiones y las agencias encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Por otro lado, las débiles burocracias y los endebles sistemas de administración pública de la región, que en muchos casos no se rigen por la meritocracia y carecen de apoyo político y de autonomía, afectan negativamente la capacidad del Estado de derecho.

Recuardro 3. El cierre de comisiones internacionales contra la corrupción y la impunidad en Centroamérica

Los cierres de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en 2021 constituyen la muestra más elocuente del retroceso que han sufrido los esfuerzos de la comunidad regional e internacional dirigidos a combatir la corrupción y la impunidad en la región, especialmente en Centroamérica. La situación es sumamente preocupante si se consideran los altos niveles de corrupción y violencia que aquejan a estos tres países. Según el índice de percepción de la corrupción calculado por Transparencia Internacional, en Guatemala ese índice descendió significativamente desde 2012, lo que significa que la corrupción se ha elevado. El Salvador presenta desde hace ochos años altos niveles de corrupción y la situación pareciera haberse agravado durante la pandemia por la concentración de poder en el Ejecutivo y las restricciones impuestas al acceso a la información. En lo que respecta a Honduras, que presenta los niveles más altos de corrupción de los tres países, también se verificó un descenso del índice referido, lo que refleja un incremento de la corrupción. Honduras es además el tercer país más violento de la región, con una tasa de homicidios de 37,6, la tercera más alta después de Jamaica (46,5) y Venezuela (45,6).

Tanto la CICIG como la MACCIH lograron iniciar importantes investigaciones de manera independiente y también de forma conjunta con las agencias nacionales de investigación y control del cumplimiento de la ley. Sin embargo, la investigación de partidos políticos y de figuras políticas —incluido el ex-Presidente de Guatemala Jimmy Morales— generó fuertes presiones dirigidas a provocar el cierre de ambos organismos. En el caso de la CICIG, este se dio luego de una larga confrontación entre el Presidente Morales y el ex-Comisionado Iván Velásquez. El cierre de la CICIG ha tenido consecuencias a largo plazo, entre ellas la cooptación de las agencias de investigación. La ex-Fiscal General y excandidata presidencial Thelma Aldana, quien trabajó de cerca con la CICIG, se encuentra desde hace varios años asilada en Estados Unidos. Más recientemente, quien fuera el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, fue cesado de su cargo y actualmente también se encuentra en Estados Unidos. En el caso de la MACCIH, el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández apeló a un discurso de defensa de la soberanía y de la Constitución para justificar la no renovación del convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de haber recibido presiones de figuras aliadas.

Finalmente, el caso de El Salvador es también destacable porque el entonces candidato a la presidencia, Nayib Bukele, manifestó que impulsaría la creación de la CICIES en caso de ser elegido presidente, como parte de su discurso contra la corrupción y la impunidad. La CICIES, efectivamente, fue creada en noviembre de 2019. En 2020, el entonces Fiscal General (destituido en 2021 por la Asamblea Legislativa afín al Presidente Bukele) confirmó que había iniciado investigaciones por presuntos actos de corrupción durante la pandemia, gracias a indicios recolectados por la CICIES. Se trataba de la primera vez que la Fiscalía General de la República llevaba a cabo una operación de alto perfil en el país, gracias a la información brindada por aquel organismo. Bukele, sin embargo, rompió en junio de 2021 el convenio con la OEA que daba sustento a la CICIES, y se excusó haciendo referencia a un nombramiento que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aparentemente habría hecho de un ex-Alcalde del partido opositor, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En síntesis, combatir la corrupción y mejorar la aplicación predecible de la ley para reforzar la capacidad y la imparcialidad de la administración pública sigue siendo una prioridad de cara a la próxima década. De acuerdo con una encuesta reciente realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la región, de una lista de seis prioridades a ser consideradas para lograr una recuperación efectiva y sostenible luego de la pandemia, un 38,8 por ciento de las personas entrevistadas destacaron como prioridad la necesidad de reducir la corrupción, imperativo que superó por más de 32 puntos porcentuales a la necesidad de contar con una mayor protección social. De este modo, si no se toman medidas tangibles y urgentes que contrarresten dichas percepciones ciudadanas, se corre el riesgo de que los países paguen la corrupción y la criminalidad no solo con la pérdida de recursos financieros, sino también con la generación de un mayor deterioro democrático.

Este atributo está compuesto de cuatro subatributos: participación de la sociedad civil, participación electoral, democracia directa y democracia local. Estos subatributos miden la participación ciudadana en las organizaciones de la sociedad civil y en las elecciones, evalúan en qué medida la ciudadanía dispone de mecanismos para el ejercicio de la democracia directa y miden en qué medida las elecciones locales son libres.

7.1 PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

En los últimos años América Latina y el Caribe experimentó un aumento de la movilización ciudadana. Antes de la declaración oficial de la pandemia varios países de la región, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador, pasaron por una etapa caracterizada por intensas protestas sociales, en las cuales la población joven desempeñó un papel protagónico. Durante la pandemia, tanto en 2020 como en 2021, se produjeron nuevas manifestaciones en la mayoría de los países, entre ellos Cuba.

Las protestas responden a un amplio abanico de demandas y factores que comprenden la insatisfacción de la población ante la baja calidad de los servicios públicos; el enojo provocado por los casos de corrupción, los altos niveles de desigualdad y la violencia policial; la oposición ciudadana a diversas propuestas de reforma judicial y fiscal, y la frustración experimentada ante el mal manejo de la pandemia. Recientemente el movimiento feminista también ha irrumpido con fuerza en la región y ha desplegado una visible coordinación de sus acciones con vistas a combatir la desigualdad y la violencia de género.

La protesta social es un síntoma de descontento y de desafección respecto de las instituciones de representación política y al mismo tiempo es un signo de que existe una ciudadanía activa y preocupada por sus intereses y los de su país. Si la protesta social se canaliza institucionalmente respetando los principios democráticos, puede gestar transformaciones sociales y políticas profundas. Sin embargo, los mecanismos tradicionales de representación en la región muestran signos de agotamiento, lo que hace que dichas transformaciones resulten cada vez más difíciles. El debilitamiento de los partidos políticos como vehículos eficaces para agregar intereses colectivos y la profunda crisis de desconfianza ciudadana en dichos partidos y en los parlamentos constituyen algunas de las razones de ese agotamiento. Tan solo un 21 por ciento de las ciudadanas y los ciudadanos de la región confían en los partidos políticos y apenas un 13 por ciento confía en los parlamentos, dos instituciones que en la última década han experimentado una caída de la confianza ciudadana de 10 y 11 puntos porcentuales, respectivamente, de acuerdo con la encuesta regional de Latinobarómetro.

Si bien resulta claro que es necesario abordar los desequilibrios actuales de los sistemas de representación y de gobierno democráticos, dichas reformas, en caso de llevarse a cabo, requerirán tiempo para demostrar sus resultados. Así, a corto plazo es urgente activar espacios y mecanismos de diálogo social y político que complementen la labor de los parlamentos y canalicen el malestar ciudadano palpable en las calles. Cada sociedad, con sus particularidades, debe definir cuáles son los mecanismos más adecuados para mejorar sus capacidades para deliberar y celebrar acuerdos que promuevan una participación ciudadana real y efectiva.

En medio de la ola de protestas sociales que tuvo lugar en la región en los últimos años destacan los casos de Chile y República Dominicana, que constituyen dos ejemplos de cómo es posible canalizar el descontento social por medio de procesos institucionales existentes, o mediante la creación de nuevos mecanismos que respeten y refuercen los principios democráticos.

En el caso de Chile, tras más de dos años de gran convulsión social, el país inició un proceso para sustituir la Constitución actual —que data de la dictadura de Augusto Pinochet— y redactar un nuevo texto, dando así respuesta a una de las principales demandas planteadas en las protestas sociales que se iniciaron en octubre de 2019. Este proceso es una muestra de cómo es posible refundar el pacto social a través de la elaboración de una nueva constitución. Cabe destacar la conformación paritaria de la Convención Constituyente en lo que respecta al género y la existencia de 17 escaños reservados para pueblos indígenas como elementos que promueven la inclusión y legitiman el proceso.

