Explicamos: El impacto del ‘Plan B’ en las elecciones mexicanas 

El 26 de febrero, cientos de miles de mexicanas y mexicanos se reunieron en al menos 80 ciudades (en el país y el extranjero) para protestar la reforma electoral denominada “Plan B”, recientemente aprobada por el Senado, argumentando un ataque frontal al Instituto Nacional Electoral (INE) y la democracia. Esto incluyó la participación en una “megamarcha” en el zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más grande del país, rebasando por mucho su capacidad de 200,000 personas.  

¿Qué es el INE? ¿Es necesario reformarlo? ¿De qué trata el Plan B? Para entender mejor su impacto en la democracia mexicana y sus instituciones electorales, estas y otras preguntas ameritan una mirada más cercana.  

¿Qué es el INE? 

El Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) fue creado en 1990 para otorgar certeza a los procesos electorales en México, hasta entonces controlados y organizados por el gobierno. Ello ocurrió como consecuencia de la cuestionada elección presidencial de 1988, donde muchos argumentaron un fraude que llevó una vez más al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia. A través de sucesivas reformas electorales, se fue otorgando autonomía al Instituto, hasta que en 1996 se eliminó la participación de la Secretaría de Gobernación y sólo las y los Consejeros Electorales (y ya no el gobierno) tuvieron voz y voto en el Consejo General, y por lo tanto poder de decisión dentro del Instituto.  

Como consecuencia de esta autonomía, y como podemos ver en la gráfica a continuación, con datos de los Índices del Estado Global de la Democracia, desde la creación del INE el puntaje de México en el indicador “Elecciones Limpias” ha aumentado significativamente (por encima de la media regional y global). Dicho indicador refleja aspectos como la autonomía y capacidad del órgano electoral y el nivel de competencia electoral. 

Gráfica 1. Elecciones limpias en México, América y el mundo, 1975-2021 

Fuente: Índices del Estado Global de la Democracia, IDEA Internacional

¿De qué trata el Plan B? 

El recientemente aprobado Plan B incluye modificaciones alrededor de cuatro temas fundamentales: ejercicio de derechos político-electorales; equidad y regulación de la contienda; cambios a la estructura y funciones del INE; y rediseño de la justicia electoral. Entre estos, podemos encontrar aciertos como facilitar el voto de personas con discapacidad y de residentes en el extranjero (aunque con la necesidad de garantizar la seguridad en el listado de electores); garantizar el voto de personas en prisión preventiva, la simplificación del número de medios de impugnación en materia electoral y la implementación del juicio en línea. (En este espacio analizaremos sólo aquellos cambios con impacto directo en el INE, cuya defensa fue la parte toral de las protestas  del mes pasado.)  

El Plan B reduce la estructura del INE así como sus facultades de regulación y sanción. En cuanto a su estructura, se reducen el número de Comisiones, Direcciones y Unidades Técnicas de la institución, en ocasiones fusionando algunas con funciones diferentes, lo que puede dificultar la gestión interna del instituto. El principal recorte a la estructura tiene que ver con sus órganos desconcentrados, reduciendo la estructura de sus 32 Juntas Locales y de sus 300 juntas distritales, que ahora pasan a ser oficinas auxiliares. Estas son las bases que a lo largo y ancho del país permiten la instalación de casillas (centros de votación), la capacitación de ciudadanos, la educación cívica, la actualización del registro electoral y el cómputo de resultados. Desde la óptica de administración electoral, preocupa que se tenga menor personal para cumplir las mismas funciones esenciales para lograr elecciones profesionales. 

Las leyes electorales en México incluyen disposiciones para nivelar el terreno de juego entre partidos políticos, y entre partidos políticos y gobierno. Así, para asegurar que haya competencia: se otorga financiamiento público a partidos, se fiscaliza el uso de recursos ordinarios y en campaña, se brinda acceso gratuito a radio y televisión, y se establecen límites a la propaganda gubernamental y al uso de recursos públicos. El Plan B también reduce algunas facultades de regulación y sanción del INE directamente relacionadas con la equidad de la contienda electoral. 