Recuadro 4. El proceso constituyente en Chile

Los días 15 y 16 de mayo de 2021 se celebraron elecciones en Chile para elegir a 155 representantes de la Convención Constitucional, que es el órgano encargado de redactar una nueva constitución en un plazo de entre 9 y 12 meses. La aprobación final del texto será sometida a un referéndum con voto obligatorio que se realizará alrededor de septiembre de 2022.

Los comicios, que se realizaron por primera vez en el país junto con las elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldes y alcaldesas, y concejales y concejalas, representaron un doble desafío en términos de organización en plena pandemia: por un lado, se celebró de forma conjunta la elección de un alto número de cargos; además, se habilitaron dos jornadas de votación (durante las cuales las urnas se resguardaron en los locales de votación) para evitar posibles contagios por aglomeraciones e incentivar la participación electoral. Se garantizó la integridad del proceso electoral, que solo se vio entorpecida por algunos incidentes anecdóticos.

La participación electoral fue el punto negativo de las jornadas de votación, pues solo alcanzó un 43 por ciento del registro de votantes, lejos del casi 51 por ciento de participación logrado durante el plebiscito de octubre de 2020, cuando se aprobó la redacción de una nueva constitución. En aquella ocasión aproximadamente 7,5 millones de personas fueron a votar, cifra que constituyó el número más alto de votantes registrado en el país desde el retorno a la democracia.

El hecho de que el número de candidatas electas para integrar la Convención fuera superior al número de candidatos electos condujo a que la paridad favoreciera en este caso más a los hombres que a las mujeres, pues se procuró asegurar que ni los hombres ni las mujeres tuvieran una representación superior al 55 por ciento, siendo la Convención Constitucional de Chile la primera del mundo que es paritaria: está conformada por 78 hombres y 77 mujeres. Los partidos políticos tradicionales de la derecha y la centroizquierda obtuvieron un pobre resultado, y fueron desplazados principalmente por los independientes, así como por la izquierda integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Sin embargo, no todos los movimientos de protesta social tienen como trasfondo la demanda de una nueva constitución. En realidad, en la mayoría de los países el descontento se origina primordialmente en el hecho de que la ciudadanía considera que hay una falta de respuesta institucional a demandas ciudadanas urgentes, particularmente en los ámbitos económico y social.

En ese sentido cabe resaltar dos iniciativas impulsadas para promover la deliberación y el acuerdo social y político en República Dominicana: el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana y el Consejo Económico y Social. El Foro Permanente, que fue establecido en 2017 por iniciativa de los partidos políticos del país, ha constituido una valiosa herramienta para generar soluciones consensuadas frente a la pandemia, así como para impulsar reformas institucionales y establecer una instancia común de diálogo con la Junta Central Electoral. Por su parte, el Consejo Económico y Social, consagrado en la Constitución política del país como un instrumento de concertación social y un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, es el resultado de procesos de concertación y diálogo nacional celebrados en distintos momentos de la historia del país. La función de ambas iniciativas es complementar los mecanismos de participación y representación ciudadana, lo que ha redundado en una mejora de los índices de participación de la sociedad civil del país.

Al mismo tiempo en que se crean mecanismos para canalizar la protesta social, también es necesario proteger ese derecho. Ello implica que tanto la ciudadanía como las fuerzas del orden deben actuar dentro del marco de la convivencia democrática. La violencia policial y el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas constituyen un signo más del deterioro del Estado de derecho en la región, lo que a su vez mina la confianza que debe existir entre el Estado, sus representantes y la ciudadanía para activar los necesarios procesos de diálogo y de negociación social y política.

En Colombia, por ejemplo, la violencia policial ha causado muertes, lesiones y desapariciones, en especial de personas jóvenes, y ha provocado una escalada general de violencia en la sociedad. Si bien son valiosas las acciones del Gobierno dirigidas a activar un proceso de diálogo con los diversos sectores en discordia, entre ellos la juventud, la situación evidencia los riesgos que conlleva el no contar con instancias de diálogo legítimas y permanentes.

Recuadro 5. Olas de protestas en Colombia en el período 2019-2021

Tres olas de movilizaciones masivas tuvieron lugar en Colombia en los últimos tres años. El 21 de noviembre de 2019 el Comité Nacional de Paro —que agrupa a gremios, sindicatos, organizaciones sociales y campesinos— convocó a un proceso discontinuo de movilización, que se extendió por meses, para rechazar las reformas económicas realizadas por el Presidente Iván Duque Márquez y la no implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A estos temas se sumó la irritación social causada por el incremento de los homicidios de líderes sociales.

Luego de semanas de falta de reacción, el Gobierno modificó su política, ajustó su gabinete y convocó a los manifestantes a participar de una Gran Conversación Nacional para acordar líneas de política pública. Este ejercicio quedó incompleto, ya que fue interrumpido por el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El 9 de septiembre de ese mismo año, luego de un escándalo originado por un homicidio cometido por abuso policial, la ciudadanía regresó a las calles para reclamar una reforma de la policía y ayudas para enfrentar los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Finalmente, el 28 de abril de 2021 se reanudaron las protestas multitudinarias en todo el país para rechazar la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, considerada regresiva e inoportuna por amplios sectores. Desafortunadamente, en las tres olas de protestas se registraron altos niveles de violencia que causaron cerca de un centenar de muertes y provocaron heridas a miles de personas, situación que ha sido repetidamente condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias de protección de los derechos humanos.

7.2 PARTICIPACIÓN ELECTORAL

En las elecciones celebradas durante 2020 y la primera mitad de 2021, años de la pandemia, no se registró una caída automática y generalizada de la participación electoral. El balance regional es mixto: en algunos países la participación electoral disminuyó, en otros se mantuvo (fue ligeramente inferior o superior a la participación promedio de las tres elecciones anteriores), y en un tercer grupo de países aumentó.

El análisis presentado en este informe se concentra en las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021. Por su importancia, se incluye también el referéndum constitucional de Chile de octubre de 2020.

En la figura 8 puede apreciarse el comportamiento mixto de la participación electoral en las elecciones presidenciales que se celebraron en Bolivia, Ecuador, Perú y República Dominicana en el período considerado, en comparación con las tres elecciones anteriores de cada uno de esos países. Tanto en Perú como en República Dominicana se registró una reducción importante de la participación (superior a 10 puntos porcentuales en ambos casos), mientras que en Bolivia y Ecuador la afluencia de votantes se mantuvo cerca del promedio de las tres elecciones anteriores.

Figura 8

En la figura 9 se presentan datos sobre la participación electoral en las elecciones legislativas de algunos países de la región durante el período contemplado (1 de marzo de 2020-30 de junio de 2021). El análisis desagregado de esos datos permite observar diferentes tendencias. En algunos países la participación disminuyó. Los descensos más representativos se registraron en las elecciones de Jamaica y Perú, donde la participación electoral mantuvo la línea descendente de los últimos tres comicios. Por su parte, en Trinidad y Tobago la participación también se redujo en comparación con las tres elecciones celebradas anteriormente en ese país.

Figura 9

En Venezuela, la participación en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 registró una caída de más de 40 puntos porcentuales en comparación con las elecciones de 2015. En este caso la disminución no estuvo mayormente asociada a la pandemia, sino al hecho de que muchos partidos políticos de la oposición no participaron de las elecciones debido a la ausencia de instrumentos para garantizar la integridad de los comicios.

En las elecciones legislativas de Bolivia de octubre de 2020 y en las elecciones legislativas y municipales de El Salvador de febrero de 2021 la participación se mantuvo cerca del promedio de las tres elecciones previas.

En México, por su parte, las elecciones de medio período para renovar la Cámara de Diputados en junio de 2021 registraron la participación más alta alcanzada en dicho país por ese tipo de elecciones intermedias desde 1997. En cambio, en comparación con las elecciones concurrentes —elecciones presidenciales y legislativas que se celebran el mismo día— de 2018 y 2012, respectivamente, la participación fue ligeramente inferior.

En Chile, el plebiscito de octubre de 2020 registró la mayor participación electoral de la historia democrática del país (casi un 51 por ciento) desde que en 2012 se implementaron la inscripción automática y el voto voluntario.

Recuadro 6. Dos décadas de la Carta Democrática Interamericana: logros y desafíos

La adopción de la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2001 constituye el último eslabón de un largo proceso que conllevó la adopción de resoluciones y la celebración de acuerdos regionales con el objetivo de promover y proteger colectivamente la democracia en las Américas.

La Carta Democrática Interamericana representa un cambio de paradigma que privilegia la vigencia de la democracia y de los derechos humanos sobre el principio de no intervención. Su diseño se asienta en cuatro aspectos principales: (a) la democracia es un derecho de los pueblos, y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla; (b) la democracia es el sistema preferido de gobierno; (c) la Carta contiene una enumeración de los elementos esenciales y de los componentes fundamentales de una democracia representativa, y (d) la Carta establece una serie de mecanismos colectivos destinados a prevenir un quiebre del orden democrático o a lograr su restauración en caso de ruptura.

Un balance de sus logros y limitaciones durante estos 20 años arroja un resultado mixto. En lo que respecta a los logros, cabe recordar las asistencias de carácter preventivo brindadas a los gobiernos de turno —a solicitud de estos— frente a las amenazas democráticas que tuvieron lugar en Bolivia (2003, 2005 y 2008), Ecuador (2005 y 2010), Nicaragua (2004 y 2005) y Perú (2004). Además, la Carta Democrática Interamericana fue aplicada en dos casos de ruptura democrática (art. 20), en 2002 en relación con el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez (Venezuela), rápidamente revertido, y en 2009 en relación con el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya (Honduras), cuyo país fue suspendido hasta la elección democrática del nuevo gobierno. En el caso de Nicaragua, si bien ya se inició el proceso aún no se ha logrado la aplicación plena de la Carta Democrática Interamericana pues no se ha logrado reunir dos tercios de los votos de los Estados miembros. También cabe señalar que diversos Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevaron a cabo gestiones, a solicitud de determinados gobiernos, que, si bien no se dieron en el marco estricto de los procedimientos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, tuvieron como objetivo contribuir al fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática y la integridad electoral. A modo de ejemplo cabe mencionar los casos de Guatemala (2009 y 2020), Haití (2010-2011 y 2016) y El Salvador (2021).

Sin embargo, y pese a estos avances y logros, la Carta Democrática Interamericana enfrenta actualmente importantes limitaciones que se han ido agravando con el paso de los años. Como muestran los regímenes autoritarios de Nicolás Maduro (Venezuela) y de Daniel Ortega (Nicaragua), y la deriva autoritaria del Gobierno de Nayib Bukele (El Salvador), la falta de consenso regional ha impedido poner en marcha los mecanismos de la Carta dirigidos a prevenir la alteración del orden constitucional en El Salvador, y en el caso de los dos primeros países no se ha podido evitar la ruptura democrática ni lograr un posterior restablecimiento de la democracia.

Entre las diversas razones que explican esta parálisis sobresalen dos: primero, el alto nivel de compromiso y consenso que existía con respecto a la promoción y la defensa de la democracia ha sufrido un marcado debilitamiento a nivel hemisférico, y se ha tornado cada vez más difícil alcanzar el apoyo de dos tercios de los Estados miembros, que es necesario para activar la Carta Democrática Interamericana. Segundo, en varios países de la región los gobiernos, lejos de ser las víctimas de las agresiones (como originalmente se los concibió), se han convertido en los agresores de la democracia, la división de poderes, la libertad de expresión y el Estado de derecho. Cabe indicar que, por ejemplo, el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana requiere el consentimiento del gobierno afectado para que el Secretario General o el Consejo Permanente de la OEA puedan desplegar medidas de diplomacia preventiva para abordar situaciones caracterizadas por el deterioro del proceso democrático. En un entorno en que los propios gobiernos electos democráticamente son los que con frecuencia atentan contra la institucionalidad democrática, la redacción actual de la Carta Democrática Interamericana limita gravemente su efectividad como mecanismo de protección de la democracia.

Este complejo escenario caracterizado por nuevas y crecientes amenazas exige revisar cuidadosamente y fortalecer la Carta Democrática Interamericana, y facilitar su aplicación mediante un protocolo orientado al logro de cuatro objetivos: (a) definir con mayor precisión el significado del término “alteración del orden constitucional que afecte gravemente [el] orden democrático”, incluido en el artículo 20 de la Carta; (b) autorizar que miembros de los otros poderes (Legislativo y Judicial), e incluso de los organismos electorales que se viesen afectados por conflictos con el Poder Ejecutivo, puedan solicitar (sin el consentimiento del gobierno) una visita del Secretario General o del Consejo Permanente para observar en el terreno la situación política de un país determinado; (c) mejorar la capacidad preventiva y de monitoreo para activar los instrumentos de alerta temprana, y (d) fortalecer los mecanismos diplomáticos, entre ellos los previstos en el artículo 18 de la Carta, que permitan responder de manera oportuna y eficaz para evitar rupturas del orden democrático o bien para restaurarlo. En el estado actual de la democracia en la región complementar estas medidas con la puesta en marcha de grupos de trabajo sobre un país determinado, así como crear una relatoría especial sobre el estado de la democracia, se erigen como requisitos clave para su promoción, defensa y fortalecimiento.

EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA EN CANADÁ

Pese a los desafíos planteados por la pandemia, en 2020 Canadá se mantuvo dentro del 25 por ciento de los países del mundo con mejor desempeño en 14 de los 16 subatributos de la democracia. El Monitor Global del Impacto de la COVID-19 sobre la Democracia y los Derechos Humanos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) no ha detectado acontecimientos preocupantes en Canadá durante desde el inicio de la pandemia en 2020. Sin embargo, debido a un deterioro a largo plazo del atributo control del gobierno, que es uno de los cinco atributos principales de la democracia, Canadá ha pasado a ser considerado un país con una democracia de desempeño medio.

Incluso sin considerar las restricciones que afectaron la actividad del Parlamento como resultado de la pandemia, se observa que Canadá experimentó declives constantes del subatributo parlamento eficaz, que es uno de los tres subatributos del control del gobierno, especialmente en relación con el alto nivel alcanzado por otros indicadores democráticos en el país. La evaluación del subatributo parlamento eficaz realizada por IDEA Internacional muestra un declive ininterrumpido y estadísticamente significativo que comenzó en 2014 y que se produjo desde una posición inicial relativamente alta. El año 2019 fue el primero en que el parlamento de Canadá no obtuvo una puntuación elevada en ese indicador. Como puede observarse en el segundo panel de la figura 1, el declive de dicho indicador se debió en buena parte al experimentado por tres de sus componentes de evaluación: la eficacia de los partidos de oposición y la medida en que el Poder Legislativo cuestiona a los funcionarios experimentaron un drástico declive, y la habilidad del Poder Legislativo para investigar al Ejecutivo experimentó un descenso más gradual.

Algunos de los retrocesos registrados en los últimos cinco años se deben a la resolución incompleta de un gran escándalo que implicó al Partido Liberal —el partido gobernante— en 2019. A principios de ese año la oficina del Primer Ministro fue acusada de haber presionado indebidamente a la Fiscal General, también Ministra de Justicia, para que interviniera con fines políticos en una investigación penal de la firma SNC-Lavalin, una gran empresa internacional de construcción con sede en Quebec. Tras la publicación de las acusaciones el Comité de Justicia de la Cámara de los Comunes celebró una serie de audiencias. Luego, por medio de una votación, el Comité decidió no tomar medidas y derivar el asunto al Comisionado de Ética del Parlamento. Aunque más tarde el Comisionado de Ética dictaminó que las conversaciones del Primer Ministro Trudeau con la Fiscal General habían infringido la ley federal, la ley canadiense no contempla la imposición de sanciones en los casos de este tipo.