¿Qué motivó el Plan B?  

Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado una “austeridad republicana” que, entre otras cosas, implica reducir costos en la administración pública y otros órganos del Estado, incluido el INE. Esto incluyó una nueva Ley de Salarios que entre otras disposiciones incluía que ningún funcionario público podría ganar más que el presidente de la República. Aunado a estas medidas, las tensiones con el INE han aumentado, llegando en ocasiones a acusaciones de “corrupción” del INE desde el Poder Ejecutivo. Es en este contexto que el partido gobernante planteó una reforma constitucional con el objetivo de “quitar el INE a corruptos y oligarcas”. En contraste, miembros de la sociedad civil, especialistas en la materia y la oposición catalogaron esta iniciativa de reforma como regresiva, al buscar reducir las condiciones de competencia electoral y desmantelar la autonomía del INE. 

¿Qué pasó con la reforma constitucional? 

Dicha reforma constitucional en materia electoral fue propuesta a finales del 2022. Sin embargo, esta reforma fue rechazada en la Cámara de Diputados al no conseguir una mayoría calificada de dos terceras partes. En respuesta, el partido gobernante y sus aliados optaron por el “Plan B” descrito, que con cambios a leyes secundarias buscaría acercarse a cumplir el plan original. Estos cambios fueron aprobados con mayor facilidad al sólo requerir una mayoría simple, que el partido en el poder sí reunía. Así, entre otras cosas, el Plan B modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, La Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Comunicación Social. Esta es la primera reforma electoral desde 1977 que se aprueba sin el consenso de todas las fuerzas políticas. 

¿Es necesario reformar al INE? 

Si bien el INE es un órgano sólido y profesional y con reconocimiento regional e internacional, existen posibles áreas de reforma. Una reflexión general tiene que ver con la necesidad de descargar al Instituto de ciertas funciones.  A través de muchas reformas electorales (1990, 1993, 1994, 1996, 2003, 2005, 2007 y 2014) el INE ha ido adquiriendo un número creciente de funciones. Un ejemplo es la reforma 2007-08 que otorgó al instituto 53 nuevas atribuciones en áreas como acceso de partidos a radio y televisión, fiscalización y recuentos. Hoy, el INE es de los órganos electorales con mayores competencias en el mundo. Aligerar la carga del Instituto es una buena opción, especialmente en áreas no directamente relacionadas con la organización de elecciones. 

Sin embargo, la reducción de funciones no debe ir acompañada de una reducción de capacidad o de profesionalismo, por lo que el legislador debe ser preciso y siempre tener presente la importancia de la integridad electoral, entendida como el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, durante todo el ciclo electoral (Es decir antes, durante y después de la jornada electoral). 

¿Qué sigue? 

La aprobación del Plan B por el Senado de la República y su entrada en vigor el 3 de marzo surtió efectos inmediatos en el INE con despidos y recortes. El primero consiste en la salida del Secretario Ejecutivo, quien representa legalmente al instituto, actúa como secretario del Consejo General, y coordina la Junta General Ejecutiva, principal órgano ejecutivo del INE (y que también desaparecerá con la reforma).    

Con ello también han iniciado las impugnaciones legales y constitucionales. El 1 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional promovida por el INE, quien considera se vulneran sus funciones e independencia. Asimismo, se recibieron las primeras impugnaciones por la remoción del Secretario Ejecutivo, (y en una de ellas un tribunal federal ordenó su restitución, en virtud de que su designación se había hecho para el periodo 2020 y 2026, que debe garantizarse, además de no advertirse una razón por la que el cambio de facultades justifique terminar anticipadamente con ese nombramiento). Se prevé que otras autoridades, poderes y partidos presentarán controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad adicionales. Así, el futuro del plan B y del INE están en manos de la Corte, que deberá resolver antes de este 2 de junio, tres meses previos al inicio del proceso electoral 2023-24.