En octubre de 2019, tras cuatro años de un gobierno de mayoría del Partido Liberal, se celebraron las elecciones estipuladas por la legislación nacional. En ellas el Partido Liberal liderado por Justin Trudeau resultó reelegido, pero perdió su mayoría en la Cámara de los Comunes al obtener tan solo 157 de un total de 338 escaños. El Partido Conservador siguió siendo el principal partido de oposición, y su representación en la Cámara de los Comunes creció, pues obtuvo 26 nuevos escaños y sumó 121 en total. El sistema electoral canadiense, que consiste en un sistema de mayoría relativa en circunscripciones con un único representante, permite que se produzcan diferencias significativas entre los votos totales obtenidos a nivel nacional y la distribución de los escaños en la Cámara de los Comunes. De hecho, en las elecciones de 2019 el Partido Conservador consiguió más votos a escala nacional que el Partido Liberal. En esas elecciones otro hecho destacable fue la presencia en las papeletas electorales de un nuevo partido populista de derecha, el Partido Popular, cuyo programa de políticas incluía la oposición al multiculturalismo. El Partido Popular no consiguió apoyo suficiente y no obtuvo ningún escaño en la Cámara de los Comunes (solo logró el 1,6 por ciento del voto popular del país). Sin embargo, y pese a algunos antecedentes de populismo de derecha en Canadá —por ejemplo, el Partido Reformista en la década de 1990—, las elecciones de 2019 constituyeron la primera vez en la historia moderna del país en que un partido populista de extrema derecha hizo un intento serio de participar en las elecciones federales. Lo que resulta más preocupante en el actual contexto político y social de Canadá es el auge del extremismo de extrema derecha en Internet y el incremento de los delitos de odio, que incluyen diversos ataques violentos que parecen estar motivados por ideologías racistas.

Figura 1

Pese a estos desafíos Canadá sigue siendo una democracia fuerte. A su vez, el país podría mejorar su desempeño democrático mediante un compromiso renovado con la transparencia y la supervisión eficaz del Poder Ejecutivo. De hecho, la supervisión adquirirá más importancia que nunca, sobre todo en un período en que se han realizado enormes inversiones públicas en nuevos ámbitos, como la adquisición de vacunas y la provisión de asistencia a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Además, los partidos políticos de Canadá tendrán que seguir enfrentando el desafío que representa el aparente incremento de diferentes tipos de apoyo a diversos movimientos de extrema derecha.

EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA EN ESTADOS UNIDOS

Alguna vez considerado un faro de la democracia mundial, Estados Unidos ha experimentado una serie de desafíos y retrocesos evidentes en la calidad de su democracia durante la última década. Y si bien en 2020 este país experimentó mejoras, en el mejor de los casos se puede decir que el panorama general es contradictorio.

Según los índices más recientes de El estado de la democracia en el mundo, que abarcan hasta finales de 2020, Estados Unidos ha recuperado un alto desempeño entre las democracias del mundo gracias a mejoras del atributo de administración imparcial, y en la actualidad forma parte del 25 por ciento de los países del mundo con mejor desempeño en 13 de los 16 subatributos de la democracia. Sin embargo, en lo que respecta a indicadores destacados como los de sufragio inclusivo, parlamento eficaz o derechos sociales e igualdad, Estados Unidos no se sitúa dentro del 25 por ciento de los países del mundo con mejor desempeño. El deterioro que experimentó la calidad de la democracia estadounidense entre 2017 y 2019 fue lo suficientemente importante como para categorizar a Estados Unidos como un país que experimenta un retroceso democrático. En comparación con 2016, el control del gobierno disminuyó un 12 por ciento. Además, declives similares de los indicadores de libertad de expresión y de libertad de asociación y asamblea contribuyeron a clasificar al régimen como una democracia en retroceso.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales fueron seguidas de cerca a consecuencia de las afirmaciones infundadas de fraude electoral (relacionadas principalmente con el aumento, en 2020, de la votación por correo postal como resultado de la actual pandemia) y de la injerencia extranjera registrada durante las elecciones presidenciales de 2016. Si bien los observadores electorales tanto nacionales como internacionales no encontraron pruebas de fraude, los funcionarios electorales estatales de ambos partidos políticos certificaron la credibilidad de los resultados y el propio Consejo de Seguridad Nacional del país destacó que las elecciones de 2020 se habían caracterizado por presentar el grado de integridad más alto de los últimos años, la mayoría de las congresistas y los congresistas republicanos, los oficiales locales del Partido Republicano y el entonces Presidente Donald Trump se negaron a aceptar los resultados oficiales de las elecciones. Un día después de los comicios el Director de la misión de observación electoral enviada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) declaró que las denuncias infundadas de deficiencias sistemáticas, en particular las realizadas por el Presidente en ejercicio incluso durante la noche de las elecciones, menoscababan la confianza del público en las instituciones democráticas. Una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló una serie de desafíos a largo plazo —como el financiamiento de las campañas y la manipulación de los límites de los distritos electorales— que dificultan la celebración de elecciones libres y justas en Estados Unidos, pero calificó de satisfactoria la celebración de las elecciones de 2020. Las falsas acusaciones de fraude —en particular la desinformación en torno a la votación por correo, ampliada debido a la pandemia de la COVID-19— realizadas por el exPresidente y difundidas por varios medios de comunicación comenzaron meses antes de las elecciones. Luego de los comicios se realizaron denuncias infundadas sobre votos ilegales, se difundieron teorías conspiratorias que implicaban a dirigentes extranjeros —incluido el difunto Hugo Chávez— y circularon mentiras sobre la autenticidad de los resultados de las máquinas de votación —únicamente en los estados en que Trump perdió los comicios—, lo que contribuyó a que una amplia (y firme) mayoría de la población estadounidense republicana no creyera en la veracidad de los resultados de las elecciones, incluso meses después de su celebración. La disposición de un partido gobernante a aceptar una derrota electoral constituye una de las piedras angulares de la democracia. El fracaso del Partido Republicano a este respecto proyecta una imagen negativa de la calidad de la democracia de Estados Unidos en 2021 y socava las medidas adoptadas por el país para promover la democracia en el extranjero.

Además, durante el período anterior a las elecciones de 2020 se pusieron de manifiesto problemas persistentes relativos al sufragio inclusivo. Pese a que, según datos del Informe de 2019 de El estado de la democracia en el mundo, este indicador registra un nivel alto en términos generales, persisten las desigualdades y los intentos de restringir el derecho al voto. La Ley de Derecho al Voto de 1965 estableció una serie de medidas para limitar la extendida discriminación racial en las elecciones estadounidenses. Aunque en 2013 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que esas protecciones ya no eran necesarias, la supresión de las comunidades de color continúa, ya que persisten, entre otros problemas, la manipulación de los límites de los distritos electorales y las leyes conocidas como “de coincidencia exacta”, que exigen que el nombre de la persona votante esté registrado exactamente del mismo modo en el censo de votantes y en el documento de identidad. Por ejemplo, en 2018 más de 50.000 votantes de Georgia —principalmente miembros de la comunidad afroamericana— no pudieron ejercer su derecho al voto como resultado de las leyes de coincidencia exacta. Otras medidas de este tipo consisten en eliminar del censo electoral a las personas que no participaron en las últimas elecciones, reducir la cantidad de centros de votación o el número de mesas electorales, y aplicar estrictas leyes en relación con los documentos de identidad. Todas estas medidas han afectado enormemente a las comunidades minoritarias. En las elecciones que se celebraron durante la pandemia de la COVID-19 las comunidades de color se vieron particularmente afectadas: contaron con menos personal en los centros de votación, por lo que para votar debieron experimentar largas esperas en el marco de condiciones sanitarias inseguras. A partir de las elecciones de 2020 se aprobó una serie de nuevas medidas legislativas dirigidas a dificultar el voto, que incluyen restricciones de horarios, lugares y métodos de votación —por ejemplo, la votación por correo— y la aplicación de criterios restrictivos para votar. El Centro Brennan de Justicia de la Universidad de Nueva York comunicó recientemente que en el primer semestre de 2021 un total de 14 estados aprobaron nuevas leyes cuyo efecto es la restricción del acceso al voto.

Pese a las significativas deficiencias del proceso electoral, durante la pandemia el país pudo celebrar las elecciones conforme a lo que estaba programado. La creciente implementación de la votación por correo y del voto anticipado fue clave para mantener una tendencia positiva de la participación electoral, que se incrementó un 7 por ciento en comparación con las elecciones presidenciales de 2016. Más aún, los comicios de 2020 registraron la participación electoral más alta de todas las elecciones federales celebradas en Estados Unidos desde por lo menos 1980. El incremento del uso de métodos alternativos de votación produjo retrasos significativos en el recuento de los votos en algunos estados, pero también se consideró como un factor que contribuyó al aumento de la participación electoral.

Sin embargo, a pesar del triunfo que supone lograr un nivel tan alto de participación electoral durante una pandemia, existen al menos tres problemas estructurales que afectan a las elecciones en Estados Unidos y reducen la posibilidad de que estas representen para la población votante una oportunidad realmente significativa de elegir a sus representantes. El primer problema es la grave manipulación de las circunscripciones electorales que realizan los poderes legislativos estatales de ambos partidos para definir los distritos electorales de tal forma que el partido gobernante a nivel estatal tenga más probabilidades de obtener escaños en el Congreso estadounidense. Ese tipo de manipulación, especialmente cuando se combina con otras ventajas asociadas al poder, disminuye las probabilidades de que los miembros del Congreso estadounidense rindan cuentas, pues se reducen las chances de que pierdan sus escaños.

El segundo problema, que consiste en el aumento de la polarización y en una clasificación geográfica conexa basada en criterios partidistas, puede suponer un obstáculo todavía mayor para la celebración de elecciones verdaderamente competitivas. En cada nuevo ciclo electoral, cada vez es menor el número de escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que son realmente competitivos, y los resultados de diversas investigaciones señalan que ello se debe mucho más a las ventajas de estar en el poder y a la polarización que a la manipulación de los límites de los distritos electorales. Otros investigadores han demostrado que, incluso si se definieran nuevos distritos de manera no partidista, ello solo afectaría de manera marginal las posibilidades de reelección de quienes ocupan el poder, debido a los mayores efectos de la clasificación demográfica y la polarización. La polarización adquiere una incidencia aún más significativa debido a la tendencia al partidismo negativo, por la cual quienes votan eligen con base en su hostilidad hacia el partido contrario y sus dirigentes. La combinación de estos factores puede socavar las bases de una democracia saludable.

El tercer problema es el financiamiento de las campañas. Las elecciones de 2020 fueron las más caras de la historia de Estados Unidos, y en este sentido constituyeron la continuación de una tendencia exacerbada por la sentencia de la Corte Suprema estadounidense en el caso de Citizens United [Ciudadanos Unidos] contra la Comisión de Elecciones Federales, que estableció que los gastos de las campañas electorales deben ser protegidos como parte de la protección de la libertad de expresión. Aunque el desarrollo de la recaudación de fondos en línea incrementó las posibilidades de recaudar dinero a través de pequeñas donaciones individuales(al menos en el caso de algunos candidatos), las grandes sumas invertidas en las elecciones de Estados Unidos siguen siendo los gastos no regulados que realizan los supercomités de acción política. En las elecciones de 2020 el gasto combinado de esos comités y de los comités de acción política híbridos fue de 3.300 millones de dólares.

Los conflictos relacionados con las elecciones de 2020 ilustran desafíos más profundos para la democracia de Estados Unidos. Como puede apreciarse en la figura 2, entre 2015 y 2020 el país experimentó declives en varios de los aspectos clave de la democracia (que son, a su vez, los indicadores clave del retroceso), entre los que se incluyen las libertades civiles, la integridad de los medios de comunicación y el parlamento eficaz. Sin embargo, también es preciso destacar que, con respecto al contexto internacional, Estados Unidos sigue teniendo un desempeño alto en dichos indicadores. Durante el período 2015-2020 el Partido Republicano aparentemente pasó de ser un partido tradicionalmente conservador que defendía la desregulación y el liberalismo económicos a ser un partido menos liberal, compuesto cada vez más por teóricos de la conspiración (como los seguidores de la teoría QAnon), aislacionistas, nativistas y otros movimientos alentados por los agravios de la comunidad blanca. El partido se ha alejado de la democracia como resultado de las siguientes prácticas: (a) la manipulación cada vez más habitual de las circunscripciones electorales, la restricción del voto y la concentración del gobierno en una minoría; (b) el logro de diseñadas y estrechas victorias en el colegio electoral, y (c) la distribución de los escaños en el Senado por estado (en lugar de por población). El partido y sus dirigentes también han contribuido a propagar la desinformación, que comprende desde las mentiras aparentemente inofensivas sobre la cantidad de personas que asistieron a la toma de posesión de Trump en 2016 hasta las más peligrosas y significativas sobre los resultados de las elecciones de 2020, la COVID-19 y el cambio climático. El Partido Demócrata no está exento de imperfecciones. A nivel local el Partido Demócrata muchas veces ha respaldado acuerdos electorales que, tal y como ya se sabía, reducen la participación de los votantes con la esperanza de garantizar una menor oposición a sus programas de políticas. De manera muy similar a lo señalado anteriormente con respecto a los republicanos, los poderes legislativos estatales con mayoría demócrata participan de manipulaciones partidistas de las circunscripciones electorales para garantizar que su partido obtenga más escaños en el poder legislativo estatal y en el Congreso federal.

El papel de los medios tradicionales y de las redes sociales fue clave en los procesos mencionados, y contribuyó a la polarización y la desinformación. Además, Estados Unidos experimentó descensos en el subatributo Integridad de los medios de comunicación entre 2015 y 2020. La introducción por parte del Gobierno de Trump del concepto de “hechos alternativos” plantea una peligrosa amenaza para la democracia del país. La polarización de los medios de comunicación no solo se debe a soluciones y opiniones políticas partidistas, sino también a hechos y pruebas. “La gran mentira” acerca de que a Trump le “robaron” las elecciones —difundida a través de las redes sociales y los noticiarios populares de Fox, OAN y Newsmax— provocó disturbios e incluso podría haber motivado supuestos planes para asesinar a miembros del Congreso y al Vicepresidente mientras certificaban los votos electorales de los estados el 6 de enero de 2021. Además, varios medios de comunicación y nuevas plataformas de redes sociales como Parler (que respalda los movimientos de extrema derecha) han demostrado ser un canal eficaz para introducir teorías conspirativas en la corriente política dominante, que cuenta con el apoyo de funcionarios estatales y congresistas republicanos. Antes y después de las elecciones al menos dos congresistas republicanos apoyaron una amplia teoría conspirativa de extrema derecha, QAnon, que entre otras cosas afirma que Donald Trump desarmó un complot gubernamental (ficticio) orquestado por pedófilos. Aunque esta teoría conspiratoria en particular pierda popularidad, es probable que surjan otras. Estas preocupaciones más recientes se suman a un proceso mucho más largo de concentración de la propiedad de los medios de noticias que tiende a centrar la atención en los temas nacionales a costa de la política local, y que deja el poder sobre las decisiones editoriales en manos de un número cada vez menor de personas. La democracia estadounidense seguirá afrontando dificultades importantes si se mantienen o aumentan los desacuerdos partidistas sobre hechos fundamentales.

Figura 2

En relación con otros países ricos, Estados Unidos hace tiempo que presenta un desempeño deficiente del subatributo derechos sociales e igualdad. El actual descenso de ese indicador comenzó en 2012, pero empeoró después de 2018. En 2017 Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, señaló la persistencia de problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad y el racismo. El contexto social más amplio del desempeño del indicador derechos sociales e igualdad llamó la atención del mundo en 2019 y a principios de 2020, cuando las comunidades de todo el país tomaron las calles para manifestarse contra el racismo sistémico presente en las prácticas policiales, incluidos los asesinatos de personas afroamericanas. El Monitor Global del Impacto de la COVID-19 en la Democracia y los Derechos Humanos de IDEA Internacional catalogó que algunas de las acciones que la policía emprendió contra los manifestantes del movimiento Black Lives Matter a mediados de 2020 como excesivas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron su gran preocupación por el hecho de que “la militarización de la policía en los Estados Unidos no sólo interfiere con el derecho a la reunión pacífica, sino que también limita la capacidad de la prensa para cubrir protestas. Esto fomenta que las fuerzas del orden público perciban a los manifestantes y a los periodistas como beligerantes”, por lo que han solicitado firmemente la desmilitarización y el manejo de las protestas de acuerdo con los estándares internacionales.

También cabe destacar los desafíos que el cambio de gobierno generó en términos del subatributo aplicación predecible de la ley. Este indicador suele experimentar un retroceso luego del cambio de las administraciones gubernamentales, como resultado del deseo de la nueva administración de promover rápidamente su programa de políticas. En este caso, el Gobierno de Trump utilizó los atributos del Poder Ejecutivo para realizar muchos cambios del derecho administrativo de Estados Unidos (en especial, con respecto a la inmigración), mientras que el Gobierno de Biden se inició con la implementación de una serie de órdenes ejecutivas para anular los cambios previos de diversas políticas. El Gobierno de Obama también utilizó una acción ejecutiva para favorecer su programa sobre inmigración. Aunque se ha contribuido a mejorar la vida de muchos inmigrantes en situación irregular, el uso de la acción ejecutiva —en lugar de recurrir a legislaciones del Congreso— genera incertidumbre tanto para la ciudadanía estadounidense como para aquellas personas que residen en el país y no poseen la ciudadanía.

En los últimos años Estados Unidos ha experimentado cada vez más retos en lo que respecta a su capacidad para exigir cuentas al gobierno, como se manifiesta en el desempeño del atributo control del gobierno: aunque el desempeño de la independencia judicial se mantuvo estable a pesar de un proceso de nombramientos judiciales muy partidista, los otros dos subatributos del control del gobierno, es decir, la integridad de los medios de comunicación y el parlamento eficaz, se debilitaron. El descenso del desempeño parlamentario se debió en gran medida al debilitamiento de la supervisión eficaz, que incluye la obstrucción de investigaciones del Congreso, la negativa del Poder Ejecutivo a cooperar con los procedimientos de destitución y la imposibilidad de acceder a información pública. Aunque el desempeño del Congreso experimentó algunas mejoras después de las elecciones intermedias de 2018, el país experimentó un declive general en el período 2015-2020, principalmente debido al control de la Cámara Baja por parte de una minoría.

La democracia en América Latina y el Caribe muestra al mismo tiempo signos de resiliencia y de deterioro. A pesar del carácter fuertemente disruptivo de la pandemia sobre las democracias de la región, estas no sufrieron los graves niveles de deterioro temidos cuando la COVID-19 arribó a la región. Cuando se comparan los efectos de la pandemia sobre la democracia con sus efectos sobre las dimensiones sanitarias, sociales y económicas de los países de la región, se comprueba que la democracia ha desplegado una considerable capacidad de adaptación, innovación y resistencia de varios de sus componentes.

Ninguna democracia se ha perdido en el camino y, a pesar de varios aplazamientos, las elecciones se han celebrado y se ha garantizado la integridad de los comicios gracias a la labor de los órganos electorales. Además, aunque con ciertas limitaciones, los parlamentos y los órganos judiciales han continuado ejerciendo su labor de control, y la ciudadanía, en especial las personas jóvenes y las mujeres, han mantenido una defensa activa de sus derechos y se han movilizado para demandar mejoras de su calidad de vida.

Sin embargo, es necesario evitar balances positivos que podrían ser prematuros. En los últimos dos años las libertades civiles se vieron afectadas por los estados de emergencia que se declararon de manera justificada o arbitraria en los países de la región. Además, la necesidad de adoptar medidas urgentes para contener la pandemia abrió portillos para el aumento de la corrupción, se deterioró el disfrute de los derechos socioeconómicos, y se registraron retrocesos históricos en materia de igualdad de género. Por último, excusándose o no en la pandemia, algunos actores políticos han intensificado sus ataques contra la libertad de expresión y las autoridades electorales y judiciales, y han involucrado indebidamente a las fuerzas armadas en funciones relativas al mantenimiento del orden público.

La democracia en la región, por lo tanto, pareciera estar más preparada para evitar caídas que para mejorar. La mitad de las democracias de América Latina y el Caribe registran signos de erosión, dos tercios se encuentran estancadas en la categoría de desempeño democrático medio y una democracia sigue atravesando un proceso de retroceso democrático (Brasil). Además, poco tiempo antes de que comenzara la pandemia la región ya había perdido cuatro democracias: dos de ellas se convirtieron en regímenes híbridos en proceso de deterioro (Haití y Honduras) y otras dos transitaron gradualmente hacia el autoritarismo (Nicaragua y Venezuela). Los rasgos autoritarios de estos dos últimos regímenes, que se añaden a la experiencia autoritaria de larga data de Cuba, continúan profundizándose.

Si bien aún es muy pronto para hacer predicciones sin reservas y llegar a conclusiones categóricas sobre cómo finalmente impactará la pandemia en las democracias de la región, lo cierto es que su estado actual es vulnerable. A diferencia de los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia que han sido palpables en los últimos dos años, los efectos sobre las instituciones y los procesos democráticos, y sobre el apego ciudadano a los valores y los principios de la democracia, tardarán varios años en manifestarse.

El futuro es poco promisorio. Las proyecciones sugieren que pese al rebote económico de 2021 la región retornará a sus bajas tasas de crecimiento económico previas a la pandemia, que ya generaban descontento entre la ciudadanía. Las tasas de pobreza, pobreza extrema y desigualdad aumentaron en 2020 hasta niveles nunca antes alcanzados durante la última década. La ola de protestas sociales de fines de 2019 evidenció el profundo descontento ciudadano con las élites políticas, a las que la mayoría de la población considera desconectadas de las necesidades de la ciudadanía y enfocadas en defender sus propios intereses y privilegios, y los de unos pocos grupos poderosos. En consecuencia, las instituciones tradicionales de representación —los partidos políticos y los parlamentos— se encuentran sumidos en una profunda crisis de legitimidad y de confianza. Esto, sumado a los elevados niveles de fragmentación y polarización políticas, ha tornado disfuncionales a los mecanismos de toma de decisiones colectivas y de negociación social y política.

Sin embargo, incluso en medio de todos estos desafíos y riesgos, se identifican oportunidades para mejorar el desempeño democrático de los países de la región y evitar un mayor deterioro en los años venideros. La ciudadanía disconforme está también dispuesta a generar transformaciones políticas en las calles y a través de las urnas. En particular se vislumbra una dimensión vital de la democracia en la juventud de la región que, de ser aprovechada y encauzada debidamente, podría convertirse en la principal reserva democrática de la próxima década.

No obstante, no se trata solo de escuchar a la ciudadanía sino también de hacerla protagonista, y para ello hay que repensar los mecanismos de deliberación y participación ciudadana. También se requiere una gobernabilidad efectiva y de mejor calidad que facilite la celebración de acuerdos amplios y la implementación de reformas. Hoy más que nunca el destino de la democracia en América Latina y el Caribe está atado a su capacidad de producir resultados tangibles.

También es necesario proteger y fortalecer las instituciones democráticas. Restablecer la confianza ciudadana es una condición necesaria pero no suficiente para evitar el ascenso de gobiernos populistas y autoritarios en la región. Además es preciso contar con parlamentos, poderes judiciales y órganos electorales independientes y bien financiados; con medios de comunicación confiables e independientes, y con una ciudadanía empoderada que controle y escrute a sus gobernantes. A lo anterior se suma la necesidad de contar con mecanismos regionales de defensa de la democracia eficaces y actualizados. A 20 años de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, sus promesas y sus mecanismos de protección de la democracia resultan insuficientes frente a los numerosos ataques que el Estado de derecho ha sufrido en varios países de la región, y que en algunos casos se ha procurado disfrazar de actos legítimos mediante la manipulación de las instituciones democráticas.

El momento es crítico y los desafíos son mayúsculos. Si bien el trabajo que hay por delante es vasto y complejo, América Latina y el Caribe no puede ser presa de un pesimismo paralizante. Por el contrario, las democracias de la región deben tornarse aún más resilientes, pero también hay que repensarlas en todas sus dimensiones para responder a los viejos y los nuevos desafíos, y para evitar que se agoten las reservas democráticas de la región.

De ahí la necesidad de actuar con urgencia, pero con metas claras. Para ello se presentan a continuación una serie de recomendaciones de política pública que pueden contribuir a esa tarea. En el inicio de una nueva década el escenario no es promisorio para la democracia en América Latina y el Caribe. Sin embargo, donde hay desafíos siempre hay también oportunidades. La capacidad para aprovechar decididamente esas oportunidades puede marcar la diferencia y contribuir a que lo que podría ser una década perdida para la democracia en la región se convierta en una década de aprendizaje, reformas y progreso.

Con el propósito de fortalecer la gobernabilidad democrática, consolidar la función de los Estados en cuanto proveedores de servicios públicos, brindar una respuesta directa a las principales debilidades y amenazas que, según se ha identificado en este informe, afectan a la democracia, y maximizar las oportunidades, se proponen a continuación 10 líneas de acción y 22 recomendaciones específicas.

REGULAR LOS VACÍOS LEGALES DURANTE LOS PERÍODOS DE EMERGENCIA

1. Regular la declaración de estados de emergencia y la suspensión de garantías. Revisar o enmendar los marcos constitucionales y legales que permiten declarar estados de emergencia y suspender garantías, y definir de manera clara los conceptos, los roles de los órganos públicos, y la extensión y el alcance de los poderes de emergencia desde un enfoque democrático y de derechos humanos. Se recomienda iniciar dicha revisión o enmienda en cuanto expiren los estados de emergencia actualmente vigentes, así como revisar o emitir regulaciones que contengan parámetros claros sobre la medida en que puede limitarse el acceso a la información pública en situaciones de emergencia.
2. Regular el aplazamiento de elecciones en tiempos de emergencia. Actualizar o emitir legislación que detalle las razones por las cuales dicho aplazamiento puede decretarse, los criterios técnicos que deben considerarse y los procedimientos que deben seguirse. Los procedimientos deben ser flexibles, inclusivos y transparentes, y la decisión de aplazar un proceso electoral debe ir siempre acompañada de la definición de una nueva fecha para los comicios y de la existencia de garantías que protejan el ejercicio de los derechos políticos. En caso de ser posible, se recomienda realizar esta actualización antes del próximo proceso electoral programado.
3. Regular el funcionamiento de los parlamentos en tiempos de emergencia. Actualizar o emitir regulaciones sobre las modalidades contempladas para que los parlamentos y sus comisiones sigan celebrando sesiones en situaciones de emergencia. Las regulaciones deben procurar que en las sesiones se respeten los principios de transparencia, pluralidad y deliberación democrática, y que se mantengan abiertos los canales de información y de comunicación con la ciudadanía y los medios.
4. Controlar los presupuestos y los fondos públicos en situaciones de emergencia. Revisar o emitir legislación sobre la activación de mecanismos especiales de supervisión de presupuestos y de fondos de emergencia, a ser implementados por los parlamentos en coordinación con las entidades nacionales de control. Se recomienda hacer dicha revisión apenas concluyan los actuales estados de emergencia.

   PREVENIR Y MITIGAR EL DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES POLARIZADOS Y CONVULSOS

5. Negociar códigos de conducta para los procesos electorales. Establecer códigos consensuados entre partidos, medios de comunicación y plataformas de redes sociales para reducir la polarización, desalentar los ataques y evitar la divulgación de noticias falsas o de información desleal. Se recomienda acordar y definir dichos códigos para cada proceso electoral bajo la guía y la vigilancia de las autoridades electorales, y con la participación de la sociedad civil y la academia. Argentina, México y Panamá, entre otros países, han implementado distintos modelos de ese tipo de códigos. A este respecto, el código de conducta negociado en Holanda bajo el liderazgo de IDEA Internacional constituye una guía valiosa.
6. Incluir a los órganos y las autoridades electorales en las relatorías especiales (regionales e internacionales) que ya existen para la protección de la independencia judicial, o bien crear mecanismos ad hoc.Estas medidas podrían ser complementadas mediante protocolos que contengan mecanismos efectivos de monitoreo para identificar y cuantificar la gravedad y el alcance de aquellas acciones de los poderes políticos que pongan en entredicho la imparcialidad de los órganos electorales, o supongan amenazas en contra de la institucionalidad o la integridad de sus funcionarios y funcionarias.

   IMPLEMENTAR SISTEMAS ALTERNATIVOS DE VOTACIÓN

7. Implementar métodos especiales de votación para garantizar la seguridad pública. Se recomienda que los órganos electorales de la región evalúen los beneficios y los riesgos de implementar mecanismos especiales de votación tales como el voto postal, el voto anticipado, la urna móvil, el voto por poder y el voto electrónico.

   PROTEGER LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

8. Implementar mecanismos de observación y enmienda para proteger las libertades de expresión y de prensa. Establecer o fortalecer sistemas de monitoreo, protección y enmienda que permitan identificar y cuantificar la extensión y el alcance de posibles vulneraciones de dichas libertades. Se recomienda contar con la colaboración de asociaciones profesionales y organizaciones académicas.

   PREVENIR EL USO INDEBIDO DE LAS FUERZAS ARMADAS

9. Mantener a las fuerzas de defensa y de seguridad pública bajo mando civil. Revisar o modificar lo más pronto posible las regulaciones que garantizan que los cuerpos especializados de seguridad pública estén subordinados al poder civil y no al militar.
10. Revisar o emitir legislación que regule con claridad el rol de las fuerzas armadas, evitando asignarles tareas de mantenimiento del orden público. Establecer límites claros de la función de las fuerzas armadas y garantizar su obediencia a los mandos civiles, con estricto apego al Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos.

    PROTEGER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

11. Establecer mecanismos de observación y enmienda que fortalezcan la independencia del Poder Judicial, y garanticen la transparencia del nombramiento de sus autoridades y la estabilidad de su funcionariado. Estas acciones deben ser complementadas y coordinadas con la labor de los mecanismos o las relatorías (regionales e internacionales) existentes en materia de independencia judicial.

    PREVENIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

12. Controlar el financiamiento político. Se recomienda realizar un mayor control del financiamiento privado por medio de diversas acciones, a saber: (a) distribuir subsidios escalonados a lo largo del ciclo electoral que se dirijan parcialmente a la investigación y la capacitación de los miembros de los partidos; (b) establecer mecanismos de rendición de cuentas del manejo financiero de partidos y candidatos, y (c) aplicar un sistema gradual de sanciones para las personas responsables de la dirección financiera de los partidos políticos que incumplan de alguna manera la legislación vigente.
13. Digitalizar los sistemas de compra, de contrataciones públicas y de prestación de servicios públicos. Prevenir sobornos y sobreprecios mediante sistemas digitales que garanticen la transparencia de las transacciones y permitan controlar las diferentes etapas de los procesos de compra y contratación de bienes y servicios públicos.
14. Formalizar procedimientos de tamizaje y verificación de candidaturas. Actualizar o crear legislación, regulaciones o protocolos que exijan que los partidos políticos sean diligentes a la hora de revisar los antecedentes éticos de los candidatos y las candidatas a puestos de elección popular. Establecer también la obligación legal de los partidos de exigir a sus aspirantes la presentación de antecedentes, definir sanciones en caso de que se suministre información falsa, y establecer la obligación de los partidos políticos de garantizar que la información sobre sus candidatos y candidatas sea de acceso público.

    PROMOVER LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA

15. Incrementar la participación política de las mujeres, las personas jóvenes, las minorías étnicas, la población LGBTI y las personas con discapacidad. Emitir legislación que garantice la paridad de género y la inclusión y representación de la diversidad social en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. Garantizar también la paridad de género en los encabezamientos de las listas electorales e implementar mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de dicha legislación.
16. Garantizar y regular el financiamiento de la participación política de las mujeres. Promulgar legislación que asegure el acceso de las mujeres a financiamiento político, público y privado, para garantizar que dicho financiamiento no represente un obstáculo para la plena participación de las mujeres en la política.
17. Combatir la violencia política contra las mujeres. Emitir legislación que reconozca el término “violencia política” y que cuente con sistemas efectivos de monitoreo y de sanción.
18. Implementar programas públicos gratuitos de cuidado de personas. Implementar programas de este tipo para promover la inserción laboral y la autonomía económica de las mujeres y su participación en espacios económicos, políticos y de activismo ciudadano. Si bien el desarrollo de estos programas es multisectorial, se recomienda que las autoridades electorales los incluyan entre sus prioridades para contribuir a aumentar la participación política de las mujeres. A corto plazo se recomienda su inclusión en los programas dirigidos a impulsar el empoderamiento político de las mujeres.

    PROMOVER ESPACIOS Y MECANISMOS PARA EL DIÁLOGO POLÍTICO Y SOCIAL

19. Establecer o reactivar consejos económicos y sociales a nivel nacional y subnacional como mecanismos para promover el diálogo y la negociación entre diversos sectores de la sociedad. Se recomienda que dichos consejos sean institucionalizados por ley o enmienda constitucional, con el fin de que su conformación y su funcionamiento sean periódicos e ininterrumpidos. También se recomienda identificar los países donde estos consejos funcionan exitosamente y promover iniciativas de cooperación. En los casos en que este tipo de consejos no estén contemplados en leyes o disposiciones constitucionales, se recomienda establecer su conformación vía decreto lo antes posible.
20. Establecer foros permanentes de concertación entre partidos políticos para discutir propuestas de políticas públicas y de reforma institucional (que contemplen también la regulación de los procesos electorales). Dichos foros deben procurar el logro de los siguientes objetivos: (a) complementar los espacios formales de toma de decisiones para articular e impulsar propuestas de interés común entre diversas fuerzas políticas; (b) establecer vías comunes de diálogo con otros órganos del Estado, y (c) reducir la polarización. Se recomienda estudiar el caso del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana y promover las acciones necesarias para replicar dicho foro lo más pronto posible en otros países de la región.
21. Desarrollar programas de liderazgo democrático. Potenciar la capacidad y el trabajo de las escuelas y los centros de administración y las políticas públicas existentes en la región mediante programas de formación en liderazgo y gobernabilidad democrática. Además de promover el apego a la democracia y a sus principios, estos programas deben procurar reducir la polarización política, contribuir a mejorar la calidad del debate público, crear espacios formales e informales de interacción entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, y articular propuestas conjuntas de reforma socioeconómica e institucional. Las autoridades electorales, las universidades y los partidos políticos deben desempeñar un papel central en el liderazgo de dichas acciones.

    FORTALECER LOS MECANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS

22. Complementar o reforzar los mecanismos nacionales de protección de la democracia y de los derechos humanos mediante las instancias regionales e internacionales vigentes. Alinear los marcos jurídico-institucionales nacionales con las prácticas y las obligaciones internacionales voluntariamente asumidas por los Estados de la región. Evaluar la conveniencia (ventajas y riesgos) de revisar la Carta Democrática Interamericana para adecuarla a las amenazas que actualmente enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe, y crear una relatoría especial sobre el estado de la democracia en la región que presente informes periódicos sobre el estado de situación y el grado de cumplimiento de la Carta por parte de los diferentes actores de los Estados miembros, en colaboración con la sociedad civil y otras relatorías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1. IDEA Internacional, El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019: Confrontar los desafíos, revivir la promesa (Estocolmo: IDEA Internacional, 2019), <https://doi.org/10.31752/idea.2019.32>.
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28. Pisanu, G. y R. Rodríguez, “Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua: la opresión se traslada al mundo en línea”, Access Now (30 de septiembre de 2020), <https://www.accessnow.org/ley-especial-de-ciberdelitos-en-nicaragua-opresion-en-linea/>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
29. Porter, C. y M. Santora, “‘Busquemos la armonía’: el mensaje del primer ministro interino de Haití a una nación conmocionada por el asesinato del presidente”, The New York Times (7 de julio de 2021), <https://www.nytimes.com/es/2021/07/07/espanol/asesinato-presidente-haiti.html>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
30. Gullino, D., “Bolsonaro ataca presidente do TSE por posição contrária ao voto impresso: ‘só o Barroso está certo?’” [Brasil: Bolsonaro ataca al presidente del TSE por su posición contraria al voto impreso: ¿solo Barroso tiene razón?], O’Globo (2 de agosto de 2021), <https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-ataca-presidente-do-tse-por-posicao-contraria-ao-voto-impresso-so-barroso-esta-certo-1-25137106>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
31. Arciniegas, Y., “Nicaragua: órgano electoral bloquea participación de coalición opositora en los próximos comicios”, France 24 (19 de mayo de 2021), <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210519-ortega-nicaragua-elecciones-oposicion-bloqueo>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
32. Latinobarómetro, Informe 2018 (Santiago: Corporación Latinobarómetro, 2018), <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
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34. De acuerdo con el politólogo Manuel Alcántara Sáez, el número efectivo de partidos se incrementó en 11 de 17 países de la región, lo que demuestra el aumento de la fragmentación del sistema de partidos políticos (véase M. Alcántara Sáez, “Los partidos y la fatiga de la democracia: especial referencia al caso de América Latina”, Revista Latinoamericana de Política Comparada, 15 (julio de 2019), págs. 11-30, <http://politicacomparada.com/los-partidos-y-la-fatiga-de-la-democracia-especial-referencia-al-caso-de-america-latina/>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021).
35. Unión Interparlamentaria (UIP), Global and regional averages of women in national parliaments [Promedios globales y regionales de mujeres en parlamentos nacionales] (1 de abril de 2021), <https://data.ipu.org/women-averages?month=4&year=2021>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
36. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, “Poder legislativo: porcentaje de escaños ocupados en los parlamentos nacionales” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, 2 de agosto de 2021), <https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-ocupados-parlamentos-nacionales>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
37. SDG Indicators, United Nations Global SDG Database (17 de julio de 2021), <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
38. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe: Panorama regional y aportes a la CSW65 (Panamá: ONU Mujeres, febrero de 2021), <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/02/consulta%20regional%20alc%20csw65%20(1).pdf?la=es&vs=2735>, fecha de consulta: 25 de junio de 2021.
39. Ibid.
40. Oviedo, E., “Mujeres logran su máxima participación de la historia en la Asamblea Legislativa”, La Nación (8 de febrero de 2018), <https://www.nacion.com/el-pais/politica/mujeres-logran-su-maxima-participacion-de-la/BDLWJYHWWRBGBEUY6S6DRXLUFI/story/>, fecha de consulta: 25 de junio de 2021; Campos, M., “Luego de 200 años, dos mujeres logran presidir el Congreso en un mismo periodo”, La Nación (1 de mayo de 2021), <https://www.nacion.com/el-pais/politica/luego-de-200-anos-dos-mujeres-logran-presidir-el/N772TRUXAFEQLF3CLW72D3UH3M/story/>, fecha de consulta: 25 de junio de 2021.
41. Paúl, F., “Elecciones en Chile: ‘El problema de la subrepresentación de las mujeres no era cultural, sino un tapón de los partidos políticos que bloqueaban su ingreso’”, BBC News Mundo (19 de mayo de 2021), <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57170732>, fecha de consulta: 25 de junio de 2021.
42. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe: Panorama regional y aportes a la CSW65 (Panamá: ONU Mujeres, febrero de 2021), <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/02/consulta%20regional%20alc%20csw65%20(1).pdf?la=es&vs=2735>, fecha de consulta: 25 de junio de 2021.
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47. IDEA Internacional, Global Monitor of COVID-19´s Impact on Democracy and Human Rights [Monitor Global del Impacto de la COVID-19 sobre la Democracia y los Derechos Humanos] (2021), <https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
48. Ibid.
49. Ibid.
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70. Ibid.
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73. Ibid.
74. Ibid.
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112. Ibid.
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115. Ibid.
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118. El Día, “FOPPPREDOM se compromete con la JCE a trabajar para fortalecer la democracia y el sistema de partidos” (25 de febrero de 2021), <https://eldia.com.do/fopppredom-se-compromete-con-la-jce-a-trabajar-para-fortalecer-la-democracia-y-el-sistema-de-partidos/>, fecha de consulta: 24 de junio de 2021.
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121. Semana, “¿Duque está escuchando a los jóvenes?: la respuesta del consejero presidencial de juventudes” (26 de mayo de 2021), <https://www.semana.com/nacion/articulo/duque-esta-escuchando-a-los-jovenes-la-respuesta-del-consejero-presidencial-de-juventudes/202150/>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
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124. Servicio Electoral de Chile (SERVEL), “Plebiscito Nacional 2020 fue la mayor votación de la historia de Chile” (s. d.), <https://www.plebiscitonacional2020.cl/plebiscito-nacional-2020-fue-la-mayor-votacion-de-la-historia-de-chile/>, fecha de consulta: 3 de septiembre de 2021.
125. Las elecciones federales más recientes tuvieron lugar el 20 de septiembre de 2021. No se trató de elecciones establecidas por la ley, sino que las convocó el Primer Ministro Trudeau. Este informe se publicó antes de que se dieran a conocer los resultados de esas elecciones.
126. Brean, J., “All-time low share of popular vote is enough for Liberals to win power” [El porcentaje del voto popular más bajo de la historia le basta al Partido Liberal para ganar las elecciones], National Post (22 de octubre de 2019), <https://nationalpost.com/news/politics/election-2019/canadian-federal-election-2019-liberals-justin-trudeau-win>, fecha de consulta: 4 de agosto de 2021.
